
EL VENEZOLANO COLOMBIA
La reciente reactivación de la reforma laboral en el Senado ha generado un torbellino político en Colombia, poniendo en jaque las tácticas del presidente Gustavo Petro. Mientras el Congreso corre contra el reloj para aprobar el proyecto antes del 20 de junio de 2025, el Ejecutivo alterna entre respaldar el trámite legislativo y presionar por una consulta popular, revelando contradicciones estratégicas.
Se explora las dinámicas detrás de esta resurrección legislativa, los movimientos de la oposición y las implicaciones para el Gobierno.
Un giro Inesperado en el Senado
El pasado miércoles, la plenaria del Senado tomó una decisión que sorprendió al oficialismo: con 69 votos a favor y tres en contra, aprobó la apelación que revivió la reforma laboral, previamente archivada por la Comisión VII.
Este fallo, impulsado por el senador Fabián Díaz, trasladó el proyecto a la Comisión IV, presidida por Angélica Lozano, quien aboga por un debate serio y consensuado. La maniobra, liderada por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, marcó un revés para Petro, quien no esperaba que la oposición tomara la iniciativa.
Contradicciones del Ejecutivo
El Gobierno ha mostrado una postura ambivalente. Por un lado, los ministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino apoyaron la apelación tras intentar bloquearla; por otro, Petro insiste en una consulta popular que, según críticos, busca más réditos electorales que soluciones inmediatas.
Las amenazas de paro nacional y la retórica populista del Presidente, que acusa al Congreso de ignorar a los trabajadores, contrastan con los esfuerzos de sus aliados por negociar en el Legislativo. Esta dualidad refleja una estrategia fragmentada en un año preelectoral.
La oposición toma la delantera
La oposición, lejos de obstruir, ha capitalizado la oportunidad para reposicionarse. Al respaldar la apelación, figuras como Lozano y partidos tradicionales como el Liberal y ‘la U’ buscan demostrar compromiso con los derechos laborales sin ceder al relato de Petro.
Sin embargo, el tiempo apremia: con solo 33 días para dos debates y una conciliación, el consenso parece esquivo. Temas como el recargo nocturno y el pago de dominicales dominan las discusiones, mientras la licencia menstrual y los beneficios para estudiantes del Sena generan menos controversia.
Preocupaciones empresariales y riesgos económicos
El sector privado observa con cautela. Estudios, como uno del Banco de la República, advierten que la reforma podría costar 400.000 empleos si se implementa sin gradualidad. Los gremios, aunque abiertos al diálogo, piden ajustes para evitar impactos negativos en la economía formal.
La propuesta de una transición progresiva, similar a la reducción de la jornada laboral en 2022, gana terreno como alternativa para equilibrar derechos laborales y estabilidad económica.
El juego político a largo plazo
Si el Congreso no logra aprobar la reforma, Petro podría recuperar la narrativa del “bloqueo legislativo” para impulsar su consulta popular en 2026, coincidiendo con las elecciones. Esta posibilidad mantiene en vilo a las fuerzas políticas, que enfrentan una legislatura marcada por tensiones y cálculos electorales. La habilidad del Senado para concertar será clave para evitar que el debate laboral se convierta en una herramienta de campaña.
La resurrección de la reforma laboral ha expuesto las fisuras en la estrategia de Petro y la capacidad de la oposición para liderar la agenda. Con el reloj en contra, el Congreso enfrenta el desafío de aprobar una ley que beneficie a los trabajadores sin desestabilizar la economía, mientras el Gobierno navega entre el pragmatismo legislativo y la tentación populista. El desenlace de esta carrera legislativa definirá el rumbo político de Colombia en los próximos meses.