EL VENEZOLANO COLOMBIA | ANIMAL POLÍTICO
El juzgado segundo de distrito del estado de Chiapas ordenó al Instituto Nacional de Migración (INM) retirar un boletín publicado el 1 de octubre de 2020 en el que amenazaba con cárcel a los migrantes accediesen al país “sin medidas sanitarias” derivadas de COVID-19.
Además, ordena a la institución que dirige Francisco Garduño y a la secretaría de Gobernación que “se abstengan de emitir en los distintos medios de comunicación oficial discurso o mensajes discriminatorios, estigmatizantes, segregantes y marginantes en agravio de las personas migrantes o extranjeras en situación de movilidad que ingresan a territorio nacional”.
La orden del juez viene después de que concediera la suspensión provisional tras un amparo presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de Tapachula, Chiapas. Este recurrió a los tribunales después de un comunicado emitido por el INM en el que amenazaba con cárcel a los migrantes que accediesen a México y pudiesen portar COVID.
Alegaba Migración que existen leyes estatales y federales que prevén penas de hasta 10 años de prisión para quien pusiese en peligro la salud de otro y le expusiese a un contagio a sabiendas. Este comunicado se produjo en el contexto de una caravana que acababa de partir desde San Pedro Sula, Honduras, y que aprovechó el fin de los estrictos confinamientos con los que los países centroamericanos trataron de combatir la pandemia.
La marcha nunca llegó a territorio mexicano, ya que las autoridades guatemaltecas la dispersaron antes. Sin embargo, ahí quedó la amenaza del INM contra los migrantes sin documentación.
Ante el amparo presentado por Fray Matías, el juez ordena retirar el boletín “por considerar la parte quejosa que se transgrede el derecho humano a la no discriminación y de seguridad jurídica, al estimar que fomenta el estigma de que toda persona extranjera es fuente de contagio de COVID-19 y que representan un peligro por ello deben ser objeto de sanción penal”.
El boletín ya ha sido retirado de la web del gobierno federal, ya que la resolución fue emitida el pasado 14 de diciembre. Animal Político quiso conocer la posición del INM ante la decisión judicial, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
“El gobierno de México ha estado emitiendo una serie de comunicaciones que tienden a generar un clima de discriminación, xenofobia, estigma y segregación a las personas extranjeras. Este ha sido un tema general, que se materializa con el boletín de prensa”, dijo Guillermo Naranjo, abogado del Fray Matías. En su opinión, resulta importante que la suspensión no se limite al comunicado de octubre de 2020, sino que se haga extensible a cualquier mensaje xenófobo o discriminatorio que pueda emitir el INM y la Segob.
“Si el día de mañana se emite un comunicado que sugiera una suerte de discriminación, esta se puede hacer del conocimiento del juez y habría un incumplimiento. Este puede suponer multas, sanciones económicas o investigación penal”, explicó Naranjo.
Desde octubre, cuando una caravana partió desde Tapachula, el INM emitió diversos boletines en los que volvía a vincular a migrantes con diversas enfermedades. Por un lado, anunció haber detectado seis casos de dengue. Por otro, aseguró que varios de los que decidieron entregarse a las autoridades para que su caso fuese tramitado también presentaron COVID. Esto dentro de una estrategia que buscaba agotar a los integrantes de la marcha para que se desistieran: la Guardia Nacional cerraba la carretera y les impedía subirse a vehículos en los que avanzar sin tener que caminar.
Ahora el juez debe entrar al fondo del asunto y valorar si los boletines del INM fueron discriminatorios. La audiencia estaba fijada para el martes, 11 de enero, pero un retraso en las comunicaciones obligó a retrasarla. Mientras se lleva a cabo, está vigente la suspensión.
