EL VENEZOLANO COLOMBIA | CUENTAS CLARAS DIGITAL
En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por la presencia de varios vehículos del Sebin – acompañados en su incursión por drones – frente a la Quinta Samán de la Avenida El Samán.
El allanamiento de la moderna mansión de 1.820 m2 que incluye casa de huéspedes, caseta de vigilancia y espacios dedicados a la meditación, piscina y parrilla, se prolongó hasta la madrugada. La propiedad pertenece a Alejandro Arroyo, uno de los detenidos acusado de ser testaferro y operador financiero de la nueva trama de negocios ilícitos de PDVSA.
A través de comunicados en sus redes sociales, la desconocida Policía Nacional Anticorrupción (PNAC) y la “Fiscalía General de la República”, anunciaron el desmantelamiento de una red de corrupción dentro de Pdvsa integrada por “funcionarios que valiéndose de su cargo y autoridad habrían ejecutado operaciones petroleras paralelas a Pdvsa”.
A todas luces se trata de una nueva disputa por el poder dentro de la élite madurista.
La cifra inicial del daño patrimonial a la nación sería de unos 3 mil millones de dólares en cuentas comerciales por cobrar, calificadas por los investigadores como de “potencialmente irrecuperables ya que están vinculadas a petroleros que salieron del país sin pagar por adelantado, pese a que los clientes habían aceptado esas condiciones”.
Siguió un fin de semana de conjeturas, rumores e incertidumbre que tuvieron su momento más álgido el lunes con la renuncia de Tareck El Aissami al ministerio de Petróleo. Sin embargo, no fue hasta el sábado 25 cuando Tarek William Saab comunicó la versión oficial sobre la nueva trama de corrupción “descubierta” en Pdvsa (la número 31, según el fiscal designado por la Asamblea Nacional oficialista). La misma recordó a una similar que ofreció en agosto de 2022. En aquella, responsabilizó a Rafael Ramírez del robo de 4.500 millones de dólares a través de operaciones irregulares con el diferencial cambiario. En la presente, Saab no se atrevió a adelantar el monto del atraco pero nombró a los supuestos integrantes de la trama a la que identificó como una “estructura” cuyo “jefe” sería Antonio Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA.
Como ya es su estilo, Saab utilizó un tono alterado en la declaración, llena de opiniones personales, imprecisiones y comentarios políticos y hasta filosóficos fuera de lugar, para señalar a los implicados, diez funcionarios y once empresarios detenidos en relación con el caso:
Teniente Coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa desde febrero de 2020 por designación de Nicolás Maduro.
Hugbel Roa, diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV. Ex ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y ex viceministro de Asuntos Estratégicos del Despacho de la Presidencia de la República.
Joselitt Ramírez Camacho, mano derecha de Tareck El Aissami, director de su despacho y de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). Mantiene una buena relación con el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava. Está sancionado por EEUU que ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.
Rajiv Alberto Mosqueda Fregona y Renny Gerardo Barrientos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
Y cinco funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y Suministros de PDVSA: José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Eduardo José Borgones, Henrys Chapellín y Jesús Enrique Salazar.
En cuanto a los empresarios involucrados, acusados de ser operadores financieros de la trama, la fiscalía confirmó la detención de:
Manuel Meneses Guevara, Roger Ramírez, los hermanos Rafael y Roger Perdomo Rodríguez, Cristofer Barrios, Johana Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez, Leonardo Torres y Daniel Prieto.
Estarían en búsqueda y captura once mas: los hermanos Juan Manuel y Manuel Ramón Afonso López, William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, Railin Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo.
A todos se les acusa de los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público y legitimación de capitales.
Además, Saab anunció la incautación de aviones, yates, motos, casas, vehículos y dinero en efectivo pertenecientes a la trama criminal. La pregunta que nos hacemos es qué va a pasar con esos bienes? quién los va a administrar? quien los va a gestionar? La experiencia hasta ahora es que los activos incautados terminan en manos de los altos jerarcas del régimen. Incluso, según informan fuentes de Cuentas Claras Digital, se ha llegado al extremo de garantizar la devolución a sus propietarios de algunos de esos bienes decomisados por diversos delitos, a cambio del pago de sobornos.
Llamó la atención que Saab no nombrara a lo largo de su intervención a Tareck El Aissami (TEA), a pesar de haber renunciado al ministerio de petróleo para “colaborar con la investigación” el lunes 20 de marzo, luego de un fin de semana de razia contra su entorno. Tampoco en la Asamblea Nacional oficialista fue nombrado durante el trámite de allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado del PSUV, Hugbel Roa.
Las confesiones de Walid Mackled
“En una conversación que tuvimos en mi apartamento, él me dijo que necesitaban reunir una cierta plata, porque había un banquero que le había colaborado a ellos con mil y pico de millones de bolívares, porque necesitaban comprar un buque petrolero para afiliarlo con unos amigos de ellos”.
De esta manera describe Walid Makled, condenado por tráfico de drogas, la solicitud que le hiciera Haisam El Aissami, hermano de Tareck El Aissami (TEA), según declaró a NTN24 en 2010 durante su detención en la cárcel de máxima seguridad de Cónvita en el departamento de Boyacá de Colombia. En la entrevista detalla la estrecha relación que mantuvo con el hermano de TEA cuando éste ejercía como ministro del Interior de Hugo Chávez.
Hace catorce años, Tareck El Aissami ya tenía la vista puesta en los “negocios” petroleros.
Las detenciones
La detención de Daniel Ricardo Prieto Prieto, a quien se acusa de ser testaferro del diputado Hugbel Roa, se produjo luego de que Venezuela alertara a las autoridades de República Dominicana, quienes procedieron a devolver o “inadmitir” al operador financiero que viajaba desde Caracas al país caribeño.
Bernardo Arosio Hobaica, empresario de la construcción y propietario de Prodata Energy, una compañía favorecida por Pdvsa para exportar gas venezolano a Colombia, se presentó voluntariamente a declarar y quedó detenido.
Con mejor suerte habría corrido Pedro Maldonado – hombre de confianza de Tareck El Aissami y socio de Alejandro Arroyo – presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), quien luego de haber colaborado con los investigadores, habría quedado en libertad.
Otro colaborador relevante sería el mayor de la GNB Manuel Parra Ramírez, hasta hace poco miembro del equipo de Pérez Suárez, quien lo despidió de la vicepresidencia de Comercio y Suministro.
El empresario Daniel David Uzcátegui fue presentado a declarar bajo la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Desde que la Policía Nacional Anti Corrupción – esa gran desconocida – adscrita al Sebin, anunciara la investigación que luego corroboró el Ministerio Público, son muchos los nombres de posibles involucrados que han circulado en medios de comunicación y redes sociales, algunos de los cuales no fueron confirmados por Tarek Saab.
Son ellos: Coronel del Ejército Oscar Dávila Rondón, que ha ocupado importantes cargos como la presidencia de Bariven y de Pdvsa Industrial. Del equipo de confianza de Antonio Pérez Suárez, lo acompañó en la Corporación Socialista de Cemento y en la del Sector Automotor; el gerente general de PDV Marina, coronel Samuel Testamarck; el teniente coronel José Agustín Ramos Chirinos, gerente general de la Dirección de Seguridad Integral de la Faja Petrolífera del Orinoco y el exgobernador del estado Sucre, Edwin Rojas.
En la madrugada de este domingo, circuló en redes sociales que la Policía Nacional Anti Corrupción estaba allanando varios apartamentos en un edificio de la urbanización Los Chorros de Caracas, supuestamente propiedad de Jesús Méndez, conocido como El Gordo, amigo personal de Tareck El Aissami.
Las acusaciones y las cifras
Tanto los funcionarios como los empresarios investigados han sido acusados por el MP de apropiación o distracción del patrimonio público y legitimación de capitales. En su alocución, Saab no ratificó la cifra inicial de 3 mil millones de dólares, ni tampoco desmintió ni confirmó las cantidades del saqueo que han trascendido en medios de comunicación y redes sociales.
La agencia internacional de noticias Reuters sostiene que PDVSA habría acumulado 21.200 millones de dólares en cuentas por cobrar, lo cual equivale al 84% del valor total de envíos facturados – tres veces el presupuesto fiscal de este año – tras recurrir a docenas de intermediarios desde 2020 para exportar petróleo bajo régimen de sanciones.
Pdvsa ha renunciado así a su rol de exclusividad en la venta del petróleo, entregando esta potestad a terceros, la mayoría empresas de fachada de empresarios afines al chavismo sin ninguna experticia en el ramo petrolero que se aprovecharon de la “improvisación”, el desorden y el secretismo que proporciona la Ley Antibloqueo promulgada el 12 de octubre de 2020, especialmente a través de los artículos 36, 37 y 38.
Según cifras aportadas por el portal ArmandoInfo el hueco en las finanzas de PDVSA sería de mas de 8 mil millones de dólares, producto de las deudas de estas empresas, acumuladas desde hace casi cuatro años.
Modus operandi
La venta de crudo se realiza a través de la modalidad denominada “de compensación” que simplemente es un trueque de petróleo por alimentos o por la construcción de obras públicas, entre otras necesidades del Estado. Las transacciones contemplan descuentos de hasta un 40%, aduciendo los riesgos por las sanciones.
En algunos casos la operación se concreta con pagos adelantados en los que el comprador puede inspeccionar el producto, de acuerdo a lo cual se negocian precios y comisiones.
En medio de la falta de controles y opacidad, y con la finalidad de evadir las sanciones, expertos señalan que es una práctica común que los buques cargados de petróleo venezolano – casi siempre tanqueros alquilados ya que los de PDV Marina están inoperativos o no se atreven a salir por temor a embargos por deudas de la petrolera – y cuyos sistemas de rastreo o AIS han sido desconectados, traspasan la carga (lightering) en alta mar a los traders internacionales que luego la revenden a petroleras de países como China o India, entre otros.
Lo más complicado de estas transacciones consiste en realizar los pagos sin utilizar el sistema bancario internacional y sin la garantía de las compañías de seguros y reaseguros. Cómo cobra PDVSA y cómo obtienen los pagos los operadores que corren el riesgo, tanto en la compra y venta del petróleo como en las transacciones financieras?
La detención de Joselitt Ramírez Camacho, director de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) confirmaría el uso de criptomonedas en las transacciones financieras de PDVSA.
Clanes de corrupción: Jefes e integrantes
La destrucción de la Pdvsa roja rojita, secuestrada por la cleptocracia y la kakistocracia de Miraflores, se pone en evidencia nuevamente con la venta del petróleo a través de mecanismos de absoluta opacidad donde, con un predominio de lo ilegal, y con incumplimiento absoluto de los estándares que caracterizaron siempre en el pasado a la petrolera como una empresa ejemplar. Los clanes se repartieron lo que quedaba de la torta petrolera.
La oficina del teniente coronel Pérez Suárez debe tener el registro de las órdenes recibidas desde los distintos factores de la élite madurista solicitando su cuota de crudo que despachó Pdvsa sin ningún control ni transparencia.
Desde Miraflores, Maduro seguramente recomendó a Alex Saab y Alvaro Pulido para recibir petróleo en compensación por alimentos, entre otras actividades ilícitas.
Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores y ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, involucrado en los negocios ilícitos con el diferencial cambiario, también ha tenido su cuota de petróleo a través de su operador Ramón Carretero Napolitano. Por su parte, los hijos de Cilia Flores no se quedan atrás. Estarían operando con Francisco Convit y Nicolás Caleya.
La vicepresidenta y ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, tiene como una de sus cuotas a Jorge Giménez, presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela, señalado en una investigación periodística de 2022 de ser el jefe, junto a Alejandro José Arroyo Pérez y Gilber Renee Mejias, de Ensa Energía AG y Logística y Alimentos El Mazo C.A., empresas que manejarían la estructura de intercambio de petróleo por alimentos de PDVSA que provee a los CLAP luego de la detención, en 2020, de Alex Saab. Giménez opera en el negocio petrolero con su socio Antonio González y sus hermanos. Igualmente, son públicas y notorias las relaciones de Delcy con los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, quienes han tenido múltiples negocios con el Estado y ahora también venden petróleo. Hay dudas sobre el pago de sus facturas a Pdvsa.
En cuanto al teniente coronel Antonio Pérez Suárez, acusado de ser el jefe de la trama, se le relaciona con su amigo el médico Eduardo Meneses y los hermanos Rafael y Roger Perdomo Rodríguez, contratistas con importantes obras a su cargo como la Autopista de Oriente, financiada con la venta de petróleo.
Los hermanos Bernardo y Tadeo Arosio Hobaica de ATB Constructores, empresarios del sector turístico con hoteles y posadas en Los Roques, La Tortuga y Galipán, serían cuota de Tareck El Aissami que los ha favorecido con la venta de gas a Colombia.
Maduro es el responsable
La corrupción en Pdvsa no es una novedad. En los libros Estado Delincuente (2013) y El Gran Saqueo (2015) de Carlos Tablante y Marcos Tarre, se describen las tramas, que según Tarek William Saab ya serían mas de 30, en lo que el funcionario identifica como una “corrupción sistémica”. A confesión de partes, relevo de pruebas.
Esto fue lo que los autores le preguntaron en el libro Estado Delincuente (pág. 187) a Asdrúbal Chávez, quien controlaba el comercio y los suministros de la petrolera para el momento:
“Quiénes son los traders u operadores de estas transacciones? ¿Quiénes son los clientes? ¿Cuánto y cómo pagan? ¿A qué precios? ¿Cuáles son los detalles de las transacciones con Cuba y China? En el caso de Cuba, se le vendía el petróleo y pagaban con asesorías y trabajo social. Sin embargo, luego, en una triangulación, Cuba vendía el crudo a terceros. ¿Se manejan comisiones? ¿Quiénes las recibían?”
No había bloqueo pero ya estas preguntas eran mas que pertinentes hace diez años. Ahora con más razón, cuando definitivamente la cleptocracia se ha adueñado de PDVSA. Prueba de ello es lo que ha pasado con sus últimos presidentes: Rafael Ramírez, con orden de captura. Nelson Martínez murió en la cárcel. Eulogio del Pino lleva seis años preso. Manuel Quevedo, el mismo que en 2017 ordenó una auditoría que dejó un saldo de 65 gerentes detenidos por la venta ilegal de hidrocarburos, se encuentra sancionado por corrupción por EEUU y Canadá. Tareck El Aissami, en el ojo del huracán en medio de un nuevo escándalo de corrupción y Asdrúbal Chávez, pasa agachado a pesar del poder y la responsabilidad que durante años ha tenido en Pdvsa.
En un país donde un autócrata ha destruido las instituciones democráticas, todo el poder lo controla el y por lo tanto, el que tiene mas poder, tiene mayor responsabilidad en el gran saqueo que ha sufrido Venezuela y en especial Pdvsa.
En un país con Estado de Derecho y Democracia, el presidente como jefe de la Hacienda Pública debería tener reportes diarios de cuántos barriles de petróleo se están produciendo, a quiénes se venden y a qué precios. Del mismo modo, la vicepresidenta y ministra de Finanzas, tendría que saber cuál es la disponibilidad financiera para la ejecución del presupuesto. Por su parte, el ministro de Petróleo debería disponer también de una información detallada sobre el funcionamiento de Pdvsa, adscrita a su despacho. El deber del presidente de Pdvsa, que hasta diciembre fue Asdrúbal Chávez y ahora es Pedro Tellechea, es estar informado sobre todas las actividades que se realizan bajo las estrictas normas de seguridad que deben cumplirse para lograr un funcionamiento eficiente de la petrolera de acuerdo a los estándares internacionales. Es bueno recordar que en la antigua Pdvsa, la Contraloría General de la Nación tenía una oficina en la sede principal de la petrolera.
Por último, si se han cometido gravísimos delitos contra el patrimonio de Pdvsa, como es evidente, el principal responsable y quien debe dar explicaciones al país, es el autócrata Nicolás Maduro.
