EL VENEZOLANO COLOMBIA | EFECTO COCUYO
El derecho a la identidad es uno de los tantos derechos vulnerados por el Estado venezolano a sus ciudadanos, pese a estar contemplado en el artículo 56 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
Una transgresión que impacta a quienes se enfrentan cada día al exceso de burocracia de la administración pública en todo el territorio nacional y que impacta con más fuerza al éxodo, que ya alcanza los 7,13 millones de migrantes y refugiados venezolanos por todo el mundo, según la plataforma R4V de Naciones Unidos.
A su vez, la guerra de obstáculos de la diáspora es especialmente ardua por la ausencia de sedes consulares en los países de acogida, los costos dolarizados y la exigencia de la presencialidad en el país que dejaron o del que huyen.
Es justo ahí donde entran en escena las redes de gestores y tramitadores en las redes sociales, un procedimiento prohibido por la propia legislación venezolana.
Barreras de acceso a documentos venezolanos
A finales de 2022, la Corte Constitucional de Colombia, que ha marcado un hito en la garantía de derechos en esa nación, pidió un concepto legal a cinco de las instituciones jurídicas de ese país en temas de migración, respecto de la vulneración de derechos por parte de la Registraduría Nacional (entidad que maneja la identificación de ciudadanos colombianos) hacia los hijos de colombianos nacidos en Venezuela para ejercer el derecho a la nacionalidad colombiana.
Estas instituciones consultadas, incluyendo algunas especialmente dedicadas a estudiar la diáspora venezolana, respondieron al máximo tribunal con abundantes detalles sobre los obstáculos en Venezuela para obtener documentos de identidad, Aquí resumimos algunas:
- Problemas para contar con un registro civil de nacimiento venezolano y el riesgo de apatridia. En no pocos casos, las personas provenientes de Venezuela tienen dificultades para realizar el registro de nacimiento en Venezuela, y la expedición de los documentos puede tomar mucho tiempo
- La escasez de materiales para la expedición del certificado de nacido vivo indispensable para inscribirse en el registro civil de nacimiento venezolano de manera oportuna
- Trámite de apostilla de manera presencial: la mayoría de las personas no cuentan con los medios económicos para dirigirse hacia Venezuela a realizar este trámite, no existe (aún) transporte público terrestre entre ambas naciones, obligándolos a salir por puntos migratorios no oficiales.
- El trámite administrativo en Venezuela para apostillar documentos es altamente lento, debido a que solo se puede hacer en la sede principal, por lo que el interesado debe viajar hasta Caracas y hay costos extraoficiales
- Barreras para el trámite de apostilla mediante el mecanismo virtual, el cual se limita a la apostilla de antecedentes penales y el certificado de datos con efectos consulares del Instituto Nacional de Transporte Terrestre y sólo hay agenda virtual para cita presencial
- Para que pueda acudir un tercero a realizar el trámite de apostilla se debe otorgar un poder ante una autoridad venezolana, que no se puede suplir con trámites en el extranjero
- El sistema exige un proceso de legalización de los documentos ante el SAREN, el cual solo puede realizarse de forma presencial
- La página solo permite realizar el registro ciertos días, dependiendo del último dígito de la cédula de identidad o de la partida de nacimiento, hay ocasiones en que el mensaje requerido para la confirmación de la cuenta no es enviado al solicitante, lo que hace imposible continuar con el trámite
- La página presenta caídas constantes y demoras en la carga de la información, motivo por el cual algunas personas no logran ingresar de forma efectiva al sistema electrónico
- La página web exige que la persona cuente con cédula de identidad venezolana, razón por la cual una persona que haya migrado sin haberla tramitado, por no cumplir la edad mínima necesaria, no puede realizar la solicitud electrónica.
Los gestores también migran y facturan
El grupo de Facebook denominado “Trámites SAIME – GTU – Antecedentes – Apostillas – Sacs y algo más!!”, tiene casi 11 mil seguidores y se creó el 13 de julio de 2022 bajo otro nombre: El Infierno del Darién.
En sus publicaciones iniciales abundan anuncios de coyotes que prometen cruzar la selva del Darién, noticias trágicas sobre la suerte de los migrantes en esa zona, trabajos de santería, envío de remesas y hasta famosos bulos como el del “venezolano que se grabó con un jaguar en Darién”, desmontado por varios portales de verificación.
El 6 de diciembre de 2022 optaron por cambiar al actual extenso nombre, donde se pregunta y ofrecen servicios de “gestoría” para una importante cantidad de documentos de identidad y trámites que manejan y controlan los entes estatales en Venezuela. Una especie de falso SAIME en Facebook.
El grupo es privado, por lo que hay que ser aceptado tras solicitud previa antes de leer sus publicaciones. Entre sus dos administradores visibles está Donna Quispe (con insignias de “administrador, generador de conversaciones y miembro fundador”). El otro perfil corresponde a Dairo B Márquez, cuyo apodo es “Curry” y con un perfil en Instagram como @dairobritom con 225 seguidores. Ambos tienen en común a la ciudad de Cumaná, al oriente de Venezuela, como lugar de residencia.
El objetivo del grupo no solo cambió de rubro, también rápidamente se organizaron para reunir a gestores en un mismo grupo de WhatsApp en el que se ofertan servicios desde líneas celulares venezolanas y otros países del continente, como Colombia y Perú, que en conjunto reúnen 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Toda una mina de necesidades y demandas para los tramitadores.
Todos los servicios están dolarizados, pero también reciben pesos colombianos o el equivalente al cambio de día en cuentas bancarias de Venezuela. Se ofertan desde el restablecimiento de usuarios en línea para pedir el pasaporte. “US $ 5, barato”, le dicen a los usuarios. Un trámite llamativo es la opción de obtener la cédula de identidad a distancia: “La que no registra en el SAIME a $ 30 y la que registra sale en $ 185”.
El trámite lo ofrecen para venezolanos y extranjeros, la tradicional cédula de fondo amarillo. El gestor envía al potencial cliente las fotografías o modelos (anverso y reverso). En resumen, el usuario tendrá en la oferta más económica una identificación inexistente en el sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). Es decir, un documento forjado y falso, aunque sea copia del original.
“Hola, busco apostillas de partidas de nacimiento”, dice un nuevo cliente desde una línea móvil de Chile. Entonces comienzan a llegar mensajes con la puja por el servicio: “la partida con los aranceles sale en $ 150… está listas de 15 a 20 días”.
En otro grupo de Facebook abierto llamado “Legalización y apostillado venezolanos”, con más de 12 mil seguidores, su administrador, un perfil que se ubica en Güigue, estado Carabobo, expone ante los miembros el perfil de una presunta estafadora y pide que le envíen información.
La práctica de los gestores es un tema de vieja data arraigado a la administración pública venezolana y que se sostiene con la complicidad interna de una red de funcionarios activos y captadores de potenciales “clientes”, la discrecionalidad y la nula transparencia de los procesos administrativos. Son muchos los factores de quienes usan estos tramitadores como salidas desesperadas y que ponen en riesgo su dinero y sus datos personales, a la vez que quedan en evidencia delitos contemplados en la Ley Orgánica de Identificación, la Ley Especial contra Delitos Informáticos y la Ley contra la Corrupción. El mismo SAIME recientemente reveló el desmantelamiento de una banda que se dedicaba a la “captación de pasaportes no presenciales”, un secreto a voces permanente entre la ciudadanía y las autoridades.
El caldo de cultivo que alimenta la labor de estas mafias de gestores y falsificadores se incrementa ante la inocultable realidad: el éxodo venezolano que no se detiene, como documentan autoridades migratorias de Colombia y Panamá, ONG y organismos de cooperación internacional que trabajan en la frontera colombo-venezolana, por donde pasa la migración en tránsito o con vocación de permanencia.
A esto se suman las innumerables trabas (costos anclados a la cotización del dólar, falta de material, plataformas caídas o con restricción de acceso, brechas tecnológicas y pésima conectividad, etc.).
Otro detonante es el riesgo de apatridia (no tener la nacionalidad de ningún país, como señala ACNUR Venezuela) en niños, niñas y adolescentes nacidos en Venezuela que salieron muy pequeños sin documentos o nacidos en el exterior, lo que lleva a sus padres a acudir a gestores y desconocidos en redes sociales con la esperanza de que sus hijos y todo el núcleo familiar pueda regularizarse y acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, etc. o emprender el largo y riesgoso camino hacia otros destinos del continente americano como Santiago de Chile, Miami o Quito.
