EL VENEZOLANO COLOMBIA | EL TIEMPO
“Ver esa marea de gente pasando al frente de mi casa me llevó a no quedarme quieta. Yo vivía bien en mi casa en Chía (población aledaña a Bogotá) y sentir la presencia de esos caminantes me activó una chispa. Es imposible no hacer nada. Teníamos que actuar”.
Así recuerda la médica venezolana Carmen Aída Farías el origen, en 2018, de Manitas Amarillas. Se trata de una organización civil que se dedica a garantizar el derecho a la salud de migrantes y “de quienes lo requieran sin importar nacionalidad”.
Hoy, Manitas Amarillas, gracias a su trabajo, cuenta con el apoyo económico de organizaciones de cooperación internacional como Usaid, el Consejo Noruego y la Cruz Roja, entre otras y ha logrado reunir hasta un centenar de médicos y voluntarios en las brigadas de salud y entregas de alimentos.
INICIATIVAS CIUDADANAS
La historia de Manitas Amarillas es similar a las de otras cerca de mil organizaciones que provienen de iniciativas ciudadanas que hacen trabajo de apoyo a la migración en diferentes ciudades de Colombia.
Todas tienen un origen común: la unión de profesionales o personas con vocación humanitaria tanto de Colombia como de Venezuela, a quienes las movió el deseo de ayudar a sus hermanos o compatriotas. Por ello, se identifican como ‘sin ánimo de lucro’.
El número exacto de organizaciones es incierto toda vez que, explica Txomin Las Heras, presidente de la Asociación Diálogo Colombovenezolano e investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, son cambiantes de acuerdo a las necesidades o las coyunturas del fenómeno migratorio.
“Las organizaciones de carácter civil nacen y crecen de acuerdo a una necesidad puntual, como asistencia migratoria o ayuda en la pandemia, por ejemplo. pero otras permanecen porque cambian su foco y se adaptan a las nuevas realidades de la diáspora”, agrega Las Heras.
Organizaciones civiles se enfocan ahora en integrar a los migrantes, pues el 35 % de los 7’131.435 venezolanos que salieron de su país se encuentran en Colombia.
Pero además tienen una ventaja, de acuerdo con las voces consultadas. Conocen su población y están en el territorio. Por ello, llegan a donde las grandes organizaciones tienen más problemas en acceder, lo que los convierte en aliados estratégicos. “Podemos llegar a donde ellos no alcanzan”, explica la directora de Manitas Amarillas.
“Somos entidades que tenemos mayor capacidad para aprovechar los recursos, gestionarlos y adaptarlos a las necesidades puntuales que siempre son cambiantes”, agrega Juan Carlos Viloria, médico y vicepresidente de la asociación Venezolanos en Barranquilla, quien asegura que sin la existencia de las organizaciones sociales de carácter civil, la migración habría desbordado a toda Latinoamérica.
Las redes sociales, un articulador
“Nuestro poder de convocatoria tiene toda la fuerza en redes sociales. Es ahí donde convocamos a los profesionales de la salud que quieran ayudar y a quienes lo necesiten. Es a través de esa vía que ampliamos nuestra fuerza y ahí nos vio la cooperación internacional y notaron nuestra capacidad de injerencia”, cuenta Aída Farías.
En su concepto, las redes sociales, particularmente Facebook e Instagram, son fundamentales para estas organizaciones, no solo para sumar voluntarios y mostrar su trabajo, sino que allí llegan todos los migrantes a buscar soluciones y contactos que les permitan acceder a sus derechos.
Y eso lo ha entendido bien ‘Venezolanos en Colombia’, una página de Instagram que se ha convertido en un lazo de contacto entre quienes llegan y aquellos que los pueden orientar, además de ofrecer ofertas de empleo y otras oportunidades.
La periodista detrás de la página es Ana Karina Gómez, una joven venezolana quien tras pasar lo que ella llama “la maldición del plátano verde”, representada en hambre, desempleo, falta de oportunidades y discriminación, decidió dedicar su tiempo a este portal, creado por una amiga migrante que la recibió al llegar al país.
“Tenemos contacto con más de 200 organizaciones en Colombia. Hay presencia en Arauca, en Norte de Santander y en otras zonas del país. Con ellas hacemos articulación de derechos”. Sostiene Ana Karina.
“Ellos nos contactan, y nosotros los enlazamos con quienes pueden prestarles ayuda, puede ser para regularizarse, o para buscar lugares donde comer, asistencia y atención en salud, entre muchas otras necesidades”, agrega.
Agrega que ella, como migrante, sabe que lo primero que se requiere al llegar al país es información, saber a dónde pueden llegar y cómo pueden acceder a sus derechos.
Este portal, dice Gómez, es una herramienta clave para quienes llegan pero también para quienes quieren quedarse. “Les ofrecemos contacto con personas que les hacen asesoría jurídica para que puedan regularizarse y exigir sus derechos laborales sin ser vulnerados”, añade.
La fuerza de las redes sociales en el trabajo de estas organizaciones de apoyo está basada en tres pilares claves, de acuerdo con Viloria: “Lo primero es informar a través de estos medios la oferta institucional para migrantes, lo segundo es comunicar lo que hacemos de modo que sirva de visibilización de nuestros esfuerzos y lo tercero servir de articulador y referenciador con organizaciones del Estado y gobiernos locales encargadas de garantizar el acceso a derechos”.
El futuro y los retos
Sin embargo, en junio de 2021, con la llegada del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), los retos cambiaron.
Ahora, las organizaciones de carácter civil saben que deben empezar a dar un giro en su trabajo para empezar a ayudar, no solo con la diáspora, sino con la integración.
Y desde ese año, hay resultados interesantes en cuanto a la regularización de la población migrante en Colombia. Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) , el 35 % de los 7’131.435 venezolanos que salieron de su país están en Colombia, es decir, 2’477.588 personas.
De ellos, dicen los datos, 1’492.275, es decir el 58 %, ya tienen en su poder el Permiso de Protección Temporal, documento que, de acuerdo al Estatuto, pretende “autorizar a los migrantes venezolanos que cumplan con los requisitos, a permanecer en el territorio nacional en condiciones de regularidad migratoria especiales, y a ejercer durante su vigencia, cualquier actividad u ocupación legal en el país”.
El gran desafío es cerrar las brechas para acceder a derechos. Eso se logra con información
La cifra, de acuerdo con Txomin Las Heras, ha representado un enorme esfuerzo que se puede convertir en un modelo a seguir en el resto del continente. Sin embargo, también hay tareas pendientes urgentes que deben resolverse pronto.
“Esa cantidad de personas con el Permiso son un logro muy grande. Ya hablamos de más de un millón de personas que se integraron al país de forma legal y regular. Es un caso singular en el mundo. Pero falta mucho. Y ahí será clave la sociedad civil para articular con los gobiernos locales y la cooperación internacional herramientas para llegar a muchas más personas”, consideró Las Heras.
Pero no solo eso. Hay una gran preocupación entre las organizaciones migrantes, porque si bien hay decretos, normas y reglas desde el Gobierno central, muchas veces esas actualizaciones normativas no llegan a los funcionarios de base, a los empresarios o a otros sectores.
Y eso perjudica el acceso a derechos. Ese vacío, en palabras de Juan Viloria, debe ser el foco de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
Información, traducida en pedagogía clara y oportuna para que tanto quien quiere regularizarse, como la persona que debe recibir al migrante, hablen el mismo idioma: el de la garantía de derechos.
“El gran desafío es cerrar las brechas para acceder a derechos. Eso se logra con información. Que el funcionario sepa en el banco que con el PPT se puede abrir una cuenta, o que se puede hacer afiliación a salud.Que el gerente entienda que con ese documento se puede vincular laboralmente con todas las garantías y evitar la explotación. Cuando cerremos esas brechas habremos avanzado un gran paso”, consideró Viloria.
Vacíos y trabas que traen crisis humanitaria
Otros grandes retos que se deben enfrentar en el futuro inmediato son las cada vez más frecuentes trabas que muchos países le ponen a los migrantes venezolanos para ingresar y ciertos vacíos en la legislación actual colombiana que generan incertidumbre.
De hecho, planes como el programa de permiso humanitario, impulsado por el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, ha permitido que 14.000 ciudadano venezolanos fueran aprobados para ingresar de manera legal a ese país, lo que redujo el paso por caminos ilegales de mil personas por día a solo 100 por día, según información publicada por CNN.
Y es que incrementar las trabas migratorias y los requisitos legales, consideran los expertos consultados, solo sirve para obligar a los migrantes a buscar rutas ilegales hacia Estados Unidos que ponen en alto riesgo sus vidas.
Ejemplo de ello es el creciente paso de personas, no solo venezolanos, sino también colombianos y de otros países caribeños, por lugares como la selva del Tapón de Darién, en la frontera colombiana con Panamá, o incluso a través de las playas de San Andrés, en embarcaciones que hacen escala en Nicaragua.
Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para final de 2022 habrán cruzado el peligroso camino del Darién al menos 200.000 viajeros indocumentados, lo que representará un aumento de 49,5 % con respecto a los 133.726 reportados en el año 2021.
Estos caminos, cooptados por actores armados ilegales, representan un enorme riesgo para la vida de quienes migran. Por ello, Las Heras considera que es necesario un gran acuerdo entre los países expulsores que permita garantizar un tránsito seguro para quienes deciden abandonar Latinoamérica.
“Es imposible evitar ese tránsito mientras haya gente dispuesta a correr esos riesgos. Lo que está a la mano de los gobiernos es ofrecer condiciones dignas para que lo hagan sin caer en manos de ilegales. Sería bueno lograr ese acuerdo regional que permita regular esa migración de la forma más segura posible”, dijo.
Sin embargo, Viloria cree que mientras persistan las trabas migratorias en los países vecinos será muy difícil que quienes migran no busquen caminos ilegales.
Eso, además, lo agrava el hecho de que actualmente hay una población irregular que está entrando por las trochas entre Colombia y Venezuela desde el 31 de enero de 2021 hasta la fecha y podrían no quedar cubiertos por el PPT. “Ahí hay un trabajo para el Gobierno nacional. Establecer políticas urgentes para ver cómo manejar esa situación”, consideró.
Al final, el llamado de las organizaciones sociales a los gobiernos es a no invisibilizar el problema migratorio.
“Nos preocupa que el gobierno actual de Colombia invisibilizó un poco el discurso sobre la migración para priorizar otros temas. Y creemos que es urgente que se mantenga el tema en la agenda, porque si bien se han dado pasos grandes en la regularización, el éxodo está muy lejos de terminar”
