Gobernar Bogotá nunca será un camino de rosas. Los primeros 54 días de Carlos Fernando Galán como alcalde han sido de todo menos tranquilos. En medio de los problemas de salud del mandatario y los incendios forestales, el viejo problema de inseguridad ha hecho una catarsis errática que, más allá de una mera percepción y videos en redes sociales, es un problema tangible, según admitió el alcalde en las últimas horas.
Emitir juicios sobre la propuesta de la nueva administración frente al crimen sería precoz. El nuevo secretario de Seguridad, César Restrepo, y la Policía de Bogotá se encuentran cimentando los pilares de la nueva política de seguridad, mientras se está a la espera de la inversión que Galán incluirá en su Plan de Desarrollo, para aumentar en 3.000 hombres el pie de fuerza.
No obstante, mientras se desarrollan dichas estrategias, desde el Recinto de los Comuneros se empieza a escuchar una propuesta de calibre mayor. El cabildante Óscar Ramírez Vahos, del Centro Democrático, le solicitó al Distrito pedir la militarización de la ciudad para hacer frente a la inseguridad. “En el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, resulta imperativo que el alcalde solicite al presidente la intervención y asistencia de la Policía Militar para que brinde acompañamiento y garantice acciones contundentes para recuperar la seguridad”, afirmó.
En efecto, lo propuesto por Vahos se contempla en la legislación colombiana, específicamente en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016. La norma brinda un mecanismo para que un alcalde puede pedir la asistencia militar, temporal o excepcional, en caso de calamidad pública. En ese orden de ideas, si se activara dicho mecanismo, la Policía recibiría apoyo del Ejército en labores de patrullaje e inspección en las distintas localidades.
Echando un vistazo al retrovisor, para expresar lo que implica la asistencia militar, hay que remitirse a los desmanes del 21 de noviembre de 2019 y del 9 de septiembre de 2021. En aquella oportunidad, militares y policías patrullaron las calles de Bogotá. O la maniobra del 29 de abril del año pasado, cuando el Ejército desplegó a 12.000 efectivos en los límites de Sumapaz con Cundinamarca, con el fin de hacer frente a la posible presencia de disidencias de las FARC en la zona.
Teniendo en cuenta estos ejemplos, y evaluando la situación actual, pese a la vorágine de caos e inseguridad, según los expertos, no es factible hablar de una situación excepcional que dé lugar a la militarización. Al menos de la manera literal y directa, como los solicitan algunos sectores.
Ya hay participación militar
No es la primera vez que se propone la militarización de la ciudad frente a una situación semejante. En 2021, Fenalco solicitó la medida en medio de un aumento significativo de los hurtos y las extorsiones a comerciantes. Solo en agosto de ese año, 540 establecimientos habían sido blanco de estos delitos. Al evaluar la situación, la entonces alcaldesa Claudia López le dijo al gremio que la presencia de militares en Bogotá, como contempla el mecanismo, era “inconveniente”. En su lugar formuló un patrullaje disuasorio entre Policía Militar y la Metropolitana en puntos críticos.
Hoy, tres años después, con las mismas problemáticas, pero con nueva administración, la llave para desbloquear posibles soluciones a la seguridad sigue pasando por el mismo dilema: déficit de Fuerza Pública. La ciudad dispone de 16.656 policías, equivalente a un uniformado por cada 470 habitantes. El estándar internacional es de un policía por cada 300. De ahí que la militarización, entre otras tantas, surja como alternativa para enfrentar el problema.
Frente a este tema, el secretario de Seguridad le aclaró a El Espectador que “la Alcaldía, desde el primer día de mandato, definió que la construcción de seguridad urbana en la ciudad será el resultado del trabajo conjunto entre Policía de Bogotá, la Brigada 13 del Ejército, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. Esta acción coordinada busca recuperar el control del espacio urbano y la disminución del árbol de vulnerabilidades y riesgos. Por tal razón, la participación de las fuerzas militares está desde el primer día, siempre en el marco de los mandatos constitucionales, que esta fuerza tiene, y bajo las funciones que permiten su participación en el apoyo a la Policía Nacional”.
Finalmente, el exsubsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, aclara que las limitaciones legales del artículo de asistencia militar solo aplica para situaciones de excepcionalidad, la cual no se da en la ciudad. Por lo tanto, en temas de seguridad, como el actual, la militarización de la ciudad no es viable.
Otras alternativas
Una vez descartado un despliegue puro y duro del Ejército en la ciudad, al menos bajo las condiciones actuales, saltan a la vista otras ideas. Una de ellas, promovida también desde la bancada del Centro Democrático, consiste en el porte legal de armas por empresarios y comerciantes. Daniel Briceño, cabildante que impulsa la iniciativa, recalca que el gremio, con personas en el marco de la ley, deberían tener acceso al mercado legal de armas para su defensa”.
Briceño es consciente de que dicha iniciativa le compete exclusivamente al Gobierno Nacional, pero pide abrir el debate desde la capital. El secretario Restrepo opinó que “el alcalde ha sido preciso en decir que la construcción de seguridad será el resultado de la disminución de armas ilegales en poder de los ciudadanos y de las bandas criminales, así como un control efectivo sobre aquellas con permisos”.
Ambas iniciativas las apoyan desde Fenalco: el acompañamiento del Ejército a la Policía y, en especial, el porte de armas, como mecanismos de protección. La primera, según el Distrito, ya existe. En cuanto a la segunda, que respaldan con bajo el argumento de que “en este momento los delincuentes están armados con la certeza de que su víctima no lo está”, queda claro que por ahora no es opción. ¿Cuál será entonces el coto que le ponga límite a la ola de violencia en Bogotá?
