Gobierno colombiano insiste en consulta popular y desata controversia política

◉ Petro insistió en que se cometieron irregularidades durante el trámite en el Congreso, lo cual, según su interpretación, invalidaría dicha resolución legislativa

En un mensaje televisado que captó la atención del país, el presidente Gustavo Petro comunicó su decisión de convocar, por decreto, una consulta popular que fue rechazada previamente por el Senado. La medida ha generado intensos cuestionamientos desde distintos frentes políticos, al considerarse que el Ejecutivo estaría desbordando sus competencias legales.

La consulta está relacionada con las reformas sociales que el Gobierno ha impulsado, particularmente en el ámbito laboral. Aunque la iniciativa quedó archivada tras una votación negativa el 14 de mayo, Petro insistió en que se cometieron irregularidades durante el trámite en el Congreso, lo cual, según su interpretación, invalidaría dicha resolución legislativa.

Argumentos del Ejecutivo y rol de la Corte Constitucional

Durante su alocución, el mandatario sostuvo que no hubo dictamen favorable del Senado, afirmando que “hicieron trampa”. Petro señaló que, pese a que la decisión final recae en la Corte Constitucional, él decretará la consulta para que el pueblo colombiano se pronuncie directamente. “El pueblo es el verdadero titular del poder político”, expresó.

El presidente también dejó claro que su intención no busca someter a la Corte, sino solicitar su respaldo para una transformación estructural del Estado. A su juicio, se necesita avanzar hacia una sociedad más equitativa, libre de corrupción y desligada de influencias delictivas.

Críticas desde el Congreso y advertencias legales

La respuesta desde el Legislativo no se hizo esperar. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó la acción como una “ruptura institucional”, señalando que representa un atentado contra la división de poderes. A su vez, recalcó que cualquier irregularidad cometida en el trámite legislativo debe ser evaluada por los jueces, no por el Ejecutivo.

Por su parte, el exsenador Humberto de la Calle advirtió que declarar inválida una decisión parlamentaria sin intervención judicial constituye un acto grave. Rechazó que el ministro Benedetti pretenda atribuirle al Gobierno funciones que son exclusivas del Consejo de Estado. Afirmó que este proceder “no es otra cosa que un golpe de Estado”.

Anuncio de preguntas y plazos de convocatoria

Minutos antes del discurso presidencial, el ministro Armando Benedetti ya había adelantado que el borrador de la consulta contenía doce preguntas, elaboradas con asesoría jurídica. Aunque no se mencionaron nombres de los expertos, sí se anticipó que la convocatoria formal podría realizarse entre julio y agosto de este año.

Eduardo Montealegre, exfiscal y exmagistrado constitucional, respaldó al Gobierno, asegurando que el Congreso incurrió en fallas que vuelven inexistente la decisión del Senado. En su opinión, eso habilita legalmente al presidente a emitir un decreto para avanzar con la consulta.

Denuncias de amenazas y conspiraciones

En un giro inesperado, Petro afirmó que enfrenta riesgos personales derivados de una supuesta conspiración. Denunció públicamente que una agrupación que denominó “la junta del narcotráfico” estaría preparando un atentado en su contra, utilizando a sectores radicales de la derecha nacional e internacional.

El mandatario señaló que se estarían usando agentes de inteligencia con el fin de evitar que el narcotraficante Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, sea extraditado a Colombia. Según Petro, esta red también busca dañar su imagen por medios judiciales, en lo que llamó un “atentado jurídico”.

Tensión institucional y necesidad de equilibrio democrático

La propuesta presidencial de convocar por decreto una consulta popular rechazada por el Congreso ha encendido las alarmas en todos los niveles del Estado. Si bien el presidente invoca la voluntad del pueblo como principio superior, distintos sectores temen una ruptura del orden constitucional. Será la Corte quien deberá sopesar los límites del poder Ejecutivo y el respeto al debido proceso democrático. En medio de esta tormenta política, se impone la necesidad de diálogo, transparencia y apego a la legalidad como pilares del equilibrio institucional.

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