EL VENEZOLANO COLOMBIA
El anuncio de la presidenta Dina Boluarte sobre una propuesta de seguimiento financiero a las remesas enviadas por ciudadanos venezolanos residentes en Perú ha suscitado una intensa controversia. La iniciativa, que también pretende controlar los contratos laborales y de alquiler de estos migrantes, ha sido considerada inconstitucional y discriminatoria por diversos expertos en derecho y activistas de derechos humanos. Analistas advierten que la medida podría vulnerar principios fundamentales, como la igualdad y el secreto bancario.
Seguimiento financiero y control de contratos: la propuesta de Boluarte
En su declaración, Boluarte explicó que el Poder Ejecutivo colaborará con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para supervisar el envío de divisas y las condiciones de trabajo de los venezolanos en el país.
Según la mandataria, cada venezolano que supuestamente trabaja legalmente deberá presentar un contrato laboral y de alquiler para justificar sus ingresos. Este plan se basa en la intención de rastrear el origen de los fondos que salen de Perú hacia Venezuela.
Opiniones legales: ¿inconstitucionalidad y discriminación?
El abogado penalista Jorge Zuñiga cuestionó la constitucionalidad de estas medidas. Aseguró que el seguimiento financiero de una persona representa una intromisión en su derecho al secreto bancario y la privacidad.
Además, Zuñiga subrayó que exigir estos controles solo a extranjeros, y específicamente a venezolanos, representa un trato discriminatorio que podría fomentar la xenofobia. Jorge Rodríguez, experto en derecho tributario, también coincidió en que la propuesta es inconstitucional, ya que otorga un trato diferenciado basado en la nacionalidad.
Riesgos de vulnerabilidad y uso indebido de información
Los especialistas advierten que la propuesta no solo es jurídicamente problemática, sino que también plantea riesgos a la seguridad de los migrantes. Al tratarse de datos financieros delicados, estos podrían caer en manos de personas con intenciones maliciosas.
Zuñiga mencionó que conocer detalles financieros de una persona podría motivar actos de abuso o extorsión. Esta situación, afirmaron los expertos, pondría en peligro la dignidad y seguridad de los migrantes que dependen de las remesas para ayudar a sus familiares en Venezuela.
Reacciones de activistas: discursos de odio y derechos humanos
Activistas en temas migratorios y derechos humanos también han manifestado preocupación. Gabriel Vergara, de la organización VeneActiva, expresó que la medida fomenta actitudes xenófobas al hacer énfasis en la nacionalidad venezolana.
Esta situación, explicó, va en contra de los esfuerzos de la ONU y el sistema interamericano por combatir los discursos de odio. Por su parte, Maholy Sánchez, experta en protección de refugiados, recordó que gran parte de los venezolanos en Perú no son simplemente migrantes, sino desplazados forzados que huyen de la crisis en su país.
Un debate que pone a prueba derechos fundamentales
La propuesta del Ejecutivo peruano de supervisar las remesas de venezolanos y exigir contratos laborales específicos ha generado un intenso debate sobre derechos fundamentales. Mientras los defensores argumentan que el control es necesario, los críticos sostienen que se trata de una medida discriminatoria y potencialmente inconstitucional. Este complejo tema enfrenta a Perú con dilemas sobre derechos humanos, inclusión y el trato justo a las poblaciones migrantes.
