EL VENEZOLANO COLOMBIA
La cifra de ciudadanos colombianos privados de libertad en Venezuela sigue en aumento. Según una investigación del diario El Tiempo , al menos 23 personas se encuentran bajo arresto en territorio venezolano, acusadas de terrorismo y actividades ilegales. A pesar de los reiterados llamados del gobierno de Colombia para acceder a ellos, las autoridades venezolanas han negado la asistencia consular.
Petro exige la liberación de los detenidos
El presidente Gustavo Petro manifestó públicamente su preocupación el pasado 16 de enero, cuando denunció la retención de 12 colombianos en Venezuela. A través de su cuenta en la red social X, se enfatizó en la necesidad de que el gobierno de Nicolás Maduro libere a los detenidos en el contexto de las elecciones y sus posteriores acontecimientos.
Sin embargo, las recientes revelaciones indican que la cifra real es mayor. Hasta la fecha, El Tiempo ha confirmado la identidad de 23 ciudadanos colombianos que se encuentran en custodia del régimen chavista.
Acusaciones y operativos en la frontera
Las detenciones han sido justificadas por las autoridades venezolanas bajo acusación de terrorismo y conspiración contra el régimen de Maduro. Algunos de los arrestados han sido vinculados con supuestos planes de desestabilización política, mientras que un grupo reciente de siete colombianos fue capturado en el estado Amazonas, señalado de participar en actividades de minería ilegal.
Este último operativo, denominado “Operación Neblina 2025”, se llevó a cabo en las riberas del río Cunucunuma, en el municipio Alto Orinoco. Según la minuta policial a la que tuvo acceso El Tiempo , la detención se realizó hace apenas tres días.
Negación de asistencia consular
Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es la negativa del gobierno venezolano a permitir el acceso consular a los detenidos. A pesar de los múltiples intentos de Colombia por brindar apoyo a sus ciudadanos encarcelados, el régimen de Maduro se ha mantenido hermético y no ha permitido ningún tipo de mediación.
Esta restricción vulnera los derechos fundamentales de los detenidos y contraviene tratados internacionales que garantizan el acceso consular a ciudadanos extranjeros privados de libertad. La falta de comunicación con las autoridades colombianas genera incertidumbre sobre las condiciones en las que se encuentran los arrestados.
Un conflicto diplomático en ascenso
La detención de estos 23 ciudadanos colombianos podría convertirse en un punto de tensión entre Bogotá y Caracas. Aunque las relaciones bilaterales se han mantenido en un proceso de normalización en los últimos años, la negativa del gobierno de Maduro a permitir la asistencia consular genera fricciones.
Mientras tanto, las familias de los detenidos esperan respuestas y exigen acciones por parte del gobierno colombiano para garantizar la protección de sus derechos. A medida que el caso avanza, la presión internacional podría aumentar, poniendo en la mira la política de detenciones arbitrarias en Venezuela.
