EL VENEZOLANO COLOMBIA
La reciente resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que autoriza la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350,000 venezolanos, ha generado un panorama de incertidumbre. Este programa, diseñado para amparar a migrantes de países en crisis, permitía a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en el país.
Ahora, con la posibilidad de deportaciones en el horizonte, la comunidad venezolana busca alternativas para mantenerse en territorio estadounidense. Exploramos las opciones legales y los desafíos que enfrentan tras el dictamen.
Contexto del fallo judicial
El Supremo, en una decisión de mayo de 2025, levantó una orden previa que impedía al gobierno de Donald Trump cancelar el TPS otorgado en 2023. Este amparo protegía a miles de venezolanos frente a la expulsión, argumentando la inestabilidad en su nación.
Sin embargo, la sentencia, aprobada por una mayoría de 8 a 1, permite al Ejecutivo avanzar con la terminación del programa mientras el litigio continúa en tribunales inferiores. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única en disentir, destacando el impacto humanitario de la medida.
Alternativas legales para los migrantes
A pesar del revés, los venezolanos no están desprovistos de recursos. Muchos poseen solicitudes de asilo pendientes, lo que les otorga un estatus legal temporal. Otros podrían acogerse a categorías de residencia permanente, como la Green Card, si cumplen requisitos específicos, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Además, la reinscripción en el TPS de 2021, vigente hasta septiembre de 2025, es una vía para algunos. Los expertos recomiendan evaluar cada caso individualmente, ya que las circunstancias personales pueden abrir puertas a soluciones migratorias.
Acciones judiciales y resistencia comunitaria
La batalla legal está lejos de concluir. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como la National TPS Alliance, planean continuar el litigio en cortes inferiores. El juez Edward Chen, quien inicialmente bloqueó la cancelación del TPS, ordenó un informe de estado para finales de mayo de 2025, lo que sugiere que el caso sigue activo.
Paralelamente, en estados como Florida, líderes políticos han expresado solidaridad con los venezolanos, proponiendo iniciativas como la Ley de TPS para Venezuela 2025, que busca restaurar las protecciones.
Impacto social y económico
La posible pérdida del TPS no solo afecta a los migrantes, sino también a las comunidades donde están integrados. Miles de familias enfrentan la amenaza de separación, mientras que empleadores y sistemas escolares podrían sufrir disrupciones.
Expertos califican esta medida como una de las mayores acciones para despojar a un grupo migrante de su estatus legal en la historia reciente de EE.UU., con consecuencias económicas significativas. La designación de Venezuela como un destino peligroso por el Departamento de Estado complica aún más las deportaciones.
El fallo del Supremo marca un punto crítico para los venezolanos con TPS, pero no el fin de su lucha. Con opciones legales, apoyo comunitario y un litigio en curso, aún hay esperanza para quienes buscan permanecer en EE.UU. La incertidumbre persiste, pero la resiliencia de esta comunidad y sus aliados podría definir el próximo capítulo de esta historia migratoria.
