EL VENEZOLANO COLOMBIA
En Perú, alrededor de 200.000 ciudadanos venezolanos indocumentados enfrentan la posibilidad de ser expulsados debido a la aprobación del Decreto Legislativo 1582, generando preocupación y advertencias de distintos sectores y plataformas migratorias.
Riesgo de expulsión para venezolanos
El cofundador de Cápsula Migrante, Héctor Villa, alertó sobre la situación que atraviesan unos 200.000 venezolanos en Perú, señalando que la aprobación del Decreto Legislativo 1582 incrementa la probabilidad de expulsión de aquellos que no cuentan con documentación legal.
Impacto y limitaciones del decreto
El decreto prohíbe a proveedores de servicios establecer tratos comerciales con extranjeros sin documentos, presentando un desafío adicional para los venezolanos, quienes a menudo encuentran trabajo informal como repartidores, enfrentando dificultades para obtener licencias de tránsito.
«La migración es un hecho que sigue ocurriendo y este decreto pone más compleja la situación porque se sabe que la mayoría de los venezolanos que llegan a los países de América Latina el primer trabajo que suelen tener es que alquilan una moto o un vehículo y se ponen a trabajar como delivery. No siempre tienen licencia para transitar porque a veces el proceso tarda, le faltan algunos requisitos o no tienen dinero», expuso.
Contexto migratorio y decisiones políticas
Villa resaltó que, pese a los discursos gubernamentales sobre mejoras en Venezuela, la migración continúa.
Apuntó a la falta de comprensión gubernamental sobre la realidad venezolana y cómo las personas siguen migrando hacia distintos países, incluyendo Perú.
Evaluación y detenciones
Las autoridades realizarán investigaciones en las primeras 12 horas de detención para verificar antecedentes y situación migratoria.
Si carecen de estatus migratorio regular, Migraciones tomará decisiones sobre su permanencia en el país.
Delincuencia y estigmatización
Aunque existen venezolanos en cárceles peruanas, la tasa de delitos cometidos por extranjeros es mínima en comparación con el total de crímenes en Perú.
Villa subraya la necesidad de abordar el retardo en el sistema judicial, dado que el 70% de los detenidos aún no ha sido sentenciado.
Es crucial que las políticas migratorias consideren la realidad social y económica de los migrantes, ofreciendo alternativas legales y evitando la estigmatización. Se recomienda una revisión exhaustiva de las decisiones que puedan afectar a la comunidad migrante y una mayor agilidad en el sistema judicial para garantizar la justicia y el respeto de los derechos humanos.
