EL VENEZOLANO COLOMBIA
Miles de inmigrantes venezolanos enfrentan la incertidumbre tras la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte de la administración de Donald Trump. En respuesta, un grupo de beneficiarios de este programa ha presentado una demanda ante un tribunal federal en San Francisco, argumentando que la decisión es ilegal, racista y políticamente motivada.
Una lucha por la estabilidad migratoria
El TPS ha sido un mecanismo fundamental para más de 600.000 venezolanos en Estados Unidos, quienes han podido trabajar legalmente y construir una vida estable. Sin embargo, la revocación de esta protección deja a más de 350.000 personas en riesgo de deportación a partir de abril, ya otras 257.000 en septiembre.
Los demandantes alegan que la cancelación del TPS es parte de una estrategia de discriminación contra migrantes no europeos. En la denuncia, se citan declaraciones de la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien al anunciar la decisión utilizó términos despectivos contra los beneficiarios venezolanos.
El impacto de la revocación del TPS
La eliminación de esta medida migratoria afecta no solo a los venezolanos protegidos, sino también a la economía estadounidense. Según la demanda, los titulares del TPS han contribuido significativamente en sectores como la educación, la salud y la agricultura. Muchos son profesionales altamente capacitados que han pagado impuestos y fortalecido la fuerza laboral.
Además, la incertidumbre generada por la decisión ha provocado ansiedad y estrés entre los inmigrantes. Empresas de pequeños negocios se enfrentan a la disyuntiva de cerrar o despedir empleados, mientras que los estudiantes temen perder sus ayudas financieras.
Venezuela: una opción inviable para los deportados
Para muchos de los afectados, regresar a Venezuela no es una alternativa viable. La crisis económica, la falta de libertades y la represión política hacen que el retorno signifique una amenaza para su seguridad.
Cecilia González Herrera, una de las demandantes y estudiante en Florida, expresó su preocupación: “Nosotros, los trabajadores honestos que contribuimos a este país, no tenemos miedo de luchar, pero enfrentamos un clima de estigmatización y xenofobia” .
La batalla legal en los tribunales
La demanda fue presentada por varias organizaciones de derechos civiles, incluyendo la ACLU y el Center for Immigration Law and Policy de UCLA. Los abogados argumentan que la revocación del TPS carece de fundamentos legales y que la Acusación de que los venezolanos beneficiarios tienen vínculos con el Tren de Aragua es una generalización sin pruebas.
Los demandantes buscan una orden judicial que impida la terminación del TPS hasta que se dicte un fallo definitivo. También exigen que se mantenga la extensión de 18 meses aprobada previamente por la administración de Joe Biden.
¿Qué sigue para los venezolanos afectados?
Mientras el caso avanza en los tribunales, miles de venezolanos continúan en un limbo legal. Para muchos, la esperanza reside en que el sistema judicial estadounidense reconoce sus derechos y detiene la deportación de personas que han construido una vida en Estados Unidos.
La decisión final del juez podría definir el futuro de miles de familias, marcando una clave precedente en la lucha por los derechos de los migrantes en el país.
