EL VENEZOLANO COLOMBIA | NOTA DE PRENSA
La corrupción administrativa carcome las finanzas públicas y destroza, aún más, las precarias condiciones económicas y sociales de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.
Altos funcionarios públicos y sus cómplices privados se roban los dineros de todos los venezolanos, en particular los que genera nuestra industria petrolera, y exhiben con ostentación sus lujos; mientras que, a nuestros empleados públicos, maestros y maestras de las escuelas, a los profesores universitarios, trabajadores de la salud, médicos y enfermeras, o a los más de 4 millones de pensionados no le alcanza el sueldo miserable ni para comprar un kilo de queso blanco o un kilo de carne.
La familia venezolana no tiene ingresos suficientes para llevar la comida a la casa, mucho menos para cubrir otros gastos esenciales como la salud, la educación, el transporte o la vivienda.
Según el Centro de Documentación de Análisis Social (Cendas/FVM) la canasta básica alimentaria está en 486 dólares para enero de 2023, precio muy por encima del sueldo promedio mensual de un trabajador del sector de comercio y servicios, estimado por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) en 138 dólares para diciembre de 2022.
Somos hoy uno de los países del mundo con las mayores tasas de inflación, hambre, deserción escolar, falta de vacunas, éxodo masivo; en fin, de penurias tanto en las familias civiles como en la familia militar.
Esto tiene que cesar
Debemos todos contribuir a que se alivien los males y que haya progreso y bienestar para todos, y no sólo para aquellos que se creen con privilegios al ocupar altos cargos en la Administración Pública.
Si bien la solución a la tragedia social pasa por un cambio político, -y que trabajamos día a día para que ese cambio se produzca en las elecciones presidenciales pautadas para 2024-, no podemos esperar mientras la miseria crece.
A grandes males, grandes soluciones.
La Constitución Nacional establece claramente qué hacer en caso de una situación tan grave como la actual.
En su artículo 236 se fijan las atribuciones y OBLIGACIONES del Presidente de la República, y en su numeral 23 se establece la de convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación.
Así como en el artículo 323 de nuestra Carta Magna, se indica que éste es el máximo órgano del Poder Público para los asuntos de la defensa Integral de la Nación.
Y de eso se trata en estos momentos: LA DEFENSA INTEGRAL DE LA NACIÓN.
Este órgano, aparte de representantes de poderes públicos, puede, apegado al Artículo 2 de nuestra Constitución que define a Venezuela Como un estado democrático y social de derecho que propugna como uno de sus valores el pluralismo político, integrar en su seno a otros representantes cuya participación se considere pertinente.
PUENTE propone que al lado de representantes de poderes públicos se integren a este órgano representantes de, entre otros sectores:
-La iglesia católica;
-La ciencia y la cultura;
-El empresariado;
-Gremios y sindicatos;
-Las Regiones;
-Partidos políticos y sociedad civil.
Las tareas a debatir y acometer por parte del Consejo de Defensa de la Nación serían, fundamentalmente:
1.- Lucha contra la corrupción;
2.- Reactivación económica y mejoramiento del ingreso y del poder adquisitivo;
3.-. Mejoramiento de los servicios de salud, educación, alimentación, agua potable, electricidad y transporte;
4.- Normalización y mejoramiento de las relaciones de Venezuela con todos los países del mundo.
Es hora de la defensa integral de la nación y de nuestros ciudadanos.
