EL VENEZOLANO COLOMBIA
El fenómeno migratorio en Colombia, especialmente en el departamento del Atlántico, ha tomado dimensiones alarmantes, con miles de venezolanos llegando en condiciones de extrema vulnerabilidad. Según un informe del Banco Mundial, para 2024 se espera que esta región albergue a más de 2.8 millones de migrantes venezolanos, lo que supone importantes retos para las instituciones locales, particularmente en áreas como la salud y la pobreza. Los migrantes, que en su mayoría carecen de acceso a servicios básicos, enfrentan dificultades que requieren atención urgente por parte de las autoridades.
Crecimiento exponencial de la población migrante
La llegada masiva de venezolanos al Atlántico ha incrementado de manera significativa desde 2020. En este periodo, más de 13.000 niños nacieron de madres venezolanas en el departamento, siendo la mayoría de estas mujeres jóvenes de entre 18 y 28 años. Este fenómeno ha generado una presión considerable sobre los servicios sociales, educativos y de salud en la región, donde las autoridades locales deben atender tanto a la población residente como a los migrantes que llegan en busca de mejores condiciones de vida.
Según datos del Observatorio de Migración y Salud, el 57.1% de los migrantes en Atlántico vive en pobreza multidimensional, lo que implica carencias en acceso a servicios básicos, educación y empleo. Además, un 63.65% presenta bajo logro educativo, y casi el 10% de esta población es analfabeta, lo que dificulta aún más su inserción en el mercado laboral y en la vida social del país.
Problemas de salud entre los migrantes
Uno de los retos más críticos es el acceso a la atención médica. Más del 50% de los migrantes venezolanos en Atlántico no cuentan con seguro de salud, lo que agrava su situación cuando enfrentan emergencias médicas. Entre las principales enfermedades y problemas de salud registrados durante 2023 en esta población, destacan la desnutrición en menores de cinco años, malaria, varicela y casos de sífilis gestacional. La desnutrición, en particular, afecta gravemente a los niños pequeños, quienes llegan con deficiencias alimentarias debido a la crisis en Venezuela.
Además, el informe reporta un total de 59 casos de morbilidad materna extrema y 12 muertes perinatales y neonatales, reflejando la fragilidad del sistema de atención para mujeres embarazadas y recién nacidos. Estas cifras subrayan la necesidad de reforzar los servicios de salud, particularmente en atención prenatal y postnatal, para reducir el riesgo de mortalidad entre madres y bebés migrantes.
Violencia de género: una problemática alarmante
Otro aspecto preocupante es el alto índice de violencia de género en la población migrante. Durante 2023, se registraron 169 casos de lesiones relacionadas con agresiones por violencia de género, un número alarmante que requiere una respuesta inmediata por parte de las autoridades de salud y de justicia. Estos casos demandan atención tanto física como mental para las víctimas, quienes a menudo carecen de apoyo adecuado.
La OMS enfatiza que este tipo de violencia no solo pone en riesgo la integridad de las mujeres, sino que también afecta a sus familias y al tejido social en general. Es necesario desarrollar programas integrales que no solo brinden asistencia médica, sino que también promuevan la justicia y la protección de los derechos humanos de las víctimas.
Afiliación al sistema de salud
A pesar de los desafíos, el 99.7% de los migrantes venezolanos registrados en Atlántico están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), aunque la mayoría pertenece al régimen subsidiado. Solo un pequeño porcentaje se encuentra en el régimen contributivo, lo que demuestra las dificultades que enfrentan para acceder a empleos formales. Sin embargo, la afiliación es un paso importante para garantizar que los migrantes tengan, al menos, un acceso básico a los servicios de salud.
La llegada de migrantes venezolanos al Atlántico presenta desafíos significativos en áreas como la salud, la pobreza y la violencia de género. Las autoridades locales y nacionales deben coordinar esfuerzos para garantizar una respuesta efectiva que atienda las necesidades de esta población vulnerable, protegiendo su bienestar y asegurando su integración en la sociedad colombiana.
