El domingo 22, Loraine R. cumplirá 11 años. Su madre Mariela le ha anticipado que será su última Navidad en Ecuador. Después de eso volverán a Maracaibo. La niña -de voz dulce, con ese acento costeño que pasa por alto la letra s- no solo dejó Venezuela sino también la escuela. En sus 20 meses en Ecuador no ha ido a clases.
En un parque, en la Sancho Hacho, en La Rumiñahui, norte de la capital, el viento sopla fuerte. El cabello castaño de Loraine, atado en una cola, vuela alrededor de su cara. “Estoy acostumbrada al calor, me hace falta”. También admite que lo que más extraña es estudiar. “Ya se me olvidaron las matemáticas y lo que es leer”.
Hasta
el 20 de agosto, según un informe del Ministerio de Gobierno, se registró la
presencia de 349 097 ciudadanos venezolanos en el país. De ellos, 88 320 tienen
entre 3 y 17 años. Pero solo 34 000 están en el sistema educativo;
aproximadamente hay 54 000 fuera de las escuelas.
El primer dato es un cálculo de la
Dirección Nacional de Migración, desde el 2014. Los demás son de la Cartera de
Educación a este diciembre, proporcionados por Unicef.
Se necesita contar con un registro validado del número de niños y adolescentes extranjeros que ingresan al Ecuador. Y si se pudiera ir un poco más allá deberíamos hacer una especie de corredor de protección desde que salen de sus países y llegan a este territorio.
La directora de la ONG Rescate Escolar y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Niño Quito, Sybel Martínez indicó en esta tema lo siguiente:
“Necesitamos contar con un registro validado del número de niños y adolescentes extranjeros que ingresan al Ecuador. Y si se pudiera ir un poco más allá deberíamos hacer una especie de corredor de protección desde que salen de sus países y llegan a este territorio. La semana pasada le comenté la idea a Acnur. La propuesta surge porque, como Consejo de Protección de Derechos de Quito, recibimos denuncias de violencia contra niños venezolanos en el sistema educativo y creemos que hay un subregistro. Me dijeron que tenían siete casos de xenofobia en el Ministerio. Las organizaciones necesitamos saber cuántos están escolarizados y cuántos no, y saber dónde están, para hacer una real política pública de atención y de prevención. También es importante pensar en la idea de flexibilizar los requisitos para que ingresen a escuelas. La Convención de Derechos del Niño nos exige protegerlos más”, agregó Martínez.
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