En 2024 hay una proyección de crecimiento de la movilidad humana venezolana en dirección a Estados Unidos, con población joven que saldrá de su país ante la imposibilidad de un cambio político y el deterioro del sistema educativo, igualmente migrantes que se radicaron en un primer momento en Perú y Chile continúan saliendo por el crecimiento de la xenofobia, y en menor número se sumarán a la caravana desde Colombia aquellos que fracasaron en su proceso de integración y a quienes les causa temor el discurso y cercanía del presidente Petro con el presidente Maduro.
La migración venezolana no se ha detenido, y entre finales de 2023 y 2024 creció un 8,3 %, es decir, que aproximadamente salieron de su país unas 402.354 personas, según los datos de la plataforma multiagencial R4V.
Por la observación que realizan organizaciones de la sociedad civil y las agencias internacionales se trata en su mayoría de población joven, menor de 25 años, con una proporción apenas mayor de hombres, porque las mujeres enfrentan un alto grado de vulnerabilidad, y un número no muy grande, pero significativo de niños y de niñas.
Se carece de una caracterización rigurosa y los registros de las autoridades son deficientes en la frontera de salida de Venezuela, y a lo largo de la ruta especialmente entre Colombia y Panamá.
Los primeros datos de enero de 2024 señalan que 36.001 personas cruzaron el Darién, lo que representa un crecimiento del 46 % respecto de 2023, según los datos del Crisis Group Latinoamérica. De ellos, 21.940 migrantes son venezolanos, el 60 %.
No es un dato menor, donde habitualmente por el invierno en el hemisferio norte los flujos migratorios se reducen significativamente; sin embargo, a pesar de la temporada, el año inicia con un crecimiento significativo de migrantes en la caravana que hoy inicia prácticamente desde Caracas.
La crisis venezolana continúa, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). La economía del hermano país se contrajo en 1,2 % en 2023, y si bien Venezuela está en un proceso de estabilización, es una estabilización en la precariedad. No obstante, se estima que la principal causa de salida es el deterioro del sistema educativo.
Niños, niñas y adolescentes no tienen acceso a una oferta educativa adecuada, muy pocos pueden costear la educación privada y la falta de profesores, las malas remuneraciones y la ausencia de inversión en la infraestructura educativa dejó el sistema escolar y universitario público estancado, con una conectividad deficiente o nula, y en muchos casos con problemas estructurales de acceso a servicios públicos básicos como agua, luz y saneamiento. Los jóvenes no ven en Venezuela una posibilidad de futuro.
La población venezolana que regresó a su país en los dos últimos años, ante las perspectivas de recuperación, está saliendo nuevamente, pero lo hace acompañada de hijos y sobrinos, agravando el envejecimiento poblacional.
Demográficamente, el hermano país se está transformando aceleradamente, no solo es la pérdida de más del 25 % de su población en los últimos nueve años, sino que se suma el acelerado envejecimiento de la población y la caída en la esperanza de vida por el deterioro del sistema de salud. Enfermedades que ya no deberían representar un riesgo para la vida, en Venezuela por la falta de médicos, medicamentos e incluso vacunas, lo han convertido en el único país de la región en perder años de esperanza de vida.
Las perspectivas de un retorno de la diáspora se esfuman y, por el contrario, aquellos que han regresado provenientes de Chile, Perú, Ecuador o Colombia están apalancando el crecimiento de la ruta en dirección a Estados Unidos. En 2024, año electoral en Estados Unidos, caracterizado por el endurecimiento de la política migratoria, y ante la posibilidad del retorno del republicano Donald Trump, muchos venezolanos se preparan para salir y realizar la travesía en los meses de verano en el hemisferio norte.
Pero no salen únicamente de Venezuela, la oleada de xenofobia que crece en la región, especialmente en Perú, está llevando a que muchos venezolanos salgan del que continúa siendo el segundo país receptor de la diáspora. La falta de una política de Estado para enfrentar la xenofobia, la instrumentalización de actores políticos y la securitización de la migración llevan a que muchos núcleos familiares decidan desplazarse a otro país o incluso a buscar el sueño americano.
Si bien la xenofobia no llega a los niveles de Europa o Estados Unidos, el crecimiento de este fenómeno en la región ya está encendiendo algunas alarmas en Chile y Perú. Por ejemplo, el presidente chileno, Gabriel Boric, tiene un discurso de contención y expulsión migratoria, y durante su mandato se ha modificado la legislación endureciendo las medidas para el arribo y la permanencia de la población migrante, especialmente la proveniente de Venezuela. Del lado de la presidenta Dina Boluarte, de Perú, tanto ella, su gobierno y algunos de sus funcionarios han dado declaraciones que pueden ser claramente tipificadas como xenófobas, lo que se ha trasladado a políticas, medidas y acciones que atentan contra el derecho humano de la migración.
Después de nueve años de crisis migratoria en la región, población que se creía asentada y establecida en algunos países, se moviliza nuevamente por el crecimiento de la xenofobia y los cambios en los marcos legales migratorios. Hoy definitivamente la ruta migrante va en dirección a Estados Unidos, principalmente de ciudadanos venezolanos, pero con la consolidación de redes de trata y tráfico de migrantes en la región, poco a poco se suman otras nacionalidades.
La caravana migrante ya no es un fenómeno propio y exclusivo de Centroamérica, hoy venezolanos, ecuatorianos, haitianos, población extracontinental, pero también colombianos, cruzan el Darién en dirección a Estados Unidos.
La respuesta colombiana a la movilidad humana proveniente de Venezuela empieza a retroceder. Lo que fue una política de Estado, que pasó de la administración de Juan Manuel Santos a la de Iván Duque, ha retrocedido significativamente desde la llegada del presidente Gustavo Petro. Tras poco más de un año y medio se han perdido capacidades importantes para la gestión, atención, integración y gobernanza migratoria.
Colombia no tiene una política exterior para la consecución de recursos para la atención e integración de la migración proveniente de Venezuela. La falta de coordinación con países como Perú, Chile o Panamá, para cabildear recursos, llevó a que en 2023 se contara solo con la tercera parte de los recursos necesarios para el abordaje de la migración venezolana.
Para 2024, las primeras estimaciones señalan que se contará solo con la quinta parte de los recursos necesarios en la región, en un año en que se tienen proyecciones de un importante crecimiento. Colombia, como principal país receptor de población venezolana en el mundo, tiene la obligación de liderar el proceso de consecución de recursos en un escenario geopolítico global, donde las crisis ucraniana y palestina compiten por los recursos, especialmente los europeos.
El discurso del presidente Petro copia las narrativas del régimen venezolano y pone en riesgo la consecución de recursos y afecta la gobernanza migratoria. Solo hasta ahora se han empezado a nombrar a los funcionarios que tendrán bajo su responsabilidad la política migratoria del país, el tema pasó del resorte presidencial a una dirección en un viceministerio del nuevo Ministerio de la Igualdad y, de hecho, las competencias en materia de seguimiento y caracterización están desperdigadas entre el DANE, Migración Colombia, DNP y los gobiernos locales. En este momento no hay información para que los nuevos gobernantes municipales y departamentales puedan incluir el tema migratorio en los planes de desarrollo territorial que se gestionan en el primer semestre.
Por ejemplo, en materia de educación, los niños y las niñas venezolanos que llegan al sistema educativo colombiano presentan problemas importantes de extra-edad, años acumulados de falta de escolaridad y bajos niveles de lectoescritura. Según los últimos datos disponibles, unos 559.605 estudiantes venezolanos son parte del sistema, niños que más allá de su nacionalidad serán colombianos porque se forman en nuestras instituciones y aprenden de democracia y participación en Colombia. Hoy la mayoría de ellos están en primaria.
Sin embargo, según datos de las encuestas “Bogotá y Medellín cómo vamos”, el 13,3 % de los niños, niñas y adolescentes venezolanos no asisten al colegio en Medellín y en Bogotá llega al 21,3 %. Se requiere un esfuerzo para que ellos retornen a las aulas, se requieren políticas, se requieren recursos y se requieren buenos funcionarios abordando este reto. El cambio en los flujos migratorios no significa que no debamos continuar trabajando el tema en el país.
