EL VENEZOLANO COLOMBIA
Un reciente informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU acusa al régimen de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad en el contexto de las elecciones presidenciales de Venezuela, celebradas en julio de 2024. El documento destaca una amplia gama de abusos, incluidos actos de violencia, detenciones arbitrarias y torturas, cometidos antes, durante y después del proceso electoral.
Estos hechos, según la ONU, fueron orquestados por las fuerzas de seguridad del Estado, en colaboración con grupos armados progubernamentales.
Violaciones sistemáticas en Venezuela
El informe de 158 páginas señala que el gobierno de Maduro, a través de sus fuerzas de seguridad, como el SEBIN, la Guardia Nacional y la Policía Nacional, estuvo involucrado en una serie de violaciones de derechos humanos. Estas incluyen detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y actos de tortura. Además, se denuncian desapariciones forzadas y violencia de género en un intento por silenciar a la oposición política.
La Misión de la ONU acusa tanto a cuerpos de seguridad estatales como a grupos civiles armados de haber llevado a cabo estos crímenes. En muchos casos, las víctimas no fueron solo opositores políticos, sino también ciudadanos comunes que expresaron su desacuerdo con los resultados electorales.
Crímenes de lesa humanidad en contexto electoral
El documento de la ONU subraya que los crímenes cometidos en Venezuela durante este periodo electoral constituyen crímenes de lesa humanidad. Según el informe, la represión se intensificó tras los comicios del 28 de julio de 2024, cuando se inició una ola de persecución masiva contra aquellos que desafiaban los resultados.
Se estima que más de 121 personas fueron detenidas durante la campaña electoral, y al menos otras 48 en los meses previos a las elecciones bajo acusaciones de conspiración. Estos arrestos formaron parte de la operación «Brazalete Blanco», una acción que, según el informe, sirvió para justificar la represión selectiva de políticos, militares y activistas civiles.
Incitación desde las más altas esferas del gobierno
El informe también señala que las máximas autoridades venezolanas jugaron un rol clave en la incitación a la represión. Las declaraciones del propio Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del Estado alentaron un clima de hostilidad y violencia, lo que contribuyó a agravar la situación. Estas afirmaciones, según la Misión, fueron un claro detonante para las acciones represivas que tuvieron lugar tanto antes como después de las elecciones.
Además, se critica al Consejo Nacional Electoral y al sistema de justicia venezolano por su falta de transparencia y la continua violación de derechos fundamentales, lo que favoreció el ambiente represivo.
La oposición se mantiene firme
En medio de estas acusaciones, el partido opositor Primero Justicia reafirmó su compromiso con la defensa del supuesto triunfo obtenido en las elecciones presidenciales. En un comunicado, el partido anunció un plan estratégico para defender la soberanía popular, promover la transparencia y ejercer presión tanto interna como externa para que se respeten los resultados electorales.
El partido, que apoyó a Edmundo González como candidato presidencial, aseguró que seguirá luchando por una agenda democrática que permita superar la crisis política y humanitaria que atraviesa el país. Mientras tanto, la situación en Venezuela sigue siendo delicada, con miles de detenidos y un clima de creciente represión por parte del gobierno de Maduro.
