El pasado jueves, 15 de septiembre, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos hizo una evaluación de la política de ese país hacia Venezuela en la que el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo: «Nicolás Maduro … está cometiendo un error crítico si piensa que nuestra paciencia es infinita, y que las tácticas dilatorias [para ir a México] le servirán». Una afirmación que solo confirma lo que hemos dicho en otras oportunidades: la administración Biden cree en una solución negociada a la crisis de Venezuela.
Maduro sabe que ir a México implica acordar con la Plataforma Unitaria Democrática una hoja de ruta electoral para unos comicios presidenciales, destinados a lograr la legitimidad de origen del Poder Ejecutivo. Un proceso que solo está dispuesto a aceptar si el riesgo de perder es bajo.
Por ello, lleva más de un año sin sentarse a la mesa de negociación facilitada por el reino de Noruega. Además, en este momento sabe que el tiempo está a su favor para continuar en Miraflores, manteniendo el statu quo. El regreso de gobiernos proclives al bolivarianismo en la región le permitirá sobrevivir la presión de los países democráticos para que esa elección sea libre, justa y competitiva.
La administración del presidente Gustavo Petro es fundamental para sortear ese escollo.
La designación del régimen madurista como garante de paz en los diálogos con la guerrilla del ELN es un paso para blanquear el Estado mafioso de Venezuela ―la empresa criminal que utiliza la represión para aferrarse al poder―.
Ante la preocupación del Congreso de Estados Unidos sobre esta designación, el embajador de Petro en Washington, Luis Gilberto Murillo, dijo que está tomando medidas para explicar ante los senadores y representantes los pasos del proceso de reactivación de conversaciones con ese grupo subversivo, incluido el rol del designado por Hugo Chávez para sucederlo como parte de la solución.
Bob Menéndez (demócrata de Nueva Jersey), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, afirmó en la audiencia del pasado jueves que “Maduro ha convertido el hambre en un arma, utilizándola como herramienta política para llevar a más de 95% del país por debajo del nivel de pobreza”.
Ante esta realidad, Superbigote sale al ruedo para evaluar si los números le dan para seguir en el poder.
Actualmente, ocho de cada diez venezolanos lo rechazan, según los últimos estudios de opinión pública; así que necesita asegurar los votos a través del control social.
De la misma manera, los partidos de la Plataforma Unitaria que se oponen a su continuidad en el Ejecutivo suman una intención de voto similar o algo menor a la de Maduro.
En consecuencia, para que el designado por Chávez continúe en Miraflores necesita amarrar la votación que no se siente atraída por ninguna de las dos opciones, que es cercana a 60%.
Por ejemplo, en Maracaibo, estado Zulia, el madurismo está enfocando los esfuerzos en el oeste de la ciudad ―el primer circuito electoral del estado con el mayor índice de pobreza del municipio―, donde los jóvenes que tienen negado un futuro profesional han tenido que recurrir a ser conductores de bicitaxis ―una bicicleta con un cajón anexo que sirve para trasladar personas y bienes― para tener un ingreso familiar.
Hasta ahora ha censado a 7.000 conductores de bicitaxis, quienes han sido carnetizados a través de los líderes comunales. Ha organizado un sindicato de bicitaxi que tiene contra la pared al Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros del Municipio Maracaibo al exigir los mismos derechos de los otros tipos de transporte (carros por puesto, camioneticas, autobuses, entre otros).
Además, usan un sistema digitalizado para controlar la actividad. De acuerdo con un estudio, el promedio de ingreso por conductor es de 40 dólares diarios a razón de 10 viajes por día mínimos. Al compararlo con el salario mensual establecido por la administración de Maduro es 50 veces mayor.
En cuanto al alistamiento de la estructura organizacional en todo el país ―clave para la movilización del voto― ordenó a las Unidades de Batalla Hugo Chávez la inscripción en el 1X10 del Buen Gobierno del Sistema Patria en mayo de este año.
Con este mecanismo busca crear en los sectores populares la percepción de que los problemas de la comunidad serán atendidos, pues esto lo ha transformado en un derecho. Además, creó la unión cívico-militar-policial a través de la Bricomil (Brigada Comunitaria Militar) para la ejecución de la solución a los problemas en la infraestructura, salud y educación.
Todo indica que Maduro se está preparando para una elección presidencial en 2023. Está en campaña y se propone amarrar los votos.
Mientras tanto, la Plataforma Unitaria está buscando quién será el candidato para esa elección.
Las acciones de Superbigote se basan en un escenario de corto plazo (días), mientras que los factores democráticos hablan de mediano plazo (meses) y hay quienes creen que será en 2024, por lo que hay tiempo (años).
Pero lo que sí es cierto es que no hay tiempo que perder. Debe alinearse toda la estrategia para diciembre de 2023.
El candidato debe ser definido antes de que termine 2022 y las estructuras para garantizar la mayor votación hay que ponerlas en marcha en el muy corto plazo. No olvidemos que Maduro está en campaña electoral.
