
EL VENEZOLANO COLOMBIA
El gobierno panameño ha decidido conceder un permiso humanitario temporal a 112 migrantes irregulares deportados desde Estados Unidos, quienes se encuentran en un albergue en la provincia del Darién. Esta medida busca facilitar la salida voluntaria de estas personas, ya sea mediante repatriación o acogida en un tercer país.
La decisión se produce en un contexto de creciente flujo migratorio inverso, en el que millas de personas que no lograrán establecerse en EE.UU. han comenzado a regresar al sur. Mientras tanto, organizaciones internacionales advierten sobre posibles violaciones a los derechos humanos en el manejo de estos casos.
Un permiso con opciones limitadas
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, anunció que los migrantes beneficiarios con este permiso podrán desplazarse dentro del país durante 30 días, con posibilidad de extenderse hasta 90. Durante este tiempo, podrán gestionar su salida sin depender de la asistencia de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Sin embargo, la mayoría de estos migrantes no han aceptado regresar a sus países de origen ni consideran viable trasladarse a otro destino. Este escenario plantea un desafío para las autoridades panameñas, que buscan resolver su situación sin generar un precedente que incentive la permanencia indefinida de deportados en el país.
La ruta de regreso al sur
El fenómeno del flujo migratorio inverso ha cobrado relevancia en los últimos meses. Según datos oficiales, más de 3.100 personas han ingresado a Panamá desde Costa Rica con la intención de continuar su recorrido hacia el sur, tras ver frustradas sus aspiraciones de establecerse en Estados Unidos.
El tránsito de estos migrantes es monitoreado en una operación conjunta entre ambos países. Desde Costa Rica, son trasladados en autobuses hasta la frontera con Panamá, donde toman embarcaciones que los llevan hasta territorio colombiano. Este proceso ha permitido un seguimiento más ordenado de los desplazamientos, evitando que los migrantes queden varados en zonas intermedias sin recursos ni apoyo.
Disminución del cruce por el Darién
Paralelamente, las autoridades panameñas han reportado una caída significativa en el ingreso de migrantes desde Colombia a través de la selva del Darién. En lo que va del año, solo 2.637 personas han realizado esta peligrosa travesía, en contraste con las más de 72.000 que lo hicieron en el mismo período de 2024.
Este descenso del 96% responde a múltiples factores, incluyendo mayores controles fronterizos y acuerdos entre gobiernos de la región para frenar el tránsito irregular. La reducción también impacta en la dinámica migratoria general, modificando los patrones de movilidad en el continente.
Panamá en la mira de la CIDH
Mientras el país gestiona la situación de los migrantes deportados, enfrenta una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas violaciones a los derechos de las personas enviadas desde EE.UU.
La falta de claridad en los procedimientos, así como las condiciones en los centros de acogida, han generado preocupación entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos. La respuesta de Panamá a esta demanda podría influir en el tratamiento de futuros acuerdos migratorios y en su relación con organismos internacionales.