Colombia: Carros venezolanos en Cúcuta y su prohibición de circular por el país

◉ La Secretaría de Hacienda de Norte de Santander le hizo dos propuestas al Gobierno Nacional. Entérese de qué se trata

EL VENEZOLANO COLOMBIA

La cuestión de la movilidad para los carros venezolanos internados en Colombia ha generado controversia y preguntas. Desde la implementación del Decreto N° 2229 en 2017, un grupo de vehículos provenientes de Venezuela quedó registrados y limitados en cuanto a su circulación.

Esta restricción ha despertado debates sobre la equidad y justicia de tal medida. En este artículo, exploraremos las razones detrás de esta situación y sus implicaciones.

El Contexto Normativo: Internación y Registro de Vehículos Venezolanos

El Decreto N° 2229, promulgado en diciembre de 2017, marcó el inicio de la internación y registro de alrededor de 62.000 carros y motos provenientes de Venezuela. Este proceso se completó en 2019, obligando a los propietarios a pagar un impuesto anual para poder circular en el departamento de Norte de Santander.

Sin embargo, esta regulación ha llevado a un efecto inesperado: la prohibición de estos vehículos de salir del departamento, lo que ha suscitado preocupación y críticas por su falta de equidad.

La Injusticia Percibida: Limitación en la Circulación de Carros Internados

La restricción impuesta sobre los carros venezolanos internados ha generado descontento entre sus dueños y la sociedad en general. Para muchos, esta limitación resulta injusta y desproporcionada. La cuestión central es por qué estos vehículos, que una vez tuvieron libertad para circular por el país, ahora están confinados a un solo departamento.

Esta medida ha planteado interrogantes sobre la equidad y ha dejado en evidencia una complejidad que merece ser explorada.

Antecedentes de Libre Circulación: Placas Extranjeras y Residentes Foráneos

En el pasado, los vehículos internados podían transitar libremente por Colombia. La directora de la seccional de Aduanas de Cúcuta, Mariela Alzate, explicó que la normativa aduanera permitía la importación temporal de vehículos con placas extranjeras.

Esto aplicaba a turistas y colombianos residentes en el exterior. Propietarios de vehículos venezolanos solían aprovechar esta posibilidad al demostrar que residían en Táchira, pero habitaban también en el departamento. Bajo este escenario, pagaban el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) por tres meses y solicitaban importación temporal.

Cambio en las Reglas: Internación y Limitación a la Circulación

El proceso de internación cambió el panorama. Los carros y motos internados se registraron en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo (UEDF). Bajo esta figura, los dueños declararon ser residentes en Colombia y se estableció que solo podían circular dentro del departamento al que pertenecía la UEDF. Esto generó una restricción geográfica inusual para estos vehículos.

La inquietud sobre la equidad y la necesidad de revisar esta normativa comenzaron a resonar entre la comunidad.

Perspectivas de Cambio: Propuestas y Solicitud de Claridad

En busca de una solución, se han propuesto cambios que permitan la circulación nacional de los carros venezolanos internados que pagan impuestos. La posibilidad de utilizar la tarjeta de registro expedida como mecanismo de control para la venta de gasolina subsidiada también ha sido mencionada. No obstante, hasta el momento, no ha habido respuesta concreta por parte del Ministerio de Hacienda ante estas propuestas.

En medio de esta incertidumbre, surge la pregunta sobre cómo se podría abordar esta compleja situación de manera justa y efectiva.

La limitación en la circulación de los carros venezolanos internados en Colombia refleja una situación compleja y desafiante. Mientras que en el pasado estos vehículos podían recorrer el país, la internación y registro han llevado a restricciones geográficas que muchos consideran injustas. La búsqueda de soluciones y la necesidad de equidad en la regulación son aspectos que requieren atención y análisis. La evolución de esta situación continuará planteando interrogantes sobre cómo encontrar un equilibrio entre la seguridad fronteriza y los derechos de movilidad de los ciudadanos.

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