Cuando se anunciaron las elecciones en Venezuela como resultado de los acuerdos de Barbados, lo que para muchos fue una ilusión, para otros fue un acto de ingenuidad por parte de la oposición y de la sociedad internacional.
Con la expulsión de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la inhabilidad sobre la candidata de la oposición María Corina Machado, se da por sentado que la dictadura no tiene y nunca tuvo la menor intención de permitir el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
INSTRUMENTALIZÓ LA ESPERANZA
La dictadura de Nicolás Maduro, que ha llevado al pueblo venezolano a la pobreza y a la diáspora, instrumentalizó la esperanza de la oposición para negociar con Estados Unidos el levantamiento de sanciones que le dieran un respiro para seguir en el poder sin que sus “negocios” y sus allegados siguieran enfrentando las consecuencias de sus acciones.
Hoy la sociedad internacional reacciona nuevamente ante esta realidad que para muchos venezolanos es una constante de la que no ven una pronta salida y que ha generado una espiral de violencia y de miseria imperdonable.
CONSPIRADOR
En Venezuela, todo aquel que sea opositor o que levante su voz en contra del régimen es tildado de conspirador, tal como se dio con el caso de la activista Rocío San Miguel, a quien el régimen acusa de haber conspirado para asesinar a Maduro.
Frente a todo esto, han reaccionado Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, entre otros países, para insistir en el restablecimiento de la democracia. Sin embargo, todavía hay gobiernos y líderes de izquierda que, bajo la excusa de la diplomacia, se rehúsan a condenar estos hechos.
Si bien Pepe Mújica, expresidente de Uruguay y referente político latinoamericano, se pronunció en contra de la dictadura en Venezuela, estas declaraciones todavía no tienen eco sobre otros líderes de izquierda que asumen una postura clara o siquiera medianamente contundente frente a esta situación.
Un ejemplo claro es la posición del gobierno de Gustavo Petro, que ha adoptado una postura de “diplomacia discreta” para referirse al tema. Lo cierto es que las relaciones entre Colombia y Venezuela tienen tantas singularidades que hacen de esto una tarea compleja desde una perspectiva humanitaria y diplomática.
No obstante, lo mínimo que se esperaría de un gobierno democrático es que se refiriera con asertividad frente a este tema y que, de ser posible, lograra incidir a favor del pueblo venezolano y de sus derechos a la democracia.
¿Qué podría hacer Colombia? Si el gobierno tiene canales de comunicación directos con Maduro, bien podría tener un papel siquiera de mediador, que, en caso de no ser posible, Colombia tendrá que tomar una visión coherente con sus principios como miembro de la Carta Democrática Interamericana y condenar nuevamente a este régimen autoritario.
@tatidangond
