EL VENEZOLANO COLOMBIA
Obtener el certificado de antecedentes penales en Venezuela se ha convertido en un verdadero desafío para miles de ciudadanos, especialmente aquellos en el extranjero. La página web del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz ha estado inoperativa durante más de un mes, dejando a los solicitantes sin respuesta y generando frustración. Este documento, esencial para trámites migratorios, podría dejar de ser gratuito en un futuro cercano, generando aún más incertidumbre.
Una espera interminable
La plataforma encargada de emitir el certificado de antecedentes penales ha estado fuera de servicio desde principios de agosto, lo que ha afectado a miles de venezolanos, especialmente a quienes residen en el extranjero. Este documento es indispensable para acceder a visas, empleos o regularizar su estatus migratorio.
En redes sociales, los usuarios han expresado su frustración por no poder realizar el trámite y han intentado todo tipo de soluciones: cambiar de navegador, acceder en distintos horarios o incluso acudir personalmente a las oficinas del ministerio. Sin embargo, la respuesta ha sido la misma: deben esperar hasta que la página web vuelva a estar operativa.
Vulnerabilidad ante estafas
La falta de acceso al certificado no solo genera desesperación, sino que también ha dado pie a un aumento de estafadores que prometen conseguir el documento por medios irregulares. A pesar de que el trámite sigue siendo gratuito, algunos usuarios en redes sociales han sido contactados por personas que ofrecen «soluciones» a cambio de dinero.
Esta situación no solo pone en riesgo a quienes buscan desesperadamente el certificado, sino que también demuestra la vulnerabilidad ante un sistema ineficaz.
La gratuidad en duda
Aunque el trámite del certificado de antecedentes penales aún no tiene costo, la Ley de Registro de Antecedentes Penales, aprobada en julio de 2022, establece que los solicitantes deberán pagar una tasa en divisas una vez que se aplique completamente la normativa.
Sin embargo, hasta el momento, no se ha fijado una escala de pagos ni se ha implementado el cobro, dejando a muchos en la incertidumbre. La abogada constitucionalista Vestalia Tovar señala que, aunque la ley existe, no se ha aplicado debido a la falta de un marco claro sobre las tarifas que deberán abonarse.
Actualizaciones sin respuestas
A pesar de las promesas del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz sobre la mejora de la plataforma, los usuarios siguen sin obtener respuestas claras. No se sabe si el sistema de solicitud en línea seguirá siendo el mismo después de las actualizaciones, ni si la vigencia del certificado cambiará. Actualmente, el documento es válido por tres meses, pero el futuro del sistema sigue siendo incierto.
Implicaciones de la nueva ley
La Ley de Registro de Antecedentes Penales no solo establece un cobro por la emisión del documento, sino que también ha sido criticada por organismos como Acceso a la Justicia, que cuestiona la falta de transparencia en la implementación de tasas referidas en divisas. Según la ley, el costo del certificado podría oscilar entre 10 y 50 veces el valor de la moneda de mayor valor, generalmente el euro, lo que representaría un costo considerable para los solicitantes, en especial para aquellos que dependen de la obtención de este documento para sobrevivir fuera del país.
El trámite del certificado de antecedentes penales, esencial para miles de venezolanos, está envuelto en una nube de incertidumbre. Las fallas técnicas, la posibilidad de cobros futuros y la falta de información clara por parte de las autoridades han generado una crisis que afecta tanto a migrantes como a quienes planean emigrar. Mientras tanto, los usuarios siguen esperando soluciones concretas que les permitan regularizar su situación sin caer en manos de estafadores ni enfrentarse a costos elevados en el futuro.
