Por: El Venezolano Colombia | Estoy en la frontera
Dulce Victoria Romero Ramírez tiene 44 años y hasta la semana pasada ofrecía sus servicios de limpieza doméstica en Cúcuta. La migrante venezolana está angustiada, pues por la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno colombiano, no ha podido generar más ingresos para su familia.
Desde el viernes 20 de marzo no sale de su casa. Aseguró que la poca comida que tenía, ya se le acabó. Tiene miedo e incertidumbre pues no cuenta con medios para subsistir los próximos 18 días que restan para que culmine el aislamiento en el país.
«Vivimos en el barrio Sevilla y nos están sacando del arriendo porque no hemos podido pagarlo. Somos cinco en casa y solo hacemos una comida al día porque no tenemos para más», dijo, con un tajo de tristeza.
El caso de esta migrante es uno de al menos 100 testimonios que en los últimos seis días ha recibido esta plataforma informativa por su línea de WhatsApp (317-6424262) y su correo electrónico (estoyenlafrontera@laopinion.com.co). Todos, no solo de Cúcuta, sino de ciudades colombianas como Ocaña, Bucaramanga, Bogotá, Medellín y Cali, manifiestan sentirse preocupados, angustiados y con mucho miedo porque no tienen medios para cubrir alimentación, arriendo ni servicios. Temen quedarse sin techo ni comida.
Alejandro González es otro migrante que trabajaba como mesonero en un restaurante y ganaba 30 mil pesos diarios. Sin embargo, con las medidas implementadas para prevenir la propagación del COVID-19, sus jefes lo enviaron a casa. «No tengo recursos para pagar el arriendo ni para enviar remesas a Venezuela. Estoy desesperado porque yo vivo del día a día», confesó.
Les atemoriza no saber si hay ayudas para población vulnerable migrante ni encontrar una solución temporal que les permita retomar sus trabajos y volver a generar ingresos diarios.
A ellos se suma Linnys Cova, quien está en Ocaña acatando los ordenamientos establecidos de aislamiento. «No contamos con recursos para adquirir alimentos. Son muchas familias y no sabemos qué hacer».
Panorama crítico
Cúcuta es la ciudad con la más alta tasa de informalidad en Colombia. Un 78,3% de la población en edad productiva trabaja sin ningún sistema de seguridad social, debido a la escasez de plazas de empleo formales. Los migrantes se han debido sumar a esta dinámica para subsistir.
La capital nortesantanereana registra una población de 105 mil migrantes, según el último informe de Migración Colombia, a diciembre de 2019. Se estima que al menos un 80% se dedica a la economía informal, desarrollando labores en ventas ambulantes, quioscos, obras de construcción, arte callejero, peluquería y restaurantes.
Desde el pasado 25 de marzo, algunas entidades de cooperación internacional notificaron la suspensión temporal de sus programas para la población migrante, refugiada, retornada y de acogida en condición de vulnerabilidad, lo que empeora el panorama para miles de migrantes que requieren asistencia social.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, cuyos programas se enfocan en atención a través de comedores, bonos (cupones), kits de alimentos para caminantes, así como comidas escolares de emergencia, en 17 de los 40 municipios de Norte de Santander, suspendió temporalmente sus labores.
Además, la Diócesis de Cúcuta, siguiendo las recomendaciones de prevención, decidió cerrar temporalmente las puertas de sus comedores a migrantes y colombianos en condición de vulnerabilidad; entre ellos el comedor Divina Providencia, que en La Parada, entregaba 6.000 almuerzos diarios.
Otras organizaciones como casas de paso y refugios también debieron cerrar sus puertas de manera temporal. La fundación Nueva Ilusión, en Los Patios, apoyada por World Central Kitchen, trabaja a puerta cerrada en la preparación diaria de más de 700 almuerzos, que entrega en envases para llevar a familias migrantes y retornadas.
Su directora Patricia Salguero explicó que la grave situación que están viviendo los migrantes ha provocado que muchos de ellos se estén quedando sin un techo donde dormir.
«Madres cabeza de familia, con dos o tres hijos y que se dedicaban a la venta de café y donas, han sido sacadas de los lugares donde habitaban por no tener cómo pagar el arriendo diario», alertó.
Hizo un llamado a la solidaridad y exhortó a entidades como Cancillería y Gestión del Riesgo a «que nos puedan colaborar con un transporte para entregar las comidas en los domicilios; porque queremos contener la propagación del coronavirus y cuidar a nuestros voluntarios».
Por otro lado, con el cierre de los pasos fronterizos el pasado 20 de marzo y que se prolongará hasta el venidero 30 de mayo; los migrantes tampoco pueden devolverse a sus ciudades de origen, agudizando todavía más la situación.
«Quiero regresarme a Valencia porque ya no tengo forma de pagar el arriendo de abril. Prefiero entregar la pieza en la que vivo antes que quedarle mal al dueño», contó Zulangel Vera, de 25 años, quien se desempeña como manicurista en una peluquería del centro de Cúcuta.
Gobierno colombiano, sin pronunciamientos oficiales
En el marco de esta pandemia mundial, las autoridades regionales, departamentales y nacionales no han anunciado todavía ninguna medida que acobije a esta población, que en Colombia supera las 2 millones.
Este miércoles, el gobierno anunció ayudas adicionales de unos 160 mil pesos a unas 3 millones de familias colombianas vulnerables y que no están inscritas en los programas sociales del estado. En esta alocución, el presidente Iván Duque no mencionó a los migrantes venezolanos.
En tanto, la representación diplomática de Venezuela en Colombia, al frente del embajador Juan Pablo Guanipa, manifestó en un comunicado que «no contamos con los recursos económicos ni materiales para dar atención a esta crisis», resaltando que están trabajando coordinados con voluntariado, múltiples organizaciones no gubernamentales e instituciones del estado colombiano «para ayudar a nuestros connacionales en estos duros momentos».
En su página web www.embajadavenezuela.org habilitaron un registro de vulnerabilidad para identificar a los migrantes que se encuentran en situación vulnerable.
Enfatizaron que este censo «no garantiza una ayuda, solo sirve para poder conectar a los registrados con posibles ayudas».
En Cúcuta, algunas iniciativas ciudadanas se han movilizado para captar donaciones de alimentos e implementos de higiene para población necesitada en la que se incluiría adultos mayores, madres cabezas de hogar y familias mixtas (colombianas y venezolanas).
Si bien no se observan soluciones concretas para los migrantes en la región, expertos aconsejan generar una visión unificada de la población vulnerable; que contribuiría a reducir los niveles de xenofobia en el país y a amparar a estos ciudadanos en medio de esta pandemia que no discrimina condición social ni nacionalidad.
