ACNUR apoyó un estudio acerca del cubrimiento periodístico sobre las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en Colombia

◉ Los resultados del análisis muestran que esta población ocupa un lugar destacado en la agenda informativa, aunque persisten retos respecto a mitigar narrativas estigmatizantes en su contra y lograr mayor presencia de temas relacionados con su acceso a derechos e integración

EL VENEZOLANO COLOMBIA | ACNUR

Con el propósito de conocer cómo los medios de comunicación cubren la situación de las personas refugiadas y migrantes en Colombia, y tomar acciones que fortalezcan ese cubrimiento, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) apoyó la realización de un análisis de 1305 piezas periodísticas de 32 medios de comunicación del país.

Este estudio, realizado por la fundación PANDI Comunicación y Derechos Humanos, muestra que esta población ocupa un lugar destacado en las noticias, aunque persisten retos respecto a la mitigación de narrativas estigmatizantes en su contra y espacio de mejora para que los temas de protección y acceso a derechos tengan mayor incidencia en la construcción de la agenda informativa.

Xenofobia y retos: Mitigando estigmatización y promoviendo la integración

Con 2,9 millones de personas provenientes de Venezuela, Colombia enfrenta el reto de mitigar la xenofobia, prevenir la violencia, promover la coexistencia pacífica y facilitar que estas personas se integren y aporten a sus comunidades de acogida.

En este contexto, es crucial el rol de los medios de comunicación como agentes en la construcción de la opinión pública y del imaginario colectivo a partir del cual la sociedad entiende la situación de la población refugiada y migrante y actúa frente a la misma.

Análisis del cubrimiento mediático: Desafíos y destacados

Durante 2022, ACNUR realizó talleres de formación en 35 medios de comunicación en Colombia. Como resultado de estos encuentros, 25 medios firmaron un decálogo para el cubrimiento de los temas relacionados con población refugiada y migrante con un enfoque de derechos.

Durante el año 2023, una nueva ronda de encuentros se realizó en 43 salas de redacción en nueve departamentos del país, más Bogotá y dos municipios aledaños a capitales (Maicao, en La Guajira, y Los Patios, en Norte de Santander). En estas redacciones se intercambiaron aprendizajes con 254 periodistas, de los cuales 70 tenían cargos directivos: editores, productores, directores.

En Colombia se han hecho importantes esfuerzos por mitigar la xenofobia y reconocer que los refugiados tienen necesidades específicas de protección, y requieren acceder a derechos y construir soluciones duraderas, de manera que se integren a sus comunidades y que sus aportes contribuyan significativamente a la sociedad.

Sin embargo, el análisis de medios indica que el 39% de las piezas examinadas deja una percepción negativa frente a la población venezolana, mientras que el 12% deja un mensaje positivo y destaca la integración, la resiliencia y el emprendimiento de esta población. El restante 48% fue considerado contenido puramente informativo.

Compromiso de medios: Firmas y formación para un enfoque de derechos

Entre 35 temas que constituyeron la agenda informativa sobre población venezolana en Colombia, los cinco que tuvieron mayor relevancia en el cubrimiento periodístico tienen que ver con la relación política Colombia-Venezuela, que ocupó un 15% de la agenda informativa; la violencia presuntamente cometida por refugiados y migrantes, un 14%; los asuntos migratorios (incluyendo apertura y cierre de fronteras, acceso a documentación y pronunciamientos del Estado), un 12%; la situación de los refugiados y migrantes a través del Darién, un 9%; y la violencia contra refugiados y migrantes, un 9%.

Es de resaltar que varios medios mantienen un interés en publicar noticias que relatan actos de violencia cometidos presuntamente por personas venezolanas (el 23% de todas las noticias examinadas en el estudio hablaron de esto). Sin embargo, la reiteración de este asunto resulta desproporcional, teniendo en cuenta que, según cifras de la Fiscalía General de la Nación, del total de indiciados en el país solo el 1% corresponde a nacionales venezolanos.

Desnacionalización del delito: Un llamado a la objetividad informativa

Por tanto, el énfasis en la nacionalidad de quienes cometen delitos no concuerda con una incidencia objetiva de las personas venezolanas en temas relacionados con criminalidad en el país y, por el contrario, promueve estereotipos negativos sobre la población venezolana que se convierten en una barrera para acceder a derechos y favorecer su integración.

En los talleres realizados durante este año por ACNUR y PANDI se destacó la necesidad de avanzar hacia la desnacionalización del delito en los contenidos periodísticos, teniendo en cuenta que el país de origen de las personas no aporta información relevante ni explica sus comportamientos en esta materia.

Algunos temas claves en materia de protección y acceso a derechos tienen un espacio marginal en la agenda informativa. Por ejemplo, el tema de empleo formal y emprendimiento tuvo una participación del 4%, y el 2% lo ocupó el empleo informal. Llama la atención el bajo cubrimiento sobre un aspecto fundamental para la integración socioeconómica, que implica acceso a derechos como seguridad social (salud, pensión, primas), recreación, posibilidades de tener una vivienda digna, mejorar la seguridad alimentaria, la educación, entre otras.

Genera preocupación que temas como discriminación y xenofobia, trata de personas, niñez y adolescencia, trabajo infantil, vivienda digna, pobreza y exclusión social, derechos sexuales y reproductivos, explotación sexual infantil, prostitución, mendicidad, entre otros, no tienen individualmente una incidencia mayor al 1% en la agenda informativa. Esto conlleva el reto de lograr que estos asuntos, claves en la protección de personas refugiadas y migrantes, tengan mayor relevancia en los medios de comunicación, de modo que los hechos victimizantes que enfrenta esta población sean más visibles en el debate público.

Respecto al uso de fuentes, el estudio muestra que en la mitad de las piezas examinadas la información procede del Estado: de ellas, un 42% corresponde a quienes representan el Ministerio Público y un 8% a las fuerzas armadas. Se resalta que más del 12% de las fuentes citadas fueron personas venezolanas, lo que significa que sus voces han ido ganando mayor espacio en el contenido periodístico y son cada vez más tenidas en cuenta como fuentes en el tratamiento de las noticias.

Las fuentes de otras entidades que ejercen un mandato de protección de los derechos humanos, como las agencias de la ONU, otros organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil, suman en promedio el 10%. En el porcentaje restante, las noticias no incluyeron fuentes, lo cual abre un campo de oportunidad para la incidencia de organizaciones y voceros que puedan aportar información relevante al cubrimiento periodístico.

El análisis de contenidos abre puertas para fortalecer la labor de los medios y para que las organizaciones que trabajan con población refugiada y migrante puedan desarrollar acciones que fortalezcan el acceso a una información verídica y plural que, en vez de reproducir sesgos y estereotipos, refleje las necesidades que actualmente tiene esta población en Colombia y el potencial que ofrece su integración.

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