Luego del fraude perpetrado el pasado 28 de julio contra la soberanía popular, expresada en las urnas de votación, la cúpula roja ha escalado su manejo autoritario del poder hasta llegar a los niveles de una dictadura abierta y descarnada. Ya no hay fórmulas, ni disimulos, la brutal embestida contra la sociedad democrática no tiene parangón con los abusos y arbitrariedades de los últimos años.
Nadie tiene dudas, a estas alturas, de lo ocurrido en el evento electoral del 28 de julio. La cúpula roja se quitó la careta y ha quedado al descubierto. Sus actuaciones, cada día más virulentas y desvergonzadas, evidencian la forma como se han confabulado para dar el zarpazo a la voluntad popular.
Los boletines ofrecidos por el CNE son un monumento al fraude. Por primera vez, en este siglo, se presenta un resultado electoral sin ofrecer el soporte del mismo. Desde que se asumió el sistema automatizado, el mismo ha permitido en tiempo real poder conocer el número de actas trasmitidas y recibidas, y la forma como se consolidaba el resultado de la elección. El sistema generaba un acta de totalización con los resultados recibidos de cada mesa de votación. Todos esos documentos se hacían públicos a los pocos minutos de haberse anunciado el resultado del proceso.
En esta oportunidad no solo que no ha ocurrido tal publicación, sino que se ha pretendido justificar su ocultamiento, con un supuesto ataque cibernético. No obstante, habiéndolo alegado el presidente del CNE, ofrece dos boletines con unos resultados que todos hemos puesto en duda, porque hemos conocido lo que ocurrió en todo el país. Salta entonces la interrogante de rigor. ¿Si hay un jaqueo, y por lo tanto no tienen las actas, de donde salieron los números presentados en ambos boletines? Si llegaron a esos totales, deben mostrar los parciales de dónde vienen esos resultados.
El CNE no le ha mostrado al país ninguna evidencia del supuesto ataque cibernético, en aras de la transparencia del proceso electoral debe hacer público todos los elementos constitutivos de sus actuaciones. A ello está obligado el CNE por mandato del primer aparte del artículo 293 de la Constitución que textualmente dice:
“Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional.”
En función de ese mandato el CNE debió recaudar todas las actas del sobre N 1, y/o requerir del plan República los votos emitidos para hacer las auditorías establecidas en la ley y el reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. El CNE ha hecho dejación de sus competencias y deberes constitucionales, y ha creado una crisis política en su afán de imponer lo que a todas luces es un fraude. Ahora resulta que quienes deben suplir esa grave omisión son los ciudadanos, los candidatos y los partidos postulantes. Es decir pretenden invertir la carga de la prueba.
Los poderes públicos actúan de forma acompasada para convertir el boletín del CNE en un dogma de fe. Pretenden los titulares de esos poderes que nadie dude, o cuestione dicho acto. Eso lleva al presidente Maduro a acudir de forma nerviosa y apresurada ante la sala electoral del TSJ a presentar un supuesto recurso contencioso electoral. Todos los abogados con conocimiento del derecho administrativo y electoral han expresado su sorpresa por la admisión de ese recurso en la Sala Electoral. No existe en la legislación electoral un recurso contencioso de “investigación del proceso electoral”.
El recurso contencioso electoral, previsto y desarrollado en la ley orgánica de procesos electorales, está establecido para solicitar la revisión por ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos emanados del Consejo Nacional Electoral. Nadie conoce el escrito de Maduro solicitando la nulidad de los actos post evento electoral, que son la totalización y su proclamación como presidente electo. No pareciera que él haya demandado la nulidad de ambos actos. ¿Cuál es entonces el objetivo de ese absurdo recurso? En mi reflexión encuentro una respuesta: buscan una sentencia que avale el fraudulento resultado emitido en el CNE.
Con ambos pronunciamientos, el del CNE y el del TSJ, la cúpula roja busca aplastar toda opinión crítica al autogolpe ejecutado, reforzando entonces la judicialización y criminalización del legítimo reclamo existente en toda nuestra sociedad ante tamaño desafuero.
Con el aparato de propaganda del estado, buscan igualmente, profundizar su narrativa de haber ganado dicha elección, que todos los venezolanos saben no ocurrió, y de satanizar, ofender y criminalizar a todos los que levanten su voz para cuestionar el desafuero y poner en duda el dogma de fe en que pretenden convertir su narrativa de triunfo, cuando han recibido la más aplastante derrota que haya tenido, en nuestra historia, un gobierno en las urnas de votación
El golpe contra la soberanía popular, ejecutado en clara confabulación por las cabezas de los poderes públicos, nos ha traído a una dictadura ya inocultable o disimulada, que solo se sostiene por el control de la fuerza bruta, ya que carecen del respaldo ciudadano, del derecho y de la razón.
Nuestra lucha pacífica, apegada a nuestros derechos constitucionales, para que prevalezca la verdad y el derecho va a mantenerse. Somos un movimiento ciudadano desarmado, pacífico y por lo tanto humanista, que basa su legitimidad en el mandato ciudadano, en la razón y en las leyes. Aspiramos a que el mundo democrático pueda continuar acompañándonos, y logre por los canales diplomáticos, una solución a esta tragedia en la que estamos sumidos los venezolanos.
