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En Venezuela continúa la represión contra las personas percibidas como “enemigos internos” u opositores al régimen, un concepto que cada vez parece ser más amplio y que se está extendiendo a la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de garantías fundamentales, alertó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Durante una actualización oral ante ese organismo, Marta Valiñas destacó que siguen marcha los procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares investigados en el informe previo de la Misión, publicado en septiembre de 2020, donde se denunciaron múltiples violaciones humanitarias cometidas por agentes estatales venezolanos desde 2014, algunas de ellas a gran escala y constituyentes de crímenes de lesa humanidad.
“Para las y los que siguen encarcelados, los retrasos en los procesos judiciales han causado daños graves y, en algunos casos, irreparables”. Como ejemplo, citó el caso de Salvador Franco, un hombre indígena pemón detenido arbitrariamente y en prisión preventiva desde diciembre de 2019 que falleció en enero tras no recibir atención médica por su grave situación de salud.
Más de 200 asesinatos consumados por las fuerzas del orden
Valiñas también recordó que el pasado informe destacaba un grave patrón de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad venezolanas en el contexto de las operaciones de seguridad, y explicó que desde el comienzo de año la Misión identificó más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales de los que se investigarán las circunstancias, junto a la apertura de indagaciones sobre otras fuerzas policiales además de las Fuerzas de Acciones especiales.
“Además, hemos recibido informes de que las y los funcionarios públicos siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuentas por ejecuciones ilegales y que pueden revictimizar a los familiares que buscan justicia para sus seres queridos”
La presidenta de la Misión igualmente manifestó su preocupación por las personas detenidas en los centros de inteligencia militar y civil y señaló que continuará investigando las denuncias de tortura y tratos y penas crueles y las nuevas acusaciones de actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas.
A su vez, explicó que continúa la búsqueda de informaciones ligadas a los esfuerzos gubernamentales de prevención y remedio de las violaciones, y para investigar y sancionar a los y las responsables de los abusos.
“Esperamos que se den pasos adicionales hacia la justicia y la rendición de cuentas. El Estado dijo en su respuesta pública a nuestro informe emitido el pasado mes de septiembre que está investigando más de 600 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades estatales. Hemos solicitado al Estado que nos proporcione más información sobre estas investigaciones”, s
La sociedad civil sigue protestando
Al mismo tiempo, recordó que las movilizaciones de los venezolanos contra la situación política en el país, el colapso de los servicios básicos y la crisis del combustible, con demandas relacionadas con el trabajo, la salud y la alimentación, se saldaron con más de 100 casos de detenciones en las protestas desde septiembre, según los datos de las organizaciones de la sociedad civil.
Desde la publicación del último informe, la Misión identificó 36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias e indicó que algunas “parecen haber tenido una motivación política”. Entre los arrestados también se encuentran nueve periodistas que fueron víctimas de acoso, suspensión de su trabajo, allanamiento de sus oficinas y confiscación de sus equipos.
“El concepto estatal de “enemigo interno” parece ser cada vez más amplio. La Misión de Determinación de los Hechos está preocupada por lo que parece ser una tendencia creciente: la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos”.
Esta inclinación se vio reflejada en una mayor dificultad en las condiciones para el registro, el financiamiento y el funcionamiento de las ONG, y la detención de trabajadores de las organizaciones no gubernamentales acusados de cometer delitos sujetos a la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Tras la celebración de los comicios del pasado 6 de diciembre, donde los partidos alineados con el gobierno obtuvieron más del 90% de los escaños de la Asamblea Nacional, Valiñas destacó que sea producido una concentración de poder que ha generado un clima político que continúa excluyendo a las voces disidentes.
Venezuela debe reconocer sus errores
La presidenta de la Misión concluyó su intervención ante el Consejo manifestando su esperanza de que Venezuela resuelva su crisis de derechos humanos, determine los hechos y reconozca que se han cometido errores como “un primer paso crucial”.
“Hace unos días, el presidente Maduro se dirigió a este Consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central. Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión”.
Valiñas destacó que los derechos humanos deberían estar en el centro de la recuperación en el país sudamericano, pero que negar la realidad y refutar las críticas no ayuda a amparar los derechos fundamentales de las personas en riesgo.
“Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto”, finalizó.
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