EL VENEZOLANO COLOMBIA
El 30 de junio marcó una fecha crucial para las empresas de transporte público venezolano que operan en Colombia, especialmente en Cúcuta y Villa del Rosario. El vencimiento de los certificados de circulación ha dejado a numerosas compañías en una situación delicada, afectando no solo a los transportistas sino también a la dinámica económica de la región fronteriza.
Impacto en las empresas de transporte
El vencimiento de los certificados ha dejado a 15 empresas de transporte público colectivo y cinco de transporte individual sin posibilidad de operar en sus rutas designadas.
Celestino Moreno, representante del Sindicato de Transporte Venezolano en la frontera, expresó su preocupación por la falta de mediación y el tiempo insuficiente para cumplir con los requisitos exigidos por el Área Metropolitana de Cúcuta (AMC).
Requisitos actualizados
Las nuevas normativas establecen coberturas mínimas tanto en la póliza de responsabilidad civil contractual como extracontractual, elevando los costos de cumplimiento a 78 millones de pesos por persona.
Esta medida, según los transportistas, dificulta aún más la renovación de los permisos y pone en riesgo la continuidad del servicio.
Competencia y tratados binacionales
Moreno también señaló rumores sobre la posible entrada de nuevas líneas de transporte sin permisos del Ministerio de Transporte colombiano.
Esto podría afectar negativamente al transporte público binacional, ya que se percibe como una violación de los tratados binacionales que regulan estas actividades.
Impacto mínimo en la movilidad ciudadana
A pesar de la restricción, la movilidad de los ciudadanos entre Cúcuta y los municipios fronterizos venezolanos no se ha visto significativamente afectada.
Las múltiples alternativas de transporte disponibles han mitigado el impacto de la suspensión de servicios de las empresas venezolanas.
Respuesta de las autoridades
Jorge Francisco Hernández, subdirector de Transporte Público del AMC, defendió las nuevas exigencias, argumentando que se alinean con la ley vigente para garantizar la seguridad de los usuarios. Hernández enfatizó que los vehículos deben cumplir con la norma para operar legalmente y destacó que hasta la fecha no se han reportado siniestros con vehículos venezolanos.
Hernández mencionó que algunos vehículos venezolanos están bajo investigación por desarrollar actividades no autorizadas. Aunque no detalló las sanciones, afirmó que las empresas deben renovar sus permisos lo antes posible para evitar repercusiones legales.
Antigüedad de las flotas
Otro desafío significativo es la antigüedad de los vehículos. En Colombia, la vida útil máxima permitida para los vehículos de transporte público es de 24 años, una norma que muchos vehículos venezolanos no cumplen.
Esta restricción añade otra capa de dificultad para que las empresas venezolanas puedan operar legalmente.
Necesidad de diálogo y flexibilidad
La situación actual del transporte público venezolano en la frontera colombo-venezolana subraya la necesidad de un diálogo abierto y soluciones flexibles. Es crucial que las autoridades de ambos países colaboren para encontrar un equilibrio entre la seguridad de los usuarios y la viabilidad económica de las empresas de transporte. Facilitar la renovación de permisos y ajustar las normativas podrían ser pasos importantes para garantizar un servicio de transporte estable y seguro en la región.
