EL VENEZOLANO COLOMBIA
Un grupo de 252 venezolanos, deportados desde Estados Unidos y confinados en la megacárcel de El Salvador, enfrenta condiciones inhumanas, según denuncias de sus defensores legales.
Los abogados del Grupo Ortega señalan que los migrantes sufren vejaciones físicas y psicológicas, mientras el gobierno de Nayib Bukele bloquea cualquier intento de asistencia o verificación de su estado. Este caso, que involucra también errores en deportaciones, ha encendido las alarmas de organismos internacionales.
Condiciones inhumanas en el Centro de Confinamiento
Los migrantes venezolanos, recluidos desde el 16 de marzo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), padecen un trato degradante. Según el abogado Salvador Ríos, las autoridades han rapado sus cabezas y los han encadenado, prácticas que calificó como “atropellos físicos y morales”.
Imágenes de su ingreso al penal, difundidas ampliamente, muestran a los detenidos en filas, sometidos a un régimen que organizaciones de derechos humanos han tachado de cruel.
Barreras para la defensa legal
El equipo jurídico del Grupo Ortega, contratado por Venezuela, enfrenta un muro de silencio. A pesar de gestiones como un recurso de habeas corpus presentado el 24 de marzo ante la Corte Suprema de Justicia salvadoreña y solicitudes de “prueba de vida”, no han obtenido acceso a los reclusos.
Isael Guerrero, otro abogado del caso, describió la situación como una lucha infructuosa, señalando que las autoridades ni siquiera han respondido a una carta dirigida al presidente Bukele solicitando entrevistas con los afectados.
Ausencia de procesos judiciales
Un aspecto alarmante es la falta de claridad sobre los cargos contra los migrantes. Según los defensores, los venezolanos no enfrentan procesos legales ni en El Salvador ni en Estados Unidos, lo que convierte su detención en arbitraria.
El vicepresidente Félix Ulloa ha justificado el encierro como un “servicio de alojamiento penitenciario”, una declaración que no explica la base legal de la privación de libertad y ha generado críticas por su ambigüedad.
Errores en deportaciones agravan el escándalo
El caso ha tomado mayor relevancia tras revelarse fallos en las deportaciones. Kilmar Armando Ábrego García, un salvadoreño con protección legal contra la expulsión, fue enviado por error al Cecot y luego trasladado a una granja penal.
De manera similar, un venezolano identificado como Cristian fue deportado a pesar de una orden judicial estadounidense que prohibía su traslado. Estos incidentes han intensificado las demandas de transparencia.
Llamado internacional sin respuesta
Organismos de derechos humanos y la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador han sido alertados, pero las gestiones no han prosperado. El habeas corpus, presentado en nombre de 30 migrantes y extensible a los demás, sigue sin respuesta.
La comunidad internacional observa con preocupación un caso que evidencia violaciones a los derechos fundamentales y un sistema que, según los abogados, opera en la opacidad.
