EL VENEZOLANO COLOMBIA
La comunidad venezolana en Estados Unidos enfrenta uno de sus momentos más críticos. La decisión de la Corte Suprema de permitir al expresidente Donald Trump revocar el permiso temporal que protegía a más de medio millón de migrantes ha desatado una ola de preocupación, incertidumbre y clamor por ayuda internacional.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, voceros del exilio y líderes comunitarios han alzado su voz frente a lo que consideran una medida drástica e injusta. Temen que la eliminación del ‘parole’ humanitario y del Estatus de Protección Temporal (TPS) exponga a miles de personas a procesos de expulsión sin garantías.
Una comunidad sin rumbo ni respuestas claras
Activistas como Helene Villalonga, presidenta de la Asociación de Madres y Padres Venezolanos en el Exilio (AMAVEA), han expresado con contundencia la desesperación que embarga a la diáspora. En palabras cargadas de angustia, cuestionó directamente al presidente: “¿Qué le hicimos los venezolanos, Donald Trump?”. Sus declaraciones reflejan el sentir de miles que llegaron a suelo estadounidense buscando resguardo frente a la persecución política y la crisis humanitaria en su país natal.
La suspensión del ‘parole’, mecanismo que permitía a los beneficiarios residir y trabajar legalmente por razones urgentes, ha dejado a muchos sin opciones. “No sabemos a dónde acudir ni qué decisión tomar”, expresó Villalonga, quien ha visto crecer el temor en los albergues, organizaciones y redes solidarias.
Un fallo judicial con consecuencias alarmantes
La sentencia emitida el 30 de mayo por el máximo tribunal dejó sin efecto una orden judicial que impedía, hasta ahora, la cancelación de estos programas. Con ello, se abre la puerta a la llamada “expulsión acelerada”, un procedimiento que limita el derecho a la defensa y a una evaluación individualizada de cada caso.
El fallo, que afecta no solo a venezolanos sino también a migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua, se inscribe dentro de una política más severa que Trump prometió reactivar. El Departamento de Seguridad Nacional comenzó la eliminación de los permisos en marzo, alegando que facilitaría la aplicación de la ley migratoria.
ONG bajo ataque y defensores señalados
Al mismo tiempo, activistas han condenado la creciente criminalización de organizaciones venezolanas como PROVEA y Foro Penal, que históricamente han documentado abusos y acompañado a víctimas del autoritarismo. Zarai Maza, directora de Fundación Guardianes de los Derechos Humanos, rechazó los intentos por estigmatizar a quienes defienden a otros.
“Luchar por los derechos fundamentales no debe ser considerado un crimen. Están convirtiendo esa labor en un objetivo político”, afirmó. Esta situación ha generado alarma en redes internacionales que velan por la libertad de expresión y la justicia social.
Un llamado urgente a la conciencia global
Los venezolanos en Estados Unidos no solo enfrentan la pérdida de un estatus legal, sino también el riesgo de ser devueltos a un país que sigue bajo un régimen represivo. Las voces del exilio exigen ser escuchadas por la comunidad internacional y por los líderes norteamericanos, en especial por quienes aspiran a ocupar nuevamente la Casa Blanca.
La defensa de los derechos humanos y la protección de los migrantes no puede estar sujeta a vaivenes políticos. Activistas, exiliados y organizaciones coinciden en que es hora de establecer una política migratoria coherente, que priorice la dignidad y la vida por encima de las posturas ideológicas.
