La situación de los inmigrantes venezolanos en Latinoamérica ha sido dramática. Lo que sucedió en Brasil -donde el Gobierno reabrió su frontera con Venezuela horas después de que fuera cerrada a causa de una orden judicial-, es un indicador de lo que acontecería en nuestro país.
El drama continúa y cabe la pregunta: ¿el Perú está preparado para esta masiva afluencia? Tal como planteamos en esta misma columna, el Estado peruano requiere una política migratoria justa, que brinde oportunidad a los extranjeros, pero en forma equilibrada y sin restar oportunidades a los peruanos.
“La migración venezolana es una tragedia en sí misma: un país tan rico en recursos naturales es incapaz de brindar calidad de vida a sus habitantes afectados por la dictadura, corrupción, pugnas políticas y azotados por la crisis económica”.
Durante el año 2018 varios de los inmigrantes venezolanos participaron en hechos delictivos (ver caso de la sanguinaria banda criminal Los malditos del tren de Aragua), hoy en día es urgente que el Estado peruano desarrolle una adecuada política migratoria que articule al inmigrante en una economía todavía pequeña, mayoritariamente informal y con servicios públicos insuficientes para atender la demanda creciente.
En el derecho internacional existe el principio de equidad: los Estados realizan acuerdos para dar un trato igualitario a sus ciudadanos en asuntos comerciales, laborales, e incluso en lo que concierne a la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico. Por consiguiente, cuando los ciudadanos de un país emigran masivamente a otros territorios -por diversos motivos-, lo justo es que sean tratados tal como se los trata a los extranjeros que ellos reciben.
La pregunta clave aquí sigue siendo: ¿Existe reciprocidad entre Perú y Venezuela en los temas mencionados? En países como Brasil y Panamá se cerraron las fronteras a los venezolanos, pues sus sistemas de salud no se abastecen para atender a los migrantes en las zonas fronterizas. Del mismo modo, en Colombia el ingreso se había controlado con operativos constantes para detener requisitoriados o expulsar a quienes ejercen actividades ilícitas.
Es importante señalar que a estos países no los mueve ni la xenofobia ni la venganza política, sino el afán por mantener su seguridad y orden interno.
Una cosa es xenofobia (con la cual no estoy de acuerdo), y otra muy distinta es exigir al gobierno un trato equitativo para extranjeros y connacionales en temas laborales y especialmente en el permiso de ingreso al país con previo conocimiento de sus antecedentes penales, judiciales y policiales.
En el Perú se percibe permisibilidad y falta de controles mínimos para certificar los antecedentes de quienes ingresan. No es el caso de Suiza y Suecia, donde hay diversidad de orígenes nacionales entre sus habitantes. Allá el extranjero es comprometido al respeto a las leyes.
Asimismo, Canadá y Australia -donde se viene promoviendo la migración a su territorio con fines de poblamiento debido a su baja tasa de natalidad- hay una fiscalización del acceso para no generar desequilibrios. Y esto es lo que necesitamos regular en el Perú para evitar el caos.
