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La Cámara de Representantes de Florida aprobó el proyecto de ley HB 1718, que estipula, entre otras disposiciones, prohibir que los condados y municipios provean fondos a cualquier persona, entidad u organización para que otorgue documentos de identificación a una persona que no tenga prueba de que se encuentra de forma legal en Estados Unidos. La medida fue aprobada con 83 votos a favor y 36 en contra.
También contempla, entre otros puntos, penas de hasta 15 años de cárcel a quien transporte a Florida inmigrantes irregulares, así como multas a empleadores que contraten a indocumentados.
La iniciativa se dirige ahora al despacho del gobernador estatal, el republicano y posible aspirante presidencial Ron DeSantis, promotor de la medida y de quien se espera su inminente firma.
El proyecto llegará al escritorio de DeSantis tras su aprobación el pasado viernes en el Senado estatal y luego de que el lunes la Cámara de Representantes floridana, controlada por el Partido Republicano, desestimara 19 enmiendas propuestas por la oposición demócrata.
Ahora, con la medida firmada en ambos cuerpos legislativos, pasa a la firma del gobernador Ron DeSantis para que sea aprobada y entre en vigor el 1 de julio del año en curso.
El pasado viernes, el Senado firmó la medida lo que produjo a una reacción de Paula Muñoz, Directora de Organización de Campañas de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
En un comunidado de prensa, Muñoz dijo que “nuestros senadores estatales están lastimando deliberadamente a las familias de Florida para su propio beneficio político. Las personas que viven en Florida tendrán que perderse eventos, a veces eventos importantes como graduaciones o bodas, porque esencialmente están atrapados en un estado que los persigue. Del mismo modo, si alguien necesita buscar atención médica fuera de Florida, no podrá volver a casa. Esta es una mala legislación que hará que nuestro estado sea menos seguro y menos próspero”.
Lo que contempla el proyecto de ley de inmigración:
- Requiere que los empleadores con más de 25 trabajadores usen E-verify para determinar la elegibilidad de empleo, por lo que es un delito grave usar una identificación falsa para obtener la elegibilidad y permite la revocación de la licencia o multas considerables si un empleador viola los requisitos de E-verify.
- Obligar a los hospitales que aceptan Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes, incluso cuando visitan la sala de emergencias, y a informar regularmente sobre el costo de la atención brindada a los pacientes sin un estado migratorio regulado a la AHCA y la legislatura.
- Hace que el transporte de personas sin un estatus migratorio regulado al estado de Florida sea un delito punible con hasta 15 años de prisión. Esto incluye acusarlo de un delito grave por regresar al estado de Florida cuando vive aquí de forma permanente. También incluye la entrada al estado por turismo o reuniones de negocios con amigos, compañeros de trabajo o familiares sin un estatus migratorio regulado.
- Prohíbe la financiación de programas comunitarios de identificación a nivel de ciudad y condado.
- Anula las licencias de conducir emitidas por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin un estatus migratorio regulado.
- Establece que el Jefe de Seguridad Nacional coordinará las acciones de aplicación de la ley de inmigración en Florida.
- Deroga la ley que permite a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio ejercer la abogacía si aprobaron después de 2018.
- Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal.
