EL VENEZOLANO COLOMBIA
La muerte de Lindomar Jesús Amaro Bustamante, bajo resguardo estatal en el penal de Tocorón, estado Aragua, ha provocado fuertes reacciones en Venezuela. La dirigente opositora María Corina Machado lo calificó como un acto atroz, responsabilizando directamente al presidente Nicolás Maduro.
El hecho ha reavivado las denuncias sobre abusos sistemáticos contra los disidentes del régimen.
Un arresto rodeado de represión
Amaro fue aprehendido por la Policía Nacional Bolivariana tras las manifestaciones ocurridas luego de las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024.
Según organizaciones defensoras de derechos humanos, su detención respondió a una política de represión generalizada contra jóvenes que participaron en protestas pacíficas. Al momento de ser capturado, se dirigía a su domicilio en motocicleta.
Condiciones extremas dentro del penal
Tras su arresto, fue enviado al centro penitenciario de Tocorón, conocido por sus deplorables condiciones. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que Amaro, al igual que otros detenidos por razones políticas, fue víctima de incomunicación prolongada, tratos crueles y abandono médico.
La organización afirmó que se quitó la vida, sin que hasta ahora haya una versión oficial transparente de los hechos.
Reacciones de la oposición y el clamor por justicia
Machado, en declaraciones publicadas en redes sociales, expresó su indignación y dolor, señalando que la muerte del joven “desgarra el alma de una nación”. Afirmó que la tragedia tiene un único responsable: el Estado venezolano.
Llamó a detener la violencia institucional y exigió que se esclarezca lo ocurrido, respetando el derecho a la verdad y la justicia.
Enterrado sin despedida ni explicaciones
El cuerpo de Amaro fue trasladado rápidamente a su estado natal, Cojedes, donde fue sepultado sin permitir que sus allegados lo despidieran adecuadamente.
Este procedimiento irregular ha generado suspicacias y reforzado las acusaciones de encubrimiento por parte del gobierno. La ONG responsabilizó al director del penal, Juan Carlos Quezada, por el trato dado a los internos.
Panorama alarmante de detenciones políticas
De acuerdo con el Foro Penal, actualmente hay 906 personas consideradas prisioneras por motivos políticos en el país. Desde el año pasado, al menos seis de ellas han perdido la vida mientras estaban bajo vigilancia estatal.
Uno de los casos más recientes involucra a Jhoandri Joel Silva Lara, otro interno de Tocorón, quien intentó suicidarse tras sufrir una crisis nerviosa derivada del maltrato y el aislamiento.
Urgencia de atención internacional
Diversas organizaciones humanitarias han solicitado a la comunidad internacional monitorear la situación de los detenidos en Venezuela. La sistemática violación de sus derechos humanos exige una respuesta inmediata que garantice protección y prevención. La muerte de Amaro Bustamante no puede convertirse en una estadística más, sino en un punto de inflexión hacia la rendición de cuentas y el respeto a la dignidad humana.
