EL VENEZOLANO COLOMBIA
La Organización de las Naciones Unidas expresó este martes su profunda inquietud por la situación de cientos de migrantes expulsados por Estados Unidos a naciones distintas a la de su origen. En particular, el destino incierto de 245 venezolanos y 30 salvadoreños trasladados a El Salvador ha encendido las alarmas en el ámbito de los derechos humanos.
Las condiciones en que permanecen detenidos, sumadas a la opacidad de las autoridades involucradas, configuran un escenario preocupante, según el Alto Comisionado Volker Türk.
Deportaciones sin transparencia ni garantías
Según informó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, muchos de los migrantes fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, vinculados presuntamente a organizaciones delictivas. Sin embargo, no se han presentado cargos formales ni se ha otorgado a los afectados acceso a asesoría jurídica, derecho a apelación ni contacto con sus allegados.
Diversos testimonios recabados por el organismo internacional señalan que estas personas se encuentran confinadas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un penal de máxima seguridad en El Salvador conocido por sus condiciones extremas. Según datos oficiales, entre enero y abril de este año, más de 140.000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos.
Centro de detención bajo escrutinio
El CECOT, construido para albergar a presuntos pandilleros salvadoreños, ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones humanitarias debido al trato severo que reciben los internos. A los migrantes trasladados allí no se les ha notificado oficialmente su situación legal, ni se han hecho públicas listas de detenidos, lo que impide que sus familias conozcan su paradero.
La ONU ha recibido denuncias de que algunos parientes solo supieron del destino de sus seres queridos al ver videos en redes sociales donde estos aparecían esposados o siendo ingresados al penal. La falta de acceso a recursos judiciales y a representación legal constituye una grave vulneración de las garantías procesales.
Llamado urgente a Washington y San Salvador
Volker Türk insistió en que las deportaciones deben cumplir con los estándares del derecho internacional y advirtió que enviar personas a lugares donde corren riesgo de sufrir tortura u otros daños irreparables contraviene normas fundamentales. Asimismo, pidió a Estados Unidos respetar los fallos de sus propios tribunales y cesar la práctica de expulsar individuos hacia terceros países sin garantías de protección.
Reacción de Caracas
Por su parte, el régimen venezolano criticó con dureza el pronunciamiento del Alto Comisionado. A través de un comunicado, la Cancillería acusó a Türk de actuar con parcialidad y de ignorar las denuncias que Nicolás Maduro, según dijo, le presentó hace más de seis semanas, incluyendo el caso de la menor Maikelys Antonella Espinoza Bernal, presuntamente retenida de forma arbitraria en territorio estadounidense.
La compleja trama diplomática y jurídica en torno a estas expulsiones expone una profunda crisis en el manejo de los flujos migratorios. Mientras tanto, decenas de familias siguen esperando respuestas que, por ahora, ni Estados Unidos ni El Salvador han ofrecido.
