EV COLOMBIA | EL ESPECTADOR
Mis hijos tienen 11 y 9 años, tienen los pasaportes vencidos y no los hemos podido renovar. Me preocupa porque el mayor ya tiene edad para tener la cédula venezolana, pero tampoco la podemos sacar desde Colombia; resulta que para ciertos trámites me piden su pasaporte o la cédula y no tengo ninguno de los dos; como no tienen esos papeles, no pueden acceder al Permiso Especial de Permanencia y no los puedo afiliar a una EPS”, relata Kristhian Bolívar, un migrante venezolano en el país.
Adonay de Jesús Parra, profesor jubilado venezolano en Bogotá, cuenta que cada año debe presentar una fe de vida ante las autoridades venezolanas. “Nunca tuve inconveniente porque hacía el trámite ante una notaría; pero resulta que ahora salió un decreto en Venezuela en el que les prohíben a las autoridades colombianas dar este tipo de constancia y no hay quién me dé este papel que diga que estoy vivo”. La fe de vida es un documento exigido por instituciones públicas y privadas para el pago de jubilaciones.
No pasa solo en Colombia. Una venezolana que migró a Canadá relata que le tocó esperar más de dos años a que le renovaran su pasaporte, trámite que comenzó a hacer seis meses antes del vencimiento del documento. “Me dijeron que pagara una prórroga y que necesitaba copias de documentos certificados por el consulado y resulta que en este país hay dos representaciones consulares: la de Maduro y la de Guaidó, una dificultad porque no sé cuál es la válida”, se queja.
A raíz de la declaración de un gobierno de transición en Venezuela el 23 de enero de 2019 y la designación, a partir del 29 de enero, de representantes diplomáticos ante más de cuarenta países y organismos multilaterales, se produjo una situación de ruptura de relaciones de varios Estados con el gobierno representado por Nicolás Maduro, que no se limitó al ámbito diplomático, sino que, en algunos casos, se extendió a las relaciones consulares.
Y esto generó tres tipos de representación consular: una, que está en los países que siguen reconociendo al gobierno de Maduro y donde se ofrecen todos los servicios “con la misma ineficiencia que se hacen los trámites en Venezuela”, denuncian ciudadanos de ese país. Dos, el consulado donde no hay representación del gobierno de Maduro porque se rompieron las relaciones diplomáticas y se reconoce al gobierno de transición; sin embargo, esas representaciones no pueden hacer trámites como expedir cédulas y pasaportes.
Y la tercera, servicios híbridos: países que no reconocen a Maduro pero dejaron los servicios consulares y admitieron al gobierno de transición, poniendo a los ciudadanos en confusión porque no saben dónde hacer los trámites, resalta el informe “Desprotegidos”, realizado por los investigadores Ligia Bolívar y Carlos Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB).
En Colombia, el consulado de Venezuela está cerrado desde febrero de 2019. Nicolás Maduro rompió relaciones con Colombia el 23 de febrero de 2019 a raíz del fallido intento del jefe de la oposición, Juan Guaidó, de ingresar una caravana de ayuda humanitaria desde Cúcuta. Desde entonces la casa de dos pisos, ubicada al norte de Bogotá, está abandonada al igual que los ciudadanos venezolanos, que no tienen cómo hacer sus trámites.
“La ausencia de servicios consulares que afecta a la población venezolana fuera del país impacta negativamente el ejercicio de sus derechos, debido a las restricciones para acceder a documentos que solo pueden ser emitidos por Venezuela, así como a la imposibilidad de realizar trámites ante las autoridades de los países receptores y la ausencia de asistencia social, económica y legal en casos de emergencia”, explica la profesora e investigadora Ligia Bolívar.
Juan Guanipa, representante de Guaidó en Colombia, resalta que “todas las solicitudes que hace el gobierno de Colombia para solicitar refugio o estatus migratorio tienen requerimientos básicos, como los documentos de identidad, y efectivamente estos son solo emitidos por el régimen”.
Los trámites en Venezuela
El problema comienza en su país natal. Los venezolanos se enfrentan a muchas restricciones para tramitar la visa, cédula, partida de nacimiento, certificación de calificaciones y títulos para la educación y el trabajo, entre otros. Las instituciones venezolanas no emiten estos documentos y cuando lo hacen, el tiempo de espera es muy largo, lo que ha generado que se presenten tramitadores, que cobran mucho dinero por agilizar cualquier solicitud.
Yeisson, joven venezolano estudiante de Economía, cuenta que lleva tres años esperando una respuesta por el trámite de su pasaporte. “Hice la gestión en febrero de 2018 y desde entonces no me han dicho nada, el trámite está en proceso y nadie da respuesta”, se queja.
No es el único, centenares de personas madrugan a diario para hacer fila frente al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) para reclamar la entrega de sus documentos. Varios medios venezolanos han denunciado esta irregularidad, pero la situación en el SAIME sigue igual.
Desde 2017, el organismo reconoció que no entregaba los documentos con agilidad porque no tenía material para hacerlos. El papel de seguridad, clave para la emisión de varios certificados, escasea en Venezuela; por eso el proceso, que debería tomar máximo un mes, tarda hasta tres o cuatro años.
El SAIME ofreció, tras el pago de un dinero adicional, los pasaportes exprés, para agilizar la expedición de los documentos; pero no funcionó: a quienes les prometieron darles el pasaporte en una semana les llevan dando vueltas dos años, sin respuestas.
Los venezolanos denuncian que hay una economía paralela en estos trámites, pero pocos pueden darse el lujo de pagar: cobran hasta US$5.000 por el documento, que entregan en dos semanas, máximo. El trámite legal vale cuatro veces el salario mínimo, que tampoco muchos venezolanos pueden costear. “Una persona debería dedicar diecisiete años de salario mínimo para pagar las tasas de un pasaporte nuevo y ocho años y medio para pagar por una prórroga”, señala el informe “Desprotegidos: impacto de la ausencia de servicios consulares en los derechos de la población venezolana en el exterior”.
Por eso migran sin sus documentos, lo que les bloquea la oportunidad de legalizar su situación en los países de acogida o acceder a un trabajo o salud.
El investigador Carlos Rodríguez revela en el informe que en 2018 se supo que solo en Caracas 30.000 recién nacidos no obtuvieron el certificado de nacimiento, porque el papel de seguridad con que se hace el documento escasea.
A escala nacional serían cerca de 271.850 niños que no tendrían identificación. Al no tener el certificado de nacido vivo, el recién nacido no puede ser presentado ante el Registro Civil para obtener la partida de nacimiento, señala el documento. Con un agravante: por cuenta de la pandemia, se suspendió el servicio de registro civil, un servicio esencial que, por ley, debería tener un carácter continuo.
El siguiente trámite es la cédula, pero tampoco hay material para que los jóvenes venezolanos la tengan. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello conoció casos de padres que aceleraron sus planes de migración antes de que sus hijos cumplan los nueve años, edad en la que se debe obtener este documento. Pero las consecuencias de esto son contraproducentes.
Como si esto no fuera ya suficiente, para que todos los documentos tengan validez fuera del país, es necesario que su veracidad sea certificada mediante la apostilla, que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores; pero tampoco hay transparencia en este trámite. El ministerio decidió digitalizar este proceso en 2019, pero hasta el día de hoy todas estas vueltas son presenciales o mediante apoderado.
El problema de no tener documentos
La realidad que enfrentan las personas provenientes de Venezuela en el ejercicio de sus derechos a causa de la ausencia de servicios consulares es caótica. Las personas venezolanas en Colombia y Estados Unidos, por ejemplo, sin relaciones con el gobierno de Maduro, no pueden ir a un tercer país para realizar sus gestiones consulares.
“No se ha desarrollado ningún mecanismo con terceros países para asumir las responsabilidades consulares; incluso el personal destinado para atender la relación bilateral en la Cancillería colombiana se encuentra reducido al escritorio para Venezuela, el menor número de funcionarios del que se tenga registro. Pasamos de la embajada y quince consulados a no tener nada, ni un responsable de Venezuela en el Estado colombiano”, señala Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario.
La investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello tuvo conocimiento de diversos casos de personas que han visto afectado su derecho a la unidad familiar, a causa de la imposibilidad de obtener un pasaporte o prorrogar el existente.
Y algo que preocupa aún más: “En Colombia, la ausencia de pasaporte también constituye una barrera para el acceso al derecho a la salud, más allá de la atención por urgencias, incluyendo, entre otras situaciones, toda el área de salud sexual y reproductiva, la imposibilidad de acceder a asistencia de salud para la interrupción voluntaria del embarazo, por parte de mujeres que han sido víctimas de abuso o cuya vida podría correr riesgo o que hayan quedado embarazadas a causa de la ausencia de métodos anticonceptivos en Venezuela”, señala el documento.
Venezolanos reportaron también la pérdida de oportunidades de empleo por no poder prorrogar el pasaporte o la imposibilidad de certificar la licencia de conducción, que los margina para trabajar en servicios de transporte o domicilios. Otorgar un poder solo se puede hacer a través de los consultados, pues sin representación, ninguna persona puede autorizar a otra en su país para comprar y vender inmuebles o abordar asuntos relacionados con pensiones por sobreviviente, invalidez, vejez o incapacidad.
Los colombianos en Venezuela también se ven afectados por la falta de representación consular, pues ya no funciona en ese país y por eso no pueden realizar trámites como partidas de nacimiento, apostillas ni legalizaciones. Y aunque en 2019 Colombia creó los Puntos de Atención en Frontera (PAF), ubicados en Norte de Santander, Arauca y Maicao, donde se presta asistencia consular a la población colombiana en Venezuela, no toda la población tiene acceso. Colombia también emitió una orden para que el pasaporte venezolano tenga validez dos años después de su vencimiento, ¿y después qué?
“La extensión de la vigencia de los pasaportes que se reconocen por dos o cinco años en algunos países o el tema de homologación de títulos en el caso del personal de la salud que se hizo en Chile o Perú durante la pandemia, o lo que hace Colombia, que reconoce a hijos de venezolanos nacidos desde 2015 en su territorio, para evitar la apatridia, son formas de enfrentar la ausencia de servicios consulares”, reconoce la investigadora Bolívar.
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