EL VENEZOLANO COLOMBIA | DW
En los últimos cuatro meses, los intentos del régimen de Nicolás Maduro de transmitirle al mundo la idea de que en Venezuela la vida se ha normalizado, se han visto desmentidos con las imágenes de miles de trabajadores activos, jubilados y pensionados venezolanos protestando de manera pacífica en las calles de las principales ciudades del país, reclamando al Gobierno el respeto a sus derechos laborales.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante el primer semestre de este año se produjeron en Venezuela 3.892 protestas, de las cuales, el 42 por ciento correspondieron a reclamos relacionados con derechos laborales. Dentro de este grupo de protestas, la principal demanda de los trabajadores activos y jubilados fue la de contar con un salario digno y suficiente que les permita cubrir sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar.
Salario mínimo insuficiente
El último aumento del salario mínimo en Venezuela fue decretado por el Gobierno nacional el pasado mes de marzo de 2022, ubicándolo en 30 dólares, siendo, por mucho, el más bajo de Latinoamérica. Para ese momento, ese monto solo alcanzaba a cubrir el 8 por ciento del costo de la canasta alimentaria, la cual se ubicaba en 370 dólares. Hoy en día, cuatro meses después, la inflación ha hecho retroceder el salario mínimo venezolano a 21,38 dólares (0,7 dólares por día), mientras que la canasta alimentaria ha aumentado a 392 dólares, con lo cual el salario mínimo apenas alcanza para adquirir el 5,5 por ciento de la canasta alimentaria, de acuerdo con las cifras del Observatorio de Finanzas de Venezuela (OVF).
Según Pablo Zambrano, Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (FETRASALUD), el detonante de las actuales protestas laborales tiene como antecedente la política de “aplanamiento salarial” que, desde el 2018, el Ejecutivo Nacional ha adelantado a través de instructivos emanados de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), con el objeto de regular los tabuladores salariales de los empleados públicos. Estos instructivos violan de manera flagrante la Constitución, las normas laborales y los acuerdos de las convenciones colectivas vigentes en el país.
“Tablas salariales del hambre”
En efecto, según el dirigente sindical Zambrano, el último instructivo de la ONAPRE, dictado en marzo de este año, modificó de manera unilateral y arbitraria “los criterios para el cálculo del último incremento salarial y redujo sustancialmente los beneficios salariales conquistados por los trabajadores venezolanos”.
Esas “tablas salariales del hambre” pulverizan el ya exiguo salario del trabajador en Venezuela y desconocen o disminuyen de manera sustancial bonificaciones salariales como los pagos de primas por titularidad, por antigüedad, por responsabilidad, por profesionalización, por conceptos de uniforme y por hijos con discapacidad, entre otras.
Sector educativo y de salud, muy afectados
Esta política salarial del Gobierno nacional afecta sobre todo a los trabajadores de los sectores de la salud y de la educación pública venezolana, y repercute de manera muy negativa sobre la ya menguada calidad de estos servicios esenciales para el país.
Para la laboralista María Bernardoni de Govea, exministra del Trabajo y profesora del Derecho del Trabajo, la actual conflictividad laboral hunde sus raíces en el giro radical que a partir de 1999 el “Socialismo del Siglo XXI” dio al sistema de relaciones laborales en Venezuela.
Sin diálogo social ni consulta tripartita
Los efectos de este giro radical fueron muy bien recogidos en el Informe que sobre Venezuela elaboró la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2019. Ese informe describe cómo “durante casi veinte años, el Gobierno (venezolano) ha llevado adelante su programa político, sin asegurar el respeto de la libertad sindical, incluida la autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, del dialogo social y de la consulta tripartita”.
Advierte la profesora Bernardoni que “durante el gobierno de Rafael Caldera, antes de la llegada de Chávez a la presidencia de Venezuela, se logró reformar en 1997 la Ley Orgánica del Trabajo de forma consensuada, a través de un pacto social entre trabajadores, patronos y el gobierno nacional. En esa ley se institucionalizó la instancia de la Comisión Tripartita Nacional.
De acuerdo con esta ley, el Gobierno nacional no tenía la posibilidad de fijar unilateralmente el salario mínimo hasta que no se verificase que la instancia tripartita hubiera sido incapaz de acordar la fijación del salario mínimo”. A partir de 1999, con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, el ya referido Informe de la Comisión de Encuesta de la OIT (2019) señala que “se dejaron de utilizar y después se eliminaron los órganos que se habían creado para estructurar el diálogo y la consulta relativos a la fijación del salario mínimo y a la discusión de cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo, y no se creó ningún órgano tripartito permanente para reemplazarlos”.
A lo largo de su mandato, Hugo Chávez cuestionó la representatividad y legitimidad de las organizaciones sindicales y gremiales históricas del país (CTV y FEDECAMARAS), así como al modelo de relaciones corporativistas entre organizaciones de empleadores y trabajadores respecto del Estado.
Amplia facultad normativa del Ejecutivo Nacional
En el año 2012, Chávez dictó el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT), que derogó la anterior ley y estableció el nuevo régimen laboral venezolano.
Este modelo laboral chavista se caracteriza, de acuerdo con Bernardoni, por “la preeminencia del Estado y sus intereses sobre los de patronos y trabajadores, así como por la injerencia en la vida de las organizaciones que estos conforman. El decreto ley le otorgó al Ejecutivo Nacional una amplia facultad normativa en materia laboral, dispuso un trato privilegiado al patrono/Estado, acrecentó la injerencia del Estado en la vida de los sindicatos, y derogó las conquistas logradas en materia de diálogo y concertación social, entre ellas, la existencia de la Comisión Tripartita Nacional”, dice la profesora.
Por ello, concluye Bernardoni, “la puesta en práctica de este modelo de relaciones laborales ha contribuido en mucho al clima de conflictividad laboral que estamos experimentando actualmente en el país. El funcionamiento permanente de una instancia como la Comisión Nacional Tripartita hubiera impedido que las condiciones salariales de los venezolanos se hubieran deteriorado al nivel que estamos viendo hoy en día”.
Inexistencia de un verdadero sistema de seguridad social
A pesar de que la Constitución venezolana de 1999 prescribe en su artículo 86 el deber del Estado de asegurarle al ciudadano la cobertura de un sistema de seguridad social que le garantice la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, la realidad es que el venezolano en estos aspectos está prácticamente desamparado.
Ramón Cardozo
El abogado Luis Eduardo Diaz, investigador especialista en seguridad social y profesor de la Universidad Rafael Urdaneta (URU), sostiene que, en Venezuela, realmente no existe un sistema de seguridad social: “Lo que existe es una estructura burocrática llamada Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que administra unos centros de salud colapsados y un sistema de pensiones ínfimas, todas ellas homologadas a un menguado salario mínimo. Existe también una legislación de Seguridad Social completamente ineficaz, que no ha sido desarrollada en las últimas décadas y que no es útil para nadie. Sobreviven apenas algunas instituciones nacidas al amparo de esa ley, que son organismos burocráticos que no tienen ninguna función social, pues no prestan un buen servicio, no tienen transparencia interna en sus resultados, en sus procesos y mucho menos en el servicio a los usuarios”.
Pensiones de vejez ínfimas
El monto de las pensiones en Venezuela no garantiza la subsistencia del beneficiario, pues está ligado al insuficiente salario mínimo ya descrito. Según el reportaje “La promesa rota: El colapso de la Seguridad Social en Venezuela”, del portal venezolano PRODAVINCI, “la pensión de vejez en Venezuela perdió el 99,7 por ciento de su valor en los últimos 20 años. Un profesor que se retiró en septiembre de 2020 aportó más de 16 mil dólares al sistema de pensiones durante 20 años. Al valor actual de las pensiones, el sistema le devolverá 281,43 dólares por los próximos 25 años. El profesor tendría que vivir 1.459 años para que le retribuyeran lo que aportó”.
El profesor Diaz advierte además que no ve que el régimen de Maduro tenga intenciones de desarrollar en el futuro cercano un verdadero sistema de seguridad social: “Para sus fines políticos, el Gobierno nacional mantiene de forma paralela las misiones sociales, las cajas de alimentos y el Carnet de la Patria, que más que políticas de seguridad social vienen a ser instrumentos de política clientelar y de control social”.
Es comprensible entonces que, en medio de este drama social, los trabajadores venezolanos hayan tomado las calles para reivindicar su derecho a un salario justo y a una seguridad social que les permitan a ellos a y sus familias disfrutar de una vida digna. Se trata de una lamentable realidad, muy distinta a la “normalización” que Maduro procura proyectar.(ms)
