La bandera iraní ya ondea en el centro de Caracas. El liderazgo democrático del hemisferio no puede ignorarlo. Es una provocación que nos obliga a actuar.
La devastación de la Nación venezolana es profunda y la explosividad de la situación está crudamente expuesta: violación masiva y sistemática de los derechos humanos, pandemia en medio de un drama humanitario, colapso de la economía y de todos los servicios públicos, una irresoluble crisis energética en un país que fue paradigma mundial de la industria petrolera.
Venezuela es un Estado fallido. La tragedia está a la vista y no admite ingenuidad o indiferencia: ausencia total de Estado de Derecho, pérdida incremental del control sobre el territorio y la imposibilidad de garantizar un mínimo de seguridad humana en cualquiera de sus múltiples dimensiones.
Venezuela es, además, una nación ocupada. La anarquía crece con la multiplicidad de grupos criminales, incluida las guerrillas colombianas, los carteles de la droga y células de Hezbolá, que se disputan vastas extensiones de territorio y recursos estratégicos del país.
Desde muy temprano en su acción destructora, el régimen chavista dio paso a una creciente vulneración de la soberanía nacional. Numerosos e insondables convenios con Cuba aseguraron el saqueo sistemático de las riquezas y de los activos, y asentaron el progresivo control cubano de la Fuerza Armada Nacional y del aparato de inteligencia y represión de la tiranía.
La convergencia de regímenes autoritarios y organizaciones terroristas y criminales transnacionales configura un secuestro con vocación de saqueo de toda una nación, en alianza con un conglomerado internacional de sedicentes empresarios y financistas depredadores que hacen vida y esconden sus capitales en las metrópolis de los países más desarrollados. Simultáneamente, estos grupos se esconden tras el ropaje de “reivindicaciones sociales” y construyen fachadas políticas como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla para conspirar contra las instituciones de los países que los oponen.
El propósito financiero y criminal de ocupar a Venezuela, adquiere una dimensión geopolítica crítica al entender el grado de participación que tienen los regímenes ruso, chino e iraní en la dinámica venezolana y su evidente propósito de expandir su influencia y acciones en el hemisferio, para desestabilizar a las democracias occidentales. La ahora explícita presencia iraní en Venezuela demuestra la radicalización de las alianzas del cartel que tiraniza al país y su decisión de atrincherarse en el poder.
A nivel hemisférico, esta situación impacta los intereses más fundamentales de las democracias de las Américas. Occidente no puede permitir un Estado fallido y criminal, ocupado por potencias antidemocráticas y grupos terroristas ajenos a la región, en el corazón del continente. A nivel global esto representa una agresión al corazón mismo de la noción civilizadora de democracia liberal y representativa, y a los valores de la cultura occidental. Sólo basta con ver el avance del ataque institucional en España.
Los venezolanos hemos intentado todo para derrotar al régimen en 21 años de lucha. Y los resultados nos obligan a descartar mecanismos que sólo han servido para atornillarlos al poder. Esto hemos intentado:
Elecciones. Llevamos 29 procesos electorales y 15 referendos en 22 años y cada vez el control del régimen sobre los resultados ha crecido hasta el punto de desconocer por vías ilegítimas aquellos que les han sido adversos. Si no hay soberanía nacional, no hay posibilidad de soberanía popular. Mientras el régimen esté en el poder no habrá elecciones, sólo farsas.
Diálogos. Llegamos a una docena de iniciativas de diálogo promovidos con el fin de lograr una “solución negociada” con la tiranía. En sucesivos episodios de “diálogos” con algunos representantes de la oposición venezolana, el régimen se burló del Vaticano, de la Unión Europea y de los cancilleres de Latinoamérica; nunca pretendió cumplir los acuerdos, solo querían ganar tiempo. Lo lograron. En realidad, el propósito de estas conversaciones era eliminar las sanciones impuestas por la comunidad internacional, que limitan los movimientos de los miembros de las diferentes mafias y su entramado de testaferros, y que constriñen los flujos financieros del Estado forajido.
Insurrección militar. Las Fuerzas Armadas venezolanas son una institución en proceso de disolución con un precario apresto operacional. La implacable infiltración de agentes cubanos y rusos, y la degeneración mafiosa de su estructura, han logrado neutralizar a los miembros que conservan convicciones democráticas. La verdadera efectividad de estas fuerzas es que están armadas para la inteligencia, la represión y la propaganda. Esta red de vigilancia y control se vierte también hacia su interior, por lo que los múltiples intentos de insurrección llevados a cabo por militares institucionales para desconocer al régimen criminal han sido infiltrados desde sus gestaciones, con consecuencias brutales en prisión, tortura y muerte para sus promotores.
Insurrección popular. Esta fuerza la hemos ejercido durante los 21 años de régimen chavista. Los venezolanos, valientemente, nos hemos confrontado con esta corporación criminal multinacional y hemos desplegado todas las modalidades de lucha ciudadana, a pesar de la represión, el control social y la violencia sistemática contra ciudadanos indefensos, que han dejado miles de heridos y muertos. Hoy, la sociedad venezolana sigue igualmente dispuesta a luchar, pero tiene muy claro que es suicida hacerlo sin el respaldo de las fuerzas democráticas de Occidente, acompañando una acción conjunta.
Por todo esto, queda una única alternativa para desalojar definitivamente al conglomerado criminal que desarrolla un conflicto no convencional y totalmente asimétrico en contra de los venezolanos, y es la conformación de una coalición internacional que despliegue una Operación de Paz y Estabilización en Venezuela (OPE).
Nuestro país está invadido y ocupado; la Nación secuestrada, brutalizada y saqueada. Cada día que pasa el sufrimiento de los venezolanos se incrementa con pérdidas incalculables y el régimen avanza en la desestabilización del hemisferio. Si bien no existe un “derecho de intervención”, sí es legítima la “obligación a intervenir y el Derecho a Proteger” (R2P). Oponerse a la presencia en Venezuela de una fuerza de paz internacional que asista a lo que queda de nuestras instituciones, incluyendo a los restos de la FAN profesional a recuperar el control y pacificar el país, es condenar a nuestra Nación a sucumbir al dominio total de las mafias.
Una Operación de Paz y Estabilización (OPE) conlleva el reto de controlar el territorio y la neutralización de una compleja y organizada red de bandas criminales y grupos irregulares, mientras se estabiliza el país y se recuperan sus capacidades productivas y el Estado de Derecho. Es, por lo tanto, una “operación de paz multifacética” que debe incluir por lo menos:
a) control del territorio, seguridad y desarme;
b) asistencia humanitaria primaria;
c) reconstrucción de la infraestructura de emergencia y de los servicios públicos;
d) restauración de la ley y el orden;
e) promoción del Estado de Derecho
f) reinstitucionalización democrática del país.
Desde un punto de vista causal, el éxito de cada uno de estos objetivos es prerrequisito para el éxito de los otros.
Por ello, lo ideal es que esta operación de paz multifacética no esté bajo la égida de una sola organización, sino conformada por una coalición de aliados con disposición y legitimidad regional en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), contando con la participación de organizaciones y países con distintas tareas complementarias. Para los asuntos de seguridad y desarme, apoyarnos en la plataforma del TIAR (que establece la obligación de mutua ayuda y de defensa común de las Repúblicas Americanas), para lo concerniente a salud y alimentación, las agencias de la ONU, para la reconstrucción de la infraestructura, apoyarnos en los diferentes mecanismos interamericanos, y contar con la OEA, la UE y la ONU para la vigilancia de los derechos humanos y la reconstrucción de nuestro sistema electoral.
En la historia hay múltiples ejemplos de intervenciones internacionales exitosas, pero también hay muchos casos donde el auxilio llegó demasiado tarde. Mientras más tarde, más larga, compleja y costosa se hace la operación y eso es precisamente lo que está sucediendo en Venezuela.
El hemisferio se ha movido en la dirección correcta al aplicar sanciones a los jerarcas del régimen y a las empresas del Estado utilizadas para oxigenar el aparato criminal. Las recientes imputaciones emitidas por la justicia de los Estados Unidos contra los más altos jerarcas del régimen por cargos de narcotráfico y terrorismo, así como, la operación multinacional antinarcóticos recientemente desplegada, integrada por 22 países, son pasos firmes en la construcción de una amenaza real a la tiranía. Ello ubica nuestra lucha en el plano correcto: las fuerzas democráticas frente a un conglomerado criminal.
Sin embargo, hay que acelerar el paso y proceder con nuevas acciones:
- El urgente bloqueo total de los flujos financieros y materiales de Venezuela hacia Cuba, así como la interrupción de la injerencista red de telecomunicaciones entre los dos regímenes, la cual soporta el control y la presencia de agentes cubanos en las instituciones neurálgicas del Estado venezolano: los servicios de inteligencia, los puertos, la gestión de la represión, las fuerzas armadas, las notarías, el sistema de identificación nacional y, por ende, en el sistema electoral.
- Expandir las capacidades y el alcance de la operación multinacional antinarcóticos actualmente desplegada en el Caribe, para incluir en sus atribuciones el bloqueo naval y aéreo de toda actividad de saqueo y colaboración del régimen venezolano con potencias extra-continentales y antidemocráticas.
- Combatir el sistema de censura y propaganda del régimen a través de medios de alta tecnología.
- Liderar una coalición para la conformación de una operación de paz multifacética para la recuperación y transición democrática en Venezuela.
El fenómeno emergente de la pandemia ha provocado enormes exigencias internas a nuestros aliados. Sin duda, una operación de paz y estabilización en Venezuela representa el mayor desafío para Occidente, con sus riesgos y costos asociados. Este reto se justifica y se hace impostergable ante las consecuencias devastadoras que tendría para la seguridad hemisférica mantener a un régimen criminal que cada día avanza en su propósito de socavar las democracias y las sociedades libres.
Los venezolanos no descansaremos hasta lograr la libertad plena y la soberanía de nuestro país. Transformaremos a Venezuela desde el enclave del crimen mundial que es hoy, a una vigorosa nación que fomente la convivencia democrática, la justicia, las inversiones, el comercio y el bienestar de todos sus ciudadanos.
Liberar a Venezuela es indispensable para detener la operación de las fuerzas del crimen mundial contra Occidente. No se trata sólo de ser solidario con los venezolanos. Se trata de que cada quien asuma su responsabilidad histórica o sucumba ante el avance de tan inescrupulosa alianza. En nuestras manos está impedirla, por eso debemos actuar juntos, y hacerlo ya.
