La región del Tibú, en la frontera colombo-venezolana, se ha convertido en el epicentro de una alarmante crisis humanitaria y de seguridad, resultado de la acción de grupos armados irregulares provenientes de Colombia. Estos grupos, vinculados al narcotráfico, al tráfico de personas y al contrabando, han extendido su control sobre amplias zonas del territorio venezolano, arrinconando a la población civil desarmada e inocente, mientras el gobierno venezolano mantiene una actitud cómplice y permisiva frente a estas graves violaciones a la soberanía nacional.
Esta situación ha sido agravada por la incapacidad del gobierno de Venezuela para garantizar la seguridad de su población y defender su territorio, permitiendo que las fuerzas armadas nacionales, en lugar de actuar con firmeza, se sometan ante estos actores irregulares. Los más de 100 civiles asesinados en la región fronteriza del Tibú son una muestra desgarradora de la magnitud de esta crisis y de la falta de protección estatal frente al ataque implacable de estas guerrillas.
Violación de la soberanía y complicidad gubernamental
El gobierno venezolano ha permitido no solo la entrada ilegal de estos grupos armados, sino también su operación dentro del territorio, convirtiéndose en un actor cómplice de crímenes que incluyen el narcotráfico y la violación de derechos humanos. Esta permisividad no solo pone de rodillas a la población civil, sino también a las propias fuerzas armadas, cuya misión constitucional de defender la soberanía nacional ha sido vulnerada.
La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen el deber inalienable de las fuerzas armadas de garantizar la defensa integral del territorio y proteger a los ciudadanos. Sin embargo, estas disposiciones han sido ignoradas en la práctica, dejando a la población indefensa ante los grupos irregulares.
Desde el punto de vista del derecho internacional público, la presencia y actuación de estas guerrillas en territorio venezolano constituyen una invasión, una violación flagrante de la soberanía nacional y una amenaza a la seguridad regional. La gravedad de esta situación justifica la activación de mecanismos internacionales de asistencia recíproca, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que establece la defensa colectiva ante agresiones externas.
Un llamado urgente a la comunidad internacional
Ante esta crisis, se hace un llamado a los organismos internacionales y multilaterales para que asuman un papel activo en la protección de la población civil y en la resolución de esta emergencia. La Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional y otras instituciones que velan por los derechos humanos y la seguridad deben intervenir de manera inmediata para evitar un mayor derramamiento de sangre y garantizar la protección de las personas afectadas.
Es fundamental que la comunidad internacional reconozca la grave situación en la frontera colombo-venezolana como una crisis humanitaria que requiere atención urgente. La negligencia y complicidad de los gobiernos de Venezuela y Colombia no solo han exacerbado el conflicto, sino que también han permitido que el crimen organizado y las violaciones de derechos humanos se consoliden como una amenaza constante para los ciudadanos de ambos países.
La defensa de los derechos humanos y la restauración de la soberanía venezolana son imperativos ineludibles. La inacción solo perpetuará el sufrimiento de las comunidades más vulnerables, dejando en evidencia el fracaso de los Estados en cumplir con su deber fundamental de proteger a sus ciudadanos.
Es hora de que las instituciones internacionales y los gobiernos responsables actúen con firmeza para poner fin a esta tragedia y restaurar la paz en la región.
