EL VENEZOLANO COLOMBIA
La historia de 238 migrantes venezolanos trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, sin juicio ni proceso legal, ha encendido las alarmas internacionales. Estos ciudadanos, que escaparon del colapso económico y la represión en su país, hoy enfrentan una realidad aún más sombría: estar recluidos como criminales en una de las prisiones más temidas de Centroamérica, bajo la acusación de formar parte de bandas delictivas, sin pruebas y sin posibilidad de defensa.
Un viaje marcado por la necesidad
Impulsados por la crisis prolongada en Venezuela, miles de ciudadanos decidieron emprender un camino incierto. Muchos cruzaron la selva del Darién, un trayecto plagado de peligros, con el objetivo de alcanzar suelo estadounidense.
Entre ellos estaba Cristopher Fonseca, joven que logró establecerse en Texas y trabajar en construcción para sostener a su familia. Sin embargo, fue repentinamente detenido y enviado a El Salvador, donde su paradero actual es incierto.
La sombra del Cecot y el silencio oficial
El Cecot, promocionado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele como símbolo de su guerra contra las pandillas, ahora alberga a venezolanos deportados bajo la administración de Donald Trump. Expertos en derechos humanos, como Ana Piquer de Amnistía Internacional, han denunciado que esta acción viola acuerdos internacionales, ignora resoluciones judiciales y promueve una política de castigo sin garantías mínimas.
Estigmatización y abandono
El gobierno estadounidense ha justificado estas expulsiones argumentando vínculos con la organización criminal Tren de Aragua. No obstante, familiares de los afectados niegan categóricamente estas acusaciones.
La tía de Mervin Yamarte, por ejemplo, afirma que su sobrino trabajaba legalmente en Estados Unidos y que su única “falta” fue haber ingresado sin documentos. Las imágenes de estos hombres arrodillados, rapados y humillados recorrieron el mundo, generando indignación y temor.
Reacciones en Caracas y el rol de la ONU
Curiosamente, el régimen de Nicolás Maduro, al que muchos de estos migrantes intentaban huir, ha expresado “preocupación” por sus ciudadanos y ha iniciado gestiones legales para su repatriación.
A su vez, familias venezolanas solicitaron la intervención de la ONU, exigiendo respeto al debido proceso. “Cada hora que pasa es un infierno”, dijo una madre entre lágrimas a las puertas de la sede del organismo en Caracas.
Un futuro incierto bajo una cruzada migratoria
La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte de la nueva administración de Trump ha intensificado el temor de más deportaciones. La promesa de campaña de expulsar migrantes se está ejecutando a un alto costo humano.
Estos ciudadanos, ya marcados por el hambre y la persecución, ahora enfrentan una nueva forma de castigo: el olvido.
