EL VENEZOLANO COLOMBIA
El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha confirmado que 14 ciudadanos de España se encuentran bajo arresto en Venezuela, considerados por las autoridades como detenciones sin fundamento legal.
Estas personas, en su mayoría con doble nacionalidad, enfrentan un panorama de incertidumbre en prisiones venezolanas. Familiares, como Verónica Noya, alzan la voz desde España, exigiendo acciones concretas para garantizar los derechos de los afectados, mientras critican la aparente inacción del Ejecutivo.
Un escenario de detenciones injustas
Según una respuesta oficial del Gobierno español a una consulta del partido UPN, 14 individuos con pasaporte español están privados de libertad en Venezuela. La mayoría nació y reside en el país sudamericano, ostentando también la nacionalidad venezolana.
Sin embargo, dos ciudadanos originarios del País Vasco, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, son la excepción, pues solo poseen la ciudadanía española. Arrestados hace más de nueve meses, enfrentan acusaciones graves, como supuestos planes para atentar contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Acusaciones sin pruebas claras
Las autoridades venezolanas señalan a los detenidos, especialmente a Basoa y Martínez, de participar en una presunta trama “terrorista”. No obstante, según fuentes cercanas a los casos, no se han presentado pruebas contundentes que sustenten dichas imputaciones.
Esta situación ha generado indignación entre los allegados de los presos, quienes denuncian un sistema judicial opaco y arbitrario. Verónica Noya, hermana de Fernando Noya, detenido desde mayo de 2020, describe un proceso lleno de irregularidades, donde los expedientes penales permanecen inaccesibles para las familias.
El desamparo de los familiares
La sensación de abandono predomina entre los seres queridos de los encarcelados. Verónica, cuyo esposo, un militar, también está preso y enfrenta una condena de casi tres décadas, critica la falta de comunicación por parte del Gobierno español.
“Nos sentimos solos, sin apoyo alguno”, afirma. Los familiares reclaman que las autoridades diplomáticas no han mostrado interés por esclarecer la situación ni por velar por los derechos humanos de los detenidos, especialmente de aquellos con doble nacionalidad.
Un llamado a la acción
La respuesta del Ejecutivo español, aunque reconoce las detenciones, no detalla medidas concretas para abordar el problema. Esto ha intensificado las demandas de los familiares, quienes piden que se priorice la defensa de todos los ciudadanos españoles, sin distinciones basadas en su lugar de nacimiento o residencia.
Organizaciones de derechos humanos también han instado a España a presionar por la liberación de los presos o, al menos, por garantizar juicios justos y condiciones dignas de reclusión.
El contexto de la crisis
Estas detenciones se enmarcan en un contexto de tensiones políticas y diplomáticas entre España y Venezuela. Las acusaciones de “terrorismo” contra los ciudadanos españoles reflejan un patrón de señalamientos que el Gobierno venezolano ha empleado contra opositores y extranjeros. Mientras tanto, en España, el caso pone en cuestión la eficacia de la política exterior del Gobierno de Sánchez para proteger a sus nacionales en el extranjero.
