EL VENEZOLANO COLOMBIA
Un fallo judicial ha sacudido la política migratoria del presidente Donald Trump. El juez federal Fernando Rodríguez ha declarado ilegal el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798, para deportar a ciudadanos venezolanos. Esta decisión, que responde a una demanda de migrantes detenidos en Texas, marca un precedente al limitar las facultades del Ejecutivo en materia de expulsiones.
El dictamen cuestiona la aplicación de una legislación diseñada para tiempos de guerra en un contexto migratorio, generando un nuevo capítulo en el debate sobre los derechos de los extranjeros en Estados Unidos.
Un fallo histórico contra una norma bélica
La resolución del juez Rodríguez representa un hito en la jurisprudencia estadounidense. Por primera vez, un tribunal federal ha calificado como “ilegal” la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar deportaciones.
Esta legislación, creada hace más de dos siglos, permite la detención y expulsión de extranjeros en situaciones de conflicto armado o invasión. Sin embargo, el magistrado argumentó que las circunstancias actuales no cumplen con los requisitos de un “ataque armado organizado”, invalidando su uso para enviar venezolanos a El Salvador.
La estrategia de Trump y su justificación
Durante su mandato, Trump recurrió a esta antigua norma para acelerar la expulsión de migrantes, especialmente venezolanos, acusándolos de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua. En marzo, una proclamación presidencial señaló a este grupo como una amenaza que justificaba medidas extraordinarias.
Más de 200 personas fueron trasladadas a la prisión salvadoreña de Cecot, sin que las autoridades de ambos países presentaran pruebas concretas de su vinculación delictiva. Esta práctica, según el juez, carece de sustento legal y vulnera los derechos de los afectados.
Derechos de los migrantes bajo escrutinio
La demanda que originó el fallo fue presentada por abogados que representan a un centenar de venezolanos detenidos en Texas. Estos migrantes enfrentaban la deportación sin notificación previa ni oportunidad de defenderse ante un tribunal.
Rodríguez enfatizó que permitir al Ejecutivo definir arbitrariamente las condiciones para aplicar la ley eliminaría cualquier control judicial, despojando a los tribunales de su función de garantizar el cumplimiento de las normas. Este principio refuerza la protección de los derechos procesales de los extranjeros.
Un precedente para el equilibrio de poderes
El juez también abordó el riesgo de otorgar al presidente un poder ilimitado. Según Rodríguez, aceptar la interpretación del gobierno de Trump significaría que el Ejecutivo podría declarar cualquier situación como una “invasión” para justificar detenciones masivas.
Este razonamiento, advirtió, debilitaría el sistema de pesos y contrapesos que sostiene la democracia estadounidense. La sentencia reafirma el papel de los tribunales como intérpretes de las leyes del Congreso, limitando las atribuciones presidenciales.
Contexto histórico de la ley
La Ley de Enemigos Extranjeros ha sido empleada en raras ocasiones, todas asociadas a conflictos bélicos: la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Su aplicación en un contexto migratorio es inédita y, según el fallo, inapropiada.
La decisión de Rodríguez no solo frena las deportaciones actuales, sino que establece un estándar para futuras administraciones, subrayando que las leyes de guerra no pueden usarse para abordar desafíos migratorios.
