EL VENEZOLANO COLOMBIA | EL TIEMPO
La administración de Joe Biden prepara un conjunto de acuerdos y medidas que endurecerán de manera significativa el «filtro» que hoy usa para frenar la migración a través de su frontera sur de Estados Unidos y que podría afectar a miles de colombianos que buscan un mejor futuro en este país del norte.
Por un lado, y según diversas fuentes, el presidente demócrata está negociando un nuevo pacto con México que, por primera vez, le permitiría realizar deportaciones masivas a esta nación de ciudadanos no mexicanos.
Paralelamente, el Departamento para la Seguridad Interna (DHS) prepara un conjunto de normas -que anunciaría la semana entrante- bajo las cuáles penalizará a los solicitantes de asilo que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos o que no hayan pedido esa protección en los países por los que pasaron antes de llegar a suelo estadounidense.
De acuerdo con las fuentes, tanto el ingreso ilegal, como el no haber aplicado a una protección en los países de tránsito, constituirán una «presunción en contra a la elegibilidad» para obtener un asilo.
Las deportaciones se harían a través de la figura de la «remoción acelerada» (o expedite removal) que actualmente contempla el Título 8 de la ley estadounidense. Las personas que sean arrestadas y se les niegue el asilo por haber violado estas normas, quedarían vetadas como mínimo 5 o 10 años para poder intentarlo nuevamente.
En otras palabras, el único camino para llegar a Estados Unidos -al menos por las vías del asilo– sería a través de una aplicación desde su nación de origen o desde otro de los países de tránsito.
En su conjunto, ambas iniciativas le cerrarían la puerta a cientos de miles de personas que hoy día llegan a la frontera de Estados Unidos pidiendo amparo y luego terminan quedándose en el país mientras avanzan sus solicitudes ante las cortes.
El acuerdo para realizar deportaciones masivas con México aún no ha sido finiquitado y no se sabe lo que esté país podría estar pidiendo a cambio. Lo más probable, según los entendidos, son más visas para trabajadores temporales de su país y ayuda financiera para poder retornar a los deportados hacia sus países de origen.
Según declaraciones a The Washington Post de Doris Meisnner, la funcionaria encargada de temas migratorios durante la administración de Bill Clinton, no hay precedente de deportaciones masivas de ciudadanos no mexicanos hacia México y esto sería algo que cambiaría la actual situación de «manera radical».
De acuerdo con funcionarios de la administración, las nuevas movidas son en respuesta a la actual crisis migratoria en la frontera sur. El año pasado se batieron todos los récord previos de arrestos (2.4 millones).
Un buen porcentaje de ellos son personas que están llegando de países distantes (como Colombia) o de naciones con las que Estados Unidos no tiene buenas relaciones (Cuba, Nicaragua y Venezuela) lo cual hace difícil su deportación o que sea muy costosa.
Así mismo, una buena parte de las expulsiones se venían realizando a través del llamado Título 42, de la era Trump, que permite expulsar a personas sin trámite migratorio alegando una emergencia en salud.
Dado que el título 42 eventualmente llegará a su fin, pues Estados Unidos ya decretó el fin de la emergencia por la pandemia del coronavirus, este conjunto de medidas y acuerdos serían, en la práctica, su reemplazo.
Además, afirman funcionarios de la administración, corrige una falla de origen en la medida de Trump pues está no contemplaba sanción alguna para los infractores y contribuía a que siguieran intentando ingresar a Estados Unidos de manera ilegal de manera repetida.
En todo caso, las medidas tendrían un fuerte impacto en el flujo de los migrantes y afectarán directamente a los colombianos cuyo periplo hacia suelo estadounidense se ha disparado en años recientes. De menos de 2.800 arrestados en el 2020 a más de 130.000 el año pasado.
Solo en lo que va del año fiscal 2023 ya han sido apresados más de 33.000. En promedio unos 15.000 mensuales desde marzo del año pasado.
Si bien una fracción de ellos (1.500 al mes) son devueltos directamente a Colombia gracias a un acuerdo entre ambos países bajo el título 42, actualmente la mayoría de ellos terminan quedándose en Estados Unidos, bien sea en un centro de detención o liberados bajo fianza mientras se adelante el proceso.
Bajo las nuevas normas, y si se da el acuerdo con México, todos serían deportados de manera «exprés» a este país pues habrían cometido una infracción al no solicitar asilo en los países de tránsito o por haber ingresado ilegalmente así luego hayan solicitado protección.
Y eso, según, fuentes consultadas por este diario, se aplicaría de manera retroactiva: Es decir que podrían ser deportados masivamente todos los que actualmente se encuentren en centros de detención.
Si bien el plan de Biden es visto como de mano dura y con seguridad será atacado por los grupos que defienden los derechos de los migrantes, también incluye un componente propositivo que busca estimular la inmigración legal.
Se especula, por ejemplo, que el presidente busca expandir los cupos que hoy existen para solicitantes de asilo y otros programas como el «parole» por razones humanitarias que se otorgó a ucranianos y que se acaba de expandir para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Bajo el «parole», un ciudadano de estas naciones que se encuentre fuera de Estados Unidos puede aplicar para un permiso de dos años siempre y cuando tenga a un patrocinador que lo ampare en Estados Unidos. En el caso de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, el cupo es de 30.000 personas mensuales.
«Lo que estamos tratando de mostrar con esto es que queremos ampliar vías legales para llegar a Estados Unidos pero vamos a castigar las ilegales. Lo que queremos es desestimular ese tránsito ilegal para llegar a la frontera que es muy peligroso y genera tantos problemas», le dijo a este diario una fuente de la administración.
El gobierno colombiano está intentando que a los connacionales se les ofrezca algo similar al «parole» de estos cinco países. Pero pretende, a su vez, que se les otorgue un DED, o Salida Forzosa Diferida, a colombianos que ya están en Estados Unidos, pero de manera ilegal.
Algo que no se ve fácil dado el contexto político en Washington. De hecho, este endurecimiento de Biden se explica mejor en el contexto de sus aspiraciones electorales pues se presume que buscará la reelección en el 2024 y que cualquier signo de debilidad en temas migratorios será explotado por sus rivales republicanos.
