EL VENEZOLANO COLOMBIA | DIÁLOGO AMÉRICAS
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), una agencia de protección para los refugiados, más de 4,5 millones de venezolanos abandonaron su país en un lapso de siete años, escapando de las duras condiciones económicas, sociales y políticas.
El éxodo puede dividirse en dos olas migratorias. La primera ola comenzó con el ascenso de Hugo Chávez al poder y finalizó unos meses después de su muerte. Esta ola incluyó a muchas personas de negocios, líderes políticos de la oposición y exempleados estatales. Sus datos demográficos son bastante escasos. Según el sociólogo venezolano Tomás Páez, más del 90 por ciento de estos refugiados tenían algún tipo de formación profesional.
La segunda ola comenzó en 2014, bajo el régimen de Nicolás Maduro. El número es mucho mayor y su demografía bastante más diversa.
La académica venezolana Rina Mazuera-Arias, profesora e investigadora de Derecho Civil, demostró con su equipo que aproximadamente la mitad de los refugiados recientes (de 2019) tienen formación profesional, un porcentaje aún alto si se compara con otras olas migratorias globales, pero menor que el de la primera ola.
En ambas olas pudo apreciarse el rol activo de Chávez y Maduro. A principios de la década de 2000 un gran número de exempleados estatales, principalmente de la compañía petrolera PDVSA, abandonaron Venezuela luego de participar en huelgas antigubernamentales. El Gobierno de Chávez despidió a unos 18 000 trabajadores de PDVSA y los incluyó en una lista negra, que los excluía de ocupar puestos en el gobierno, les negaba acceso a la asistencia de servicios públicos y además perseguía y encarcelaba a dirigentes sindicales. Muchos de estos ingenieros, científicos y administradores abandonaron Venezuela y consiguieron empleos en industrias petroleras de otros países.
Durante el régimen de Maduro, este modus operandi fue intensificándose, sobre todo la persecución de líderes y activistas de la oposición política, cuyas opciones son huir del país, buscar refugio en una embajada o convertirse en prisioneros políticos, a menudo en la tristemente célebre cárcel del Helicoide. El creciente número de activistas de distintos partidos políticos que viven en el extranjero, sus historias de persecución, permanentes amenazas e intimidaciones, y tener que salir en forma clandestina del país, son ejemplos que prueban la participación activa del régimen.
La persecución de Maduro no solo se ha enfocado en activistas políticos, sino que también abarca a sus familiares. A menudo, cuando el régimen no puede someter a un líder opositor, ya sea por su importancia o porque logró escapar, ataca a sus familiares, como ocurrió hace poco con la persecución del tío del presidente interino venezolano Juan Guaidó.
Campaña de intimidación
Mujeres refugiadas venezolanas caminan por un campamento administrado por la Organización de las Naciones Unidas en Maicao, Colombia, en mayo de 2019. (Foto: Reuters)
La persecución no solo apunta a ciudadanos venezolanos. En 2015, el régimen de Maduro expulsó a más de 2000 colombianos que residían en Venezuela, mediante una campaña de intimidación a través de un operativo de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), una iniciativa gubernamental contra el crimen, que incluyó allanamientos policiales en domicilios particulares en busca de colombianos, marcando las fachadas de las viviendas con las letras R para “registrado” o D, para “demoler”. Esto provocó la emigración de otros 22 000 colombianos, por temor a la represión de las fuerzas del régimen.
Entre los venezolanos perseguidos también hay exmagistrados de la corte, periodistas, activistas de organizaciones no gubernamentales y muchos que han levantado su voz contra el régimen y posteriormente huyeron, luego de sufrir amenazas y hostigamiento del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y enfrentar acusaciones de “traición a la patria”, lo que derivaría en juicios ante tribunales militares.
El régimen venezolano no lleva estadísticas públicas de emigración, lo que sugiere su intención de ocultar el asunto, restarle importancia o ignorarlo. Por ende, los datos deben obtenerse de otras fuentes.
Una amenaza menor para el régimen
Al mismo tiempo, el régimen ha tenido un papel más pasivo en el éxodo, que en parte ha ayudado a su supervivencia. El primer beneficio comenzó con la primera ola y continúa hasta la actualidad. Los sociólogos venezolanos Iván De la Vega y Claudia Vargas han demostrado que, como era de esperarse, quienes emigran apoyan a la oposición, una tendencia que ha aumentado con los años. La salida masiva de personas hizo que el número de voces críticas dentro del país disminuyera, redujo la participación ciudadana en las protestas antigubernamentales e incluso dificultó la participación de detractores en las elecciones, implicando una menor amenaza al régimen.
El segundo beneficio está vinculado con sus gastos. La crisis que causó la migración ha sido principalmente producto de las propias políticas sociales y económicas fallidas del régimen. Como ha sido ya ampliamente informado, la crisis económica tuvo un fuerte impacto sobre los servicios públicos. Escuelas, hospitales, universidades y los servicios de agua potable y electricidad, entre otros, han sufrido severos recortes presupuestarios.
El éxodo ha favorecido al régimen al reducir la cantidad de niños y jóvenes en edad escolar, así como también el número de pacientes que requieren tratamiento. Esto significa que hay menos bocas que alimentar, menos necesidad de medicinas, menos empleados públicos a quienes pagarles y, en general, una menor presión en el gasto público. Solo en el sector educativo, según datos del propio gobierno, más de 683 000 estudiantes dejaron de asistir a la escuela entre 2013 y 2017. El Instituto Nacional de Estadística de Venezuela indica que, entre 2015 y 2018, se cerraron más de 1270 escuelas.
El régimen también se ha beneficiado de las remesas que los refugiados envían a Venezuela, lo que ayuda a estimular la decadente economía. Las remesas han generado empleos, les han permitido a algunas familias mantener un nivel de vida decente y han inyectado las divisas tan necesarias para la economía, lo que mitiga, en gran parte, la hiperinflación que se vive en el país. Es difícil conocer la cifra real del ingreso de remesas, pero se cree que alcanzaron más de USD 3000 millones por año, en su punto máximo.
El país, sin embargo, ha padecido además una importante fuga de cerebros. La inseguridad, los altos índices de inflación y los bajos salarios de los empleados públicos han motivado la emigración de miles de médicos, enfermeros, científicos y educadores. Los académicos venezolanos Jaime Requena y Carlo Caputo, investigadores de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, pusieron de manifiesto la cruda situación y mostraron que, entre 1960 y 2000, solo 235 investigadores de alto perfil habían abandonado el país, mientras que entre 2000 y 2015 se fueron más de 1450, cifra que sigue en ascenso desde ese entonces.
Además, gran cantidad de políticos y activistas opositores que residen en el extranjero han formado influyentes grupos de presión, que exponen continuamente la naturaleza represiva del régimen de Maduro.
El impacto del COVID-19
En 2020, la situación del COVID-19 ha mostrado una nueva dimensión del fenómeno. Muchos venezolanos que viven en el extranjero obtienen sus ingresos del trabajo informal, y la cuarentena los ha afectado profundamente en sus distintos países de residencia. La mayoría de ellos carece de acceso a los sistemas de seguridad social. Por eso muchos venezolanos han emprendido el regreso a casa. Se estima que volvieron cerca de 15 000 venezolanos; es un porcentaje bajo, pero la cifra es importante. El régimen de Maduro se ha aprovechado del regreso de los venezolanos para realizar actividades de propaganda política. También hubo informes de discriminación y condiciones sanitarias deficientes en los campamentos de cuarentena.
Además, los migrantes regresan a un país con un sistema de salud devastado, ubicado en el puesto 176 de 195 del ranking mundial, según el índice del Centro para la Seguridad Sanitaria de la Universidad John Hopkins, quien también monitorea la propagación del virus. El Programa Mundial de Alimentos estima que más del 40 por ciento de los hogares venezolanos sufre diarios cortes de agua y que el país corre el riesgo de sufrir una monumental hambruna. Para fines de abril de 2020, el régimen venezolano solo había reportado 329 casos de coronavirus y 10 muertes, aunque probablemente los números sean mucho mayores. Con la falta de acceso a medicinas y donde incluso lavarse las manos es un desafío, la amenaza del virus es permanente. La economía se ha visto aún más afectada por la mayor caída del precio del petróleo en su historia y la reducción del flujo de remesas. El régimen sufrirá aún más en los próximos meses, y los migrantes se verán obligados a abandonar su país nuevamente, ya sea por la fuerza o por las circunstancias.
El régimen venezolano ha sido tanto una fuerza activa como pasiva que motivó la migración de venezolanos, y ha experimentado beneficios y perjuicios por este fenómeno. Sin embargo, el COVID-19 no solo ha generado una situación sin precedentes, sino que también debilitará aún más las inestables instituciones públicas de Venezuela.
Paradójicamente, cualquier futuro gobierno de transición también dependerá de las remesas y de la presión reducida sobre los servicios públicos. Sin duda, muchos de los que huyeron regresarán, sobre todo aquellos que sufrieron persecuciones. El gobierno de transición también necesitará que trabajadores claves retornen a Venezuela. No obstante, también se beneficiará de un regreso escalonado de la mayoría de los demás migrantes para obtener el capital tan necesario, y no sobrecargar el debilitado sistema de salud que heredará. Las consecuencias de la migración generada por las políticas de los regímenes de Chávez y Maduro seguirán sintiéndose en las décadas venideras.
