Con la reciente medida del Gobierno de Biden de restringir el asilo en la frontera entre Estados Unidos y México podría estar escapándose una oportunidad histórica de gestionar mejor la migración en el hemisferio occidental.
Para asegurarse de que eso no ocurra, los países de Latinoamérica y el Caribe tienen que volver a dar ejemplo al mundo de cómo hacer frente al reto de la intensificación de la movilidad humana.
De este modo estarán haciendo lo correcto y necesario para proteger a nuestras democracias de quienes se aprovechan de los emigrantes y la emigración para sacar rédito político y alimentar la polarización.
Muy a menudo se tiene una visión simplista de la migración en América, según la cual los emigrantes de la zona huyen hacia Estados Unidos. Sin embargo, la verdad es mucho más compleja. Pensemos en las nacionalidades que han centrado toda esa atención prestada a la frontera entre México y Estados Unidos en los últimos meses: venezolanos, nicaragüenses y haitianos.
Si bien es cierto que hasta el mes pasado llegaban personas de estos tres países en números nunca vistos, esas cifras enmascaran una realidad compleja que, de alterarse, podría intensificar la actividad en la frontera en vez de disminuirla.
Desde principios de la pasada década, países de todo el hemisferio han acogido a millones de emigrantes procedentes de Haití, Venezuela y Nicaragua. En total, más de siete millones de venezolanos y cientos de miles de haitianos y nicaragüenses han huido para poder sobrevivir. Casi todos han encontrado un nuevo hogar en Latinoamérica y el Caribe.
El caso de los venezolanos es el más notorio. Desde 2015, de los más de siete millones que se han visto obligados a dejar el país, el 80% vive ahora en otros lugares de la región. Actualmente, en cuanto a número, los venezolanos que residen en Estados Unidos constituyen tan solo la séptima comunidad venezolana instalada fuera de su país de origen.
De hecho, Colombia ha absorbido a casi 2,5 millones de venezolanos. Siendo presidente de Colombia, ante unos niveles inéditos de emigración desde Venezuela, firmé el primer decreto de regularización de los venezolanos en mi país, sentando así un precedente para nuestra hospitalaria respuesta. Posteriormente, mi sucesor hizo efectivo por primera vez en la historia un estatuto jurídico temporal de 10 años que ya ha beneficiado a más de un millón de personas de nacionalidad venezolana.
Me movió un sentido de la solidaridad y de la generosidad que ha sido muy beneficioso para mi país. Numerosos países de la zona están haciendo lo mismo por los venezolanos y otras personas que se desplazan. Los países caribeños han acogido a un número de emigrantes venezolanos per cápita que deja pequeño al de Estados Unidos.
La acogida de estas poblaciones no siempre ha sido fácil, ni ha estado exenta de controversias y tensiones. Los sistemas siempre se han improvisado, y Colombia y toda la zona han emprendido esta acogida masiva sin apenas apoyo de la comunidad internacional.
Pero las experiencias de Latinoamérica y el Caribe constituyen ejemplos importantes de que es posible encontrar oportunidades con unos niveles sin precedentes de movilidad poblacional, y de que las comunidades de acogida pueden absorber a los recién llegados de una manera eficaz y humana.
La Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, elaborada por 21 países en la Cumbre de las Américas del año pasado, se fundamenta en este legado de acogida y abre la puerta a un futuro nuevo y más eficaz para la gestión de la emigración en toda América.
EN COLABORACIÓN
La Declaración compromete a los signatarios a trabajar en colaboración para apoyar a las comunidades de acogida, promover vías alternativas y legales para la emigración, mejorar la gestión de la emigración humana y perfeccionar la respuesta de emergencia coordinada con el fin de prevenir la emigración antes de que empiece.
Sin embargo, la puesta en práctica del manifiesto de Los Ángeles se ve amenazada por un impulso difícil de contrarrestar, especialmente en Estados Unidos: la búsqueda de soluciones impuestas y a corto plazo dirigidas a disuadir a los migrantes. La reciente propuesta del Gobierno de Biden de limitar el acceso al asilo es precisamente una de esas medidas equivocadas.
En las reformas propuestas, el Gobierno estadounidense parece prestar oídos a los cantos de sirena que lo llaman a alejar todavía más el asilo de sus costas y llevarlo a “primeros países seguros”. En lo que debería ser un ejemplo admonitorio para Estados Unidos, en Europa ya se ha ensayado ‒sin éxito‒ una aplicación plenamente desarrollada de esta estrategia.
El Reglamento de Dublín de la Unión Europea ha sobrecargado a los países fronterizos, ha introducido ineficiencias en la tramitación del asilo, ha socavado la solidaridad entre países y ha deteriorado la confianza de la opinión pública en la capacidad de Europa de gestionar la emigración. Y eso en la Unión Europea, que está mucho más institucionalizada y dispone de muchos más recursos que el sistema interamericano.
Cualquier estrategia de traspaso de cargas a este lado del Atlántico sería manifiestamente injusta y contraria al espíritu de fraternidad y solidaridad que Colombia y Latinoamérica han demostrado. Asimismo, supondría una presión insostenible para países que han predicado con el ejemplo, como Colombia, que ya está mostrando signos poco alentadores de retroceso.
Obligarnos a absorber cifras mayores podría dificultar el mantenimiento de las políticas que han estabilizado las poblaciones migrantes. Como ha ocurrido en Europa, animaría aún más a los emigrantes a recurrir a traficantes para evitar ser detectados en las fronteras.
A fin de dejar claro que existe una forma mejor y más eficaz de gestionar la migración, los países de toda América deben intensificar los esfuerzos de acogida, como hicimos nosotros con los venezolanos, y hacer realidad lo prometido en la Declaración de Los Ángeles. De este modo, podremos ordenar mucho más la movilidad humana en nuestro hemisferio y dar a todas nuestras democracias el respiro que tanto necesitan.
