EL VENEZOLANO COLOMBIA
A partir del 10 de diciembre, los arrendadores y establecimientos de hospedaje en Perú deberán registrar obligatoriamente a los ciudadanos extranjeros que residan o se hospeden en sus propiedades. Esta medida, implementada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, busca fortalecer el control migratorio y promover la seguridad nacional. La normativa establece sanciones económicas para quienes no cumplan, subrayando la importancia de esta acción dentro del marco legal del país.
Una medida con impacto nacional
El registro obligatorio es un paso clave dentro de las políticas de control migratorio implementadas por el gobierno peruano. La plataforma virtual gratuita creada por la Superintendencia permitirá monitorear de manera más eficiente la presencia de extranjeros en el país, contribuyendo a la seguridad pública y al orden migratorio.
Las multas por incumplimiento, que pueden superar los 10 mil soles (equivalentes a 2 Unidades Impositivas Tributarias), son un recordatorio de la seriedad con que las autoridades están abordando esta normativa.
Requisitos para arrendadores y propietarios de hospedajes
La normativa establece una serie de obligaciones específicas para quienes administren viviendas en alquiler o alojamientos:
- Identificación de los inquilinos: Los arrendadores deben exigir documentos válidos que certifiquen la identidad de los extranjeros, tales como pasaportes, Carné de Extranjería o Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP).
- Registro de datos: Es obligatorio ingresar los nombres completos, nacionalidad, género, fecha de nacimiento, y las fechas de entrada y salida previstas en la plataforma oficial de Migraciones.
- Colaboración con las autoridades: Los propietarios deberán facilitar el acceso a Migraciones para inspecciones y verificaciones, además de transmitir la información requerida sin demoras.
Un esfuerzo por regularizar a los migrantes venezolanos
La presidenta Dina Boluarte ha adelantado que el Ejecutivo busca profundizar las políticas migratorias con nuevas regulaciones dirigidas a los migrantes venezolanos. Entre las medidas destacan la exigencia de contratos laborales y de arrendamiento, así como el monitoreo de las remesas enviadas al extranjero. Estas acciones tienen como objetivo combatir actividades ilícitas, especialmente el crimen organizado, y promover una integración ordenada de los migrantes en la sociedad peruana.
Reacciones y retos ante la normativa
Aunque la medida ha sido recibida como un avance en términos de seguridad, algunos sectores han expresado preocupaciones sobre la implementación y el impacto en los derechos de los migrantes. La falta de conectividad en zonas rurales y la posible resistencia de ciertos arrendadores son desafíos que deberán abordarse para garantizar la efectividad de la regulación.
El registro obligatorio de inquilinos extranjeros marca un hito en las políticas migratorias de Perú, reflejando el compromiso del gobierno por mantener un control riguroso y transparente. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de su implementación adecuada y de la colaboración activa entre las autoridades, los propietarios y los mismos migrantes. Esta medida representa un paso importante hacia una sociedad más organizada y segura, pero también plantea desafíos que deberán ser atendidos con sensibilidad y eficiencia.
