El parole humanitario es una antigua herramienta contenida en la sección 212(d)(5) de la ley de inmigración y nacionalidad de los EEUU que permite otorgar una entrada temporal a extranjeros a los EEUU en circunstancias especiales por razones de urgencia humanitaria o beneficio público significativo. Una vez dentro del país, son elegibles para aplicar un permiso de empleo durante el término de su entrada.
En la actualidad, la administración de Biden ha apelado a esta opción con el objetivo de paliar el descontrolado flujo de migrantes que cruzan la frontera sur de los EEUU de manera irregular como parte integral de lidiar con la situación emergente. A raíz de esto, el gobierno ha ido creando programas de parole humanitario para ciudadanos de ciertos países, que considera con mayor necesidad debido a las circunstancias individuales de cada país.
Se creó inicialmente un programa de entrada con Parole Humanitario (PH) para ciudadanos de Ucrania, debido a los bombardeos de parte de Rusia hacia ese país, y con el objetivo de frenar el flujo de ciudadanos ucranianos que cruzan la frontera hacia los EEUU de manera irregular en busca de protección. Luego se creó el programa de Parole para Venezuela en 2022, y más tarde se expandió para incluir a ciudadanos de otros países en crisis, como Cuba, Nicaragua y Haití.
Se estima que han ingresado más de 200 mil extranjeros de estas nacionalidades en el último año bajo el programa de PH. El objetivo de este programa no es el de esquivar ni sustituir el proceso regular de obtención de una visa hacia los EEUU, sino el de atender una crisis emergente de los ciudadanos de dichos países, que les impide ir a través de los canales regulares y así evitar que arriesguen sus vidas cruzando ilegalmente hacia los EEUU en busca de protección.
Pero la pregunta que todos se hacen es: ¿cuáles son las opciones inmigratorias que puede tener un inmigrante después de entrar a los EEUU bajo el programa de parole humanitario? Sabemos que la entrada bajo el programa de PH es por un período inicial de 2 años. Durante ese tiempo, la persona es considerada como poseedora de un estatus legal en el país, del cual se le permitiría solicitar la residencia permanente a través de alguna petición por empleo o familia.
En principio, salvo ciertas excepciones, son requisitos fundamentales para poder completar una aplicación de residencia (ajuste de estatus) basada en una petición de inmigrante por familia o empleo, el haber entrado legalmente a los EEUU, el poseer un estatus legal, y haber mantenido dicho estatus legal de manera continua desde la fecha de la entrada hasta la fecha de introducción de la solicitud de ajuste de estatus.
El parole humanitario es capaz de satisfacer esos requisitos siempre y cuando se introduzca la solicitud de residencia, dentro del período de los 2 años de validez del parole humanitario. También es posible para cualquier persona que se encuentre físicamente dentro de los EEUU, aplicar a un asilo dentro del primer año desde su ingreso al país, sin importar la manera de su entrada.
Una aplicación de asilo es incluso posible en paralelo, mientras se detenta un estatus bajo el programa de PH sin afectar el mismo. Adicionalmente, para aquellos a quienes se les agote el tiempo del término del parole, existe un proceso genérico que se puede aplicar con el servicio de inmigración (USCIS) con el objetivo de extenderlo desde dentro de los EEUU, justificando las razones y la necesidad de continuar en los EEUU.
El USCIS probablemente requerirá una nueva planilla de declaración de soporte financiero por parte de un garante (I-134) y la tarifa de aplicación correspondiente. Sin embargo, debemos esperar a ver si el gobierno realiza algún tipo de anuncio específico con respecto a los PH para Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, tal como lo hizo recientemente con el parole humanitario de los ciudadanos afganos. También es importante tener en cuenta que existe un litigio activo por parte de al menos unos 19 estados, principalmente representados por gobernadores republicanos, que atacan la autoridad del gobierno de Biden para implementar estos programas, alegando que el PH se está implementando de manera amplia y generalizada y no caso por caso, tal como establece la ley.
El juicio está programado para comenzar el 24 de agosto de 2023, y se estima que durará al menos unos 5 días. Una vez concluido el litigio, y la presentación de pruebas y testimonios, las partes tendrán hasta el 29 de septiembre para presentar sus conclusiones. Por tanto, se estima que cualquier decisión por parte del juez Drew Tipton, quien preside este caso, ocurrirá no antes de octubre de 2023. Adicionalmente, en caso de que el juez Tipton decida a favor de los estados demandantes, la administración de Biden podría apelar la decisión y solicitar una suspensión temporal de la decisión mientras se ventile la apelación.
Es importante siempre consultar con abogados de inmigración licenciados en los Estados Unidos sobre su situación individual inmigratoria. Los notarios, paralegales o abogados extranjeros no son abogados en los EEUU y no están autorizados a proveer asesoría legal de inmigración ni a representar a nadie en algún proceso legal.
