Entre los últimos asesinatos de mujeres que se han reportado en la ciudad está el de una mujer colombo venezolana de 28 años que murió el pasado sábado, tras recibir varios disparos cuando estaba en un vehículo acompañada de dos niñas. Este no es el único caso de homicidios contra venezolanas que se han registrado en Medellín en los últimos años.
La situación es vista con preocupación por organizaciones que tienen reportes de distintas vulneraciones a los derechos de la población femenina que llega desde el vecino país y que, según datos de Migración Colombia, corresponde a la mitad del total de migrantes, con el 48 por ciento.
Por ello, ocho instituciones nacionales e internacionales se unieron para crear una subcomisión adscrita al consejo de seguridad pública para las mujeres, que es la primera del país y busca atender específicamente casos de venezolanas que se ven sometidas a vulneraciones en Medellín, la cuarta ciudad que más migrantes recibe en Colombia.
CREANDO ENFOQUE DIFERENCIAL DE GÉNERO QUE SE CONVIERTA EN POLÍTICA PÚBLICA
La idea es que haya enfoque diferencial de género en la atención a la población migrante, para lo cual buscan que se convierta en una política pública.
Antes de instalar la subcomisión, se empezó una caracterización de mujeres venezolanas que ha arrojado aspectos preocupantes. Según Juliet Gómez, directora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer, los hallazgos indican que ellas empiezan a ver violentados sus derechos desde que salen de su país de origen. En el trayecto, una mujer puede ser víctima de abuso sexual en varias ocasiones o, incluso, las obligan a vender su cabello a precios irrisorios.
Pero, cuando llegan a Medellín la situación también es compleja, especialmente por la existencia de grupos armados organizados que ejercen control territorial. Gómez indicó que aspectos como el pago de las llamadas vacunas a estas estructuras las pone en riesgo: “Muchas no pagan, no entienden, creen que es algo que se puede manejar”.
Adicionalmente, no conocen la geografía ni la composición social de la ciudad, como tampoco las instituciones y sus competencias, lo que las pone en un estado más alto de vulnerabilidad, de acuerdo con la directora, quien añadió que muchas de ellas terminan ejerciendo la prostitución y que ello también ha generado problemas.
“Desde la Defensoría del Pueblo han identificado que a diario se presentan hasta siete riñas entre mujeres en ejercicio de prostitución venezolanas y las locales porque las primeras cobran menos. Esto ha llevado a que las expulsen o las desplacen”, contó Gómez.
LAS MIGRANTES TAMBIÉN DEBEN SORTEAR CON LA XENOFOBIA
Con base en la caracterización que están haciendo las instituciones, se concluyó que las migrantes también deben sortear con xenofobia, estigmatización, falta de documentación regular, ausencia de redes de protección, inexistencia del mínimo vital, cambio de roles dentro del núcleo familiar y otros problemas relacionados con salud, educación o vivienda digna.
Desde la Defensoría del Pueblo han identificado que a diario se presentan hasta siete riñas entre mujeres en ejercicio de prostitución venezolanas y las locales porque las primeras cobran menos
“Asimismo, se acentúan los riesgos particulares asociados a las violencias basadas en el género y la discriminación, como la violencia intrafamiliar y documental, la sexualización de la oferta laboral, la explotación sexual comercial, el feminicidio, la trata de personas, el sexo por supervivencia, la falta de acceso a salud sexual y reproductiva, a métodos de planificación familiar, etcétera”, indicó un reporte entregado por las organizaciones vinculadas al proyecto.
Es que la violencia no se queda en los espacios públicos. Dentro de los hogares que conforman las familias venezolanas que llegan a la ciudad también se presentan casos. Uno de los reportados en los últimos meses es la llamada ‘violencia documental’, que ocurre cuando algunos compañeros sentimentales de las venezolanas les retienen los documentos.
En materia de salud, las mujeres venezolanas también llegan con complejas patologías. Según Jesús Eugenio Bustamante, gerente del Hospital General de Medellín, el género femenino es el que más recurre allí, con 3.088 venezolanas atendidas entre enero y noviembre de este año, frente a 1.348 hombres.
Y la atención es principalmente obstétrica. Solo entre enero y noviembre de 2019, fueron atendidos 544 partos de mujeres venezolanas, muchas de las cuales migraron a Colombia sin los controles ni la supervisión adecuados para la etapa de gestación, lo que pone en mayor riesgo sus vidas y las de los fetos.
Se acentúan los riesgos particulares asociados a las violencias basadas en el género y la discriminación, como la violencia intrafamiliar y documental, la sexualización de la oferta laboral
Pese a la gravedad de estos hechos, los investigadores hallaron que las venezolanas no se atreven a denunciar por temor a ser deportadas, a que les quiten a sus hijos o a que sus parejas sean enviadas a prisión.
También hay desconocimiento de los derechos y la oferta existente en la ciudad y, algunas veces, se topan con dificultades para acceder a la justicia de parte de los mismos funcionarios en las instituciones.
Este contexto llevó a la unión de las ocho entidades para crear el mecanismo de atención de la población migrante con enfoque de género. En este participan las secretarías de Inclusión Social y Mujeres de Medellín, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Comité Internacional de Rescate (CIR), el Consejo Danés para los refugiados (DRC), el Icbf, Curso Internacional y la Corporación Colectiva Justicia Mujer (Ccjm).
Esperan que la alcaldía entrante de Daniel Quintero acoja la propuesta y la incluya en el Plan de Desarrollo, para mitigar una crisis humanitaria que está viviendo Medellín, así como otras ciudades del país, y que podría ser una bomba de tiempo.
Con información de El Tiempo
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