EL VENEZOLANO COLOMBIA | AP NEWS
Desde que hace dos meses empezó a laborar los fines de semana en calidad de voluntario en una clínica de uno de los albergues más grandes de esta ciudad fronteriza mexicana, el doctor Brian Elmore ha atendido a unos 100 migrantes por virus respiratorios y un puñado de emergencias más serias.
Pero lo que más le preocupa es un problema que no ha logrado atender: Los traumas cada vez más graves que tantos migrantes llevan consigo después de las largas travesías hacia el norte que con frecuencia incluyen ser testigos de homicidios y víctimas de secuestros y agresión sexual.
“La mayoría de nuestros pacientes tienen síntomas de trastorno por estrés postraumático. Quiero iniciar una revisión para cada paciente”, dijo Elmore, médico de emergencias en la Clínica Hope. Fue abierta hace unos meses por el organismo católico no lucrativo Hope Border Institute (Instituto Fronterizo Esperanza), con ayuda del obispo Mark Seitz de El Paso, Texas, limítrofe con Ciudad Juárez.
Médicos, trabajadores sociales, directores de albergues, el clero y la policía dicen que crecientes números de migrantes sufren violencia que equivale a tortura y están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos con una urgente necesidad de tratamiento médico y de salud mental debido a traumas.
Pero los recursos para esta atención tan especializada son tan reducidos, y la red de albergues está tan abrumada por las nuevas llegadas y por migrantes que llevan meses estancados debido a las restricciones de Estados Unidos al asilo, que sólo se pueden atender los casos más graves.
“Como una embarazada de 13 años que huyó de violaciones en grupo y, por lo tanto necesita ayuda con el cuidado infantil y la secundaria”, dijo Zury Reyes Borrero, encargada de atención a casos en el Centro para Víctimas de Tortura en Arizona, que visitó a la niña cuando dio a luz. “Recibimos a las personas en su momento más vulnerable. Algunas ni siquiera caen en la cuenta de que están en Estados Unidos”.
En los últimos seis meses, Reyes Borrero y un colega han ayudado a unos 100 migrantes en Casa Alitas de los Servicios Comunitarios Católicos, un albergue en Tucson, Arizona, que para diciembre recibía a diario a unas 700 personas liberadas por las autoridades estadounidenses provenientes de países tan distintos como la República Democrática del Congo y México.
Cada visita puede demorar horas, ya que los trabajadores de casos intentan establecer buena relación con los migrantes, enfocándose en fortalecerlos, dijo Reyes Borrero.
“Esta no es una comunidad en la que haya conversaciones apacibles… Ellos podrían no tener ningún recuerdo (de estar en un lugar) seguro”, dijo Sarah Howell, quien dirige un consultorio y un organismo no lucrativo en Houston que atiende a migrantes que sobrevivieron a torturas.
Cuando visita a pacientes en sus nuevas comunidades en Texas, constantemente le presentan a parientes o vecinos que también necesitan ayuda debido a traumas severos, pero que carecen de la estabilidad y la seguridad necesarias para sanar.
“El nivel estimado de necesidad es al menos cinco veces mayor del que nosotros apoyamos”, dijo Leonce Byimana, director de servicios clínicos de Estados Unidos en el Centro para Víctimas de Tortura, que opera clínicas en Arizona, Georgia y Minnesota.
La mayoría de los migrantes están traumatizados por lo que dejaron atrás, así como por aquello que encontraron en el camino, dijo Byimana. Necesitan “primeros auxilios en salud mental”, al igual que atención a largo plazo, que es incluso más difícil de organizar una vez que se alejan de los albergues en las zonas fronterizas hacia comunidades por todo el país, agregó.
Si no se atienden, esos traumas pueden aumentar al grado de necesitar atención psiquiátrica en lugar de terapia y autoayuda, dijo Dylan Corbett, director ejecutivo del Instituto Fronterizo Esperanza.
El Servicio Jesuita a Refugiados/Estados Unidos, la sucursal estadounidense de la agencia mundial católica para los refugiados, indicó que planea incrementar los recursos para salud mental en las próximas semanas en El Paso, en donde han aumentado los cruces de migrantes, dijo su directora, Joan Rosenhauer.
A lo largo de toda la frontera, la tendencia más impactante ha sido el aumento de mujeres y niñas embarazadas, algunas menores de 15 años, que son víctimas de acoso y violencia doméstica.
Los voluntarios y activistas están topándose con tantas de estas sobrevivientes que han tenido que enfocar sus escasos recursos jurídicos, médicos y de albergues para ayudarlas, dejando a cientos de otras víctimas de violencia política y crimen organizado a que se las arreglen como puedan.
Los proveedores de servicios y migrantes dicen que el lugar más peligroso en los recorridos saturados de riesgos a cada paso es “la selva”: El Darién, una región sin carreteras que separa a Colombia de Panamá, por la que cruzan a pie cada vez más venezolanos, cubanos y haitianos, que primero llegaron a Sudamérica y ahora intentan llevar una vida más segura en Estados Unidos.
A los riesgos naturales como serpientes venenosas y ríos se le suman los de un área plagada de bandidos que acosan a los migrantes. Meses después de haber huido de Cuba, Loreta Salgado cruzó el Darién.
“Vimos muchos muertos, vimos personas que les robaron, vimos a personas que violaron. Los vimos”, repetía con voz entrecortada en un albergue para migrantes en El Paso, pocos días antes de la Navidad.
Al preguntarles sobre la selva, algunas mujeres sólo contuvieron la respiración, y posteriormente revelaron que salvaron a sus hijas al alejarlas a toda velocidad y ser violadas ellas mismas, o tuvieron que soportar relaciones tensas con sus parejas luego de que éstas fueron obligadas a ver la violación, dijo Howell.
“No creo que sea la primera violación que han experimentado muchas de las mujeres con las que he hablado. Pero es la más violenta y la más vergonzosa, porque fue frente a otras personas”, agregó Howell.
En muchos casos, las evaluaciones forenses en clínicas fronterizas que documentan el abuso mental y físico también son cruciales para los casos de asilo de los migrantes, porque con frecuencia no hay otras pruebas disponibles para los procedimientos judiciales, dijo Byimana. El asilo se otorga a quienes no pueden regresar a sus países por temor a ser perseguidos bajo bases específicas, que en ocasiones incluyen niveles sistemáticos muy altos de violencia contra mujeres.
Pero la resolución de los casos de asilo se demora años en las cortes migratorias de Estados Unidos, y actualmente hay un retraso de más de 1,5 millones de personas, según el Centro de Información de Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse. Y eso aunado a las restricciones aún vigentes de la época de la pandemia que permiten que las autoridades rechacen o deporten a la mayoría de los solicitantes de asilo.
Una larga espera para una resolución, luego de un largo viaje a través de varios países, puede intensificar el trauma que los migrantes experimentan, dicen los defensores.
“Hay una tensión y miedo distintos en los rostros de lo que he visto antes”, dijo Howell, quien durante 15 años ha investigado los traumas y la migración forzada. “No saben cómo dejar de correr”.
