EL VENEZOLANO COLOMBIA
Las masacres que este año han dejado centenares de muertos en Colombia sumaron cinco nuevas víctimas mortales, esta vez en el departamento caribeño de Bolívar, y entre ellas una exguerrillera de las FARC, la número 249 desde la firma del acuerdo de paz.
La matanza sucedió el domingo en la vereda (aldea) de Quebrada Honda, que hace parte del municipio de Montecristo, y entre las víctimas mortales también está una niña de dos años que era hija de la excombatiente asesinada.
Según el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la exguerrillera fue identificada como Rosa Mendoza (Karen Palmera), «indígena firmante de la paz» y socia fundadora de la Asociación de Vivienda Agraria y Ambiental del Sur de Bolívar (Asovisbol).
VIOLENCIA SELECTIVA
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que «de acuerdo a algunas versiones se habría registrado un ataque violento y selectivo contra estas personas» por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene en el sur de Bolívar una amplia presencia desde hace décadas.
«Se dispuso la conformación de una comisión especial integrada por el Ejército Nacional, la Policía Nacional, las autoridades departamentales, municipales y los entes investigativos y de control para que se desplacen inmediatamente al lugar de los hechos para realizar las verificaciones de la información», expresó Trujillo, que lideró hoy un consejo de seguridad en Montecristo.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció el 15 de diciembre que cientos de personas han muerto este año en Colombia en masacres o como víctimas de asesinatos selectivos, lo que ha sido el caso en particular de líderes sociales y exguerrilleros.
«En lo que va de 2020, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres en las que 255 personas fueron asesinadas en 18 departamentos del país», según la información que ha podido ser verificada por Naciones Unidas.
ZONA MARCADA POR EL CONFLICTO
Montecristo está ubicado en el sur de Bolívar, una región marcada por el conflicto armado y donde las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), a las que las autoridades llaman Clan del Golfo, y grupos narcotraficantes, disputan territorios al ELN.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en junio pasado en la que advierte de un escenario de riesgo en 13 municipios de la región, incluido Montecristo.
Esto por la «presencia y accionar» de una banda trasnacional conocida como «Los Venecos», así como de grupos criminales locales, las AGC y el ELN.
Estos grupos, según lo informado por la Defensoría, han cometido infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) como reclutamiento de menores, extorsiones, violencia de género, amenazas, trata de personas y violencia sexual.
El ministro de Defensa, que ofreció hasta 40 millones de pesos (unos 12.000 dólares) de recompensa por información que ayude a esclarecer la masacre, señaló que en la zona opera el frente Guillermo Ariza del ELN, «el cual se encuentra dedicado a las rentas criminales del narcotráfico y la extracción ilícita de minerales».
«Estos bandidos están bajo el mando de alias ‘Santiago’, por quien se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos (más de 14.000 dólares) por su captura», añadió.
UNA PESADILLA PARA COLOMBIA
Según el informe «Del Capitolio al territorio», impulsado por la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y que cuenta con el apoyo técnico de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el financiero de la embajada británica, en el país hay un «recrudecimiento de la violencia armada y otros tipos de violencias».
El documento señala que en las regiones, incluido el sur de Bolívar, los actores locales perciben que «el Estado no logró copar efectiva y oportunamente los vacíos de regulación que dejó la desactivación de las estructuras de las antiguas FARC, lo que favoreció la expansión y fortalecimiento de otros grupos armados ilegales».
«Se viene configurando un escenario de riesgo a partir de la recomposición de estos grupo ilegales que buscan ampliar su influencia y ejercer un mayor control social y territorial alrededor de economías ilícitas», añadió la información.
EXGUERRILLEROS, VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
Además del asesinato de Rosa Mendoza en la masacre, la violencia también se cobró el fin de semana la vida del excombatiente Manuel Alonso en el municipio de Miranda, en el convulso departamento del Cauca (suroeste).
«Necesitamos garantías para nuestra participación política. Soñar y construir un país más justo no puede costarnos la vida. Manuel dedicó gran parte de su vida a los desfavorecidos, los de a pie», afirmó la FARC en un comunicado.
Según ese partido, con estos crímenes son ya 249 los exguerrilleros de las FARC asesinados desde que el Gobierno y la guerrilla firmaron el acuerdo de paz en noviembre de 2016.
No obstante, el informe de la FIP señala que «hay voluntad por parte de la población en proceso de reincorporación de seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo de paz pese a las dificultades que enfrenta».
