EL VENEZOLANO COLOMBIA
La cacería de opositores por parte del régimen de Nicolás Maduro ha desencadenado una serie de acontecimientos violentos y preocupantes en Colombia. Desde una casa en Cúcuta, un grupo de desertores militares venezolanos planificó lo que sería una utópica rebelión contra el régimen.
Sin embargo, su intento fue rápidamente descubierto, desatando una implacable persecución que ha traspasado fronteras y ha involucrado a grupos criminales como el ELN y el Tren de Aragua. Este artículo examina los detalles de esta persecución y sus consecuencias devastadoras.
Violenta cacería transfronteriza
La persecución desatada por el régimen de Maduro ha dejado un rastro de violencia que ha trascendido las fronteras de Venezuela hacia Colombia y Chile. Los opositores señalados como conspiradores han sido blanco de ataques coordinados, resultando en secuestros y asesinatos.
La inteligencia militar venezolana, aliada con grupos criminales como el ELN y el Tren de Aragua, ha violado la soberanía colombiana y ha sembrado el terror en las comunidades fronterizas. Estos actos de represión han generado un clima de temor y desconfianza en la región.
Persecución de objetivos designados
Entre los objetivos de la persecución se encuentran tres hombres identificados por el régimen como conspiradores: el capitán Ángelo Heredia, el teniente Ronald Ojeda y el líder estudiantil Pablo Parada.
Estos individuos han sido objeto de ataques selectivos, secuestros y asesinatos por parte de agentes vinculados al régimen de Maduro.
Sus historias reflejan el peligro constante al que se enfrentan aquellos que se oponen al gobierno venezolano, incluso cuando buscan refugio en países vecinos.
Despliegue de inteligencia y colaboración criminal
Documentos secretos revelan el alcance de la colaboración entre la inteligencia militar venezolana y grupos criminales en Colombia. El teniente coronel Alexander Granko, conocido como ‘Mano Negra’, lidera estas operaciones, que van más allá de la obtención de información de seguridad nacional.
Su unidad, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), es señalada por torturas y violaciones de derechos humanos. Esta alianza entre la DGCIM y organizaciones criminales como el ELN representa una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad de los ciudadanos.
La persecución de opositores por parte del régimen de Maduro en Colombia es un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la democracia y los derechos humanos en la región. Ante esta situación, es crucial que la comunidad internacional tome medidas firmes para detener estos abusos y proteger a aquellos que están en riesgo.
Se requiere una respuesta coordinada que incluya sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos y apoyo a las víctimas y sus familias. Asimismo, es fundamental fortalecer los mecanismos de protección para los refugiados y desertores que buscan seguridad fuera de Venezuela. Solo a través de un compromiso conjunto se podrá garantizar un futuro de paz y justicia para todos los afectados por la persecución del régimen de Maduro.
