EL VENEZOLANO COLOMBIA
Aunque el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos (ETPV) ha sido un avance significativo en la regularización de esta población, los retos en el acceso al empleo formal, la educación y la bancarización continúan limitando su integración plena. Un informe reciente del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) Colombia arroja luz sobre las barreras que enfrentan los migrantes venezolanos en diversos departamentos, destacando la discriminación, el desconocimiento de la norma y las desigualdades de género como factores agravantes.
Obstáculos en el empleo formal
Según el informe, el 51% de los migrantes venezolanos tiene problemas para conseguir un empleo formal, una situación que incrementa su vulnerabilidad económica y restringe el acceso a servicios básicos como la salud. Las mujeres migrantes, especialmente aquellas entre 21 y 45 años, enfrentan mayores dificultades debido a sus responsabilidades de cuidado, que les impiden incorporarse al mercado laboral o participar en programas de formación.
Aunque el ETPV establece derechos claros, muchas empresas y empleadores desconocen la validez del Permiso por Protección Temporal (PPT), lo que perpetúa la exclusión laboral y limita la autonomía económica de esta población.
Educación: avances y barreras persistentes
El acceso a la educación ha sido el derecho más garantizado para los niños, niñas y adolescentes migrantes, pero aún persisten desafíos significativos. Las barreras incluyen la exigencia del PPT en físico, dificultades económicas de las familias y, en algunos casos, la negación de cupos escolares.
El informe subraya que, aunque este acceso fomenta la regularización migratoria de menores, es necesario abordar los obstáculos administrativos y económicos que dificultan su permanencia en el sistema educativo.
Exclusión en la bancarización y el crédito
El acceso a servicios financieros sigue siendo una asignatura pendiente para los migrantes venezolanos en Colombia. El 37% de los consultados reportó que las entidades bancarias no reconocen el PPT como un documento válido, impidiéndoles abrir cuentas, solicitar créditos o adquirir bienes y servicios a plazos.
Esta exclusión financiera afecta directamente a quienes buscan emprender para superar las barreras del empleo formal, reduciendo sus posibilidades de generar ingresos y mejorar su calidad de vida.
Propuestas para garantizar la inclusión
El SJR Colombia hace un llamado a las autoridades y la sociedad civil para que intensifiquen los esfuerzos en la protección de los derechos de los migrantes. Recomienda campañas de sensibilización para empleadores sobre el uso del PPT, la implementación de políticas contra la discriminación y un fortalecimiento de los programas de acceso a educación y salud.
Desde su implementación en 2021, el ETPV ha permitido regularizar a más de 2 millones de migrantes, pero aún quedan pendientes acciones concretas para cerrar las brechas de desigualdad y asegurar una integración sostenible en el país.
El fortalecimiento de políticas inclusivas y la cooperación entre sectores serán claves para superar los desafíos que enfrentan los migrantes venezolanos en Colombia. Garantizar el acceso a derechos fundamentales no solo beneficia a esta población, sino que también contribuye al desarrollo social y económico del país.
